Todos los deberes del futuro presidente del fútbol español

Salvo sorpresa mayúscula será a las 23.59 horas de esta noche cuando Pedro Rocha se convierta de facto en el próximo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) transitoriamente hasta el nuevo proceso electoral de finales de año a todos los órganos de gobierno de la RFEF. El presidente de la Gestora federativa desde la dimisión de Luis Rubiales el 20 de septiembre del año pasado y hasta hace escasos días, el 3 de abril, presentará los avales necesarios para optar a la presidencia. Y, salvo sorpresa, será el único que lo haga. De modo que, a falta de recursos de última hora, pasará a ser el nuevo presidente a falta de ser ratificado el próximo 6 de mayo por la Asamblea.

Muchos son los deberes que tiene el futuro inquilino de la presidencia federativa, ya sea Pedro Rocha o si otro asume el control federativo. Algunos como consecuencia del anterior gestor, Luis Rubiales. Empezando por su comparecencia mañana viernes mismo como testigo en la operación Brody en los juzgados de Majadahonda. Y luego está la denuncia que tiene presentada contra su persona el presidente de CENAFE, Miguel Galán, por sus meses al frente de la Comisión Gestora.

Convenio arbitral

Pero litigios al margen, el futuro presidente tiene muchos «deberes» y cuestiones encima de la mesa. Empezando por el sueldo de los árbitros. El 30 de junio del pasado año expiró el acuerdo vigente entre la RFEF y LaLiga que ha regulado el salario del colectivo arbitral hasta final de la temporada pasada 2022-2023. De hecho los árbitros, asistentes, VAR y AVAR están cobrando bajo los mismos parámetros en esta campaña 2023-2024 las mismas cantidades que venían percibiendo hasta ahora.

La patronal aboga por una reducción de los emolumentos que ha venido percibiendo hasta ahora el estamento arbitral. La RFEF defiende como mínimo mantener el estatus que tenían y que mantienen esta campaña, aún no estando renovado.

Debemos recordar que el sueldo de un colegiado de Primera división ronda actualmente los 300.000 euros anuales, por unos 140.000 euros en caso de Segunda. Los colegiados de la máxima categoría perciben una cantidad bruta en torno a los 120.000 euros repartidas en diez pagas. A eso hay que sumar la cantidad que ingresan por partido. En el caso de un colegiado de Primera es en torno a los 4.500 euros; por unos 2.000 en Segunda. Su actuación como VAR está en torno a los 2.200 euros en Primera y mil en Segunda.

En el concepto de honorarios arbitrales (árbitros, asistentes y cuarto árbitro) el convenio ya finalizado partió en la temporada 2018-2019 de unos 15.342.729 millones de euros con la consiguiente subida del IPC anual. A esta partida se suma los árbitros del cuerpo específico de VAR que perciben un sueldo en torno a los 150.000 euros. Esta temporada los árbitros están pitando bajo esta situación, veremos qué sucede en el futuro si este escenario no cambia. Y aquí tiene mucho que decir el próximo presidente de la RFEF.

Convenio LaLiga-RFEF

Otra asignatura es el convenio de coordinación que mantienen estos mismos organismos. Un convenio firmado en agosto de 2019, con una vigencia de cuatro temporadas, y que finaliza el próximo 30 de junio. Convenio donde deben además renegociarse todas las cantidades que la patronal abona a la RFEF. Y no es un tema baladí porque la patronal aporta mucho dinero al estamento federativo. Especialmente el que se destina al fútbol base. Un convenio donde queda recogido además el reparto de competencias de ambos organismos (fijación del calendario, horarios, fechas de la final de Copa y Supercopa de España, etc.). Sólo en fútbol base aporta LaLiga cerca de 10 millones de euros anuales o casi cinco para los clubes de la Primera RFEF que participan en la Copa del Rey. Los próximos meses también van a ser claves para fijar todos estos conceptos.

El fútbol femenino

Y el tercer asunto que deberá afrontar de manera inmediata es firmar el primer convenio entre la RFEF y la Liga Profesional femenina (Liga F). Convenio inexistente hasta ahora como consecuencia del estado de guerra que mantenía el expresidente Luis Rubiales con el fútbol femenino profesional.

Un acuerdo, además, que es capital para la supervivencia económica de los 16 equipos de la máxima categoría como consecuencia del dictamen emitido en julio del año pasado por el anterior Secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos y como consecuencia de la ausencia de este convenio entre el estamento federativo y la competición profesional femenina. Un dictamen que obliga a la Liga F a entregar el 20% de sus ingresos comerciales a la RFEF y además establece que cualquier acuerdo futuro comercial de la patronal femenina requiere una autorización del estamento federativo.

Y luego está el conflicto por el recibo arbitral también derivado de la ausencia de este convenio. La RFEF y CSD llegaron a un acuerdo para frenar la huelga arbitral por sus salarios en septiembre del 2022 y acordaron que el sueldo arbitral por partido en la competición femenina fuera de 4.050 euros (1.066 euros por partido para la colegiada, 1.006 para la asistente y 250 para la cuarta árbitra). Sin embargo durante toda la temporada pasada estuvieron recibiendo los clubes un recibo arbitral de 14.646 euros que el CSD también ratificó en junio del 2023 y que para esta temporada 2023-2024 ha ascendido hasta 15.411 euros. En términos globales implica que cada club debe abonar 231.165 euros en concepto de árbitros a la RFEF por temporada.

Mundial 2030

A todas estas cuestiones que no son baladí, se suma el Mundial 2030. Una vez que FIFA parece haber optado por confiar en la gestión federativa y que no está en entredicho la candidatura de España, lo que sí debe negociarse en los próximos meses es el reparto de sedes con Portugal y Marruecos. Especialmente la sede que acogerá la gran final. Inicialmente todo hacía pensar que sería el Santiago Bernabéu de Madrid el lugar elegido para este gran encuentro. Pero Marruecos apuesta fuerte por el proyecto del Estadio de África en Casablanca con más de 113.000 espectadores. Una cuestión que debe quedar resuelta como muy tarde después del verano antes de que FIFA designe definitivamente esta cita del 2030 en el segundo cuatrimestre del año.

Será en este mismo período, en torno a noviembre, cuando el futuro e inminente presidente de la RFEF deberá convocar elecciones a todos los órganos de gobierno: Comisión Delegada, Asamblea y Presidencia. Durante todo este tiempo será quien represente al fútbol español en la Eurocopa de este verano en Alemania y después en los Juegos Olímpicos de París.