El Gobierno apura la agenda económica con la Ley audiovisual y de 'telecos' antes del verano

El Gobierno acelera su agenda legislativa económica para llegar con los deberes antes de que comience el verano y poder dar cuenta de avances en estas materias, que contrarresten la disputa política que se ha empantanado las últimas semanas con las escuchas del CNI o la polémica Ley del aborto. En este sentido, el Ministerio de Asuntos Económicos de la vicepresidenta Nadia Calviño lleva varios días apurando los plazos en el Congreso para aprobar las leyes que todavía están en tramitación, según ha confirmado THE OBJECTIVE.

Los plazos del Ejecutivo indican que la Ley General de las Telecomunicaciones entrará en vigor en junio y que la Ley General Audiovisual hará lo propio en julio. Estos dos cuerpos legales se sumarían a la Ley de 5G que fue convalidada el pasado 28 de abril, dando por cerrada prácticamente toda la agenda económica del Gobierno y del ministerio de Asuntos Económicos, una de las prioridades del Ejecutivo tras varias semanas enfangados en la lucha política.

La guinda al pastel será la aprobación en el Consejo de Ministros en las próximas semanas a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica -conocidos como Perte- sobre economía social de los cuidados y sobre los microchips y los semiconductores. Tal y como anunció este diario, la validación del Perte Chip es solo cuestión de días.

Ley de Telecomunicaciones

En el caso de la Ley General de Telecomunicaciones, el objetivo es que este cuerpo legal entre en vigor durante el mes de junio, lo que supone un trámite exprés en el Senado, que es donde se encuentra en estos momentos. El pasado 28 de abril se envió al Senado este cuerpo legal casi sin cambios, por lo que esta semana se votará en la Cámara Alta sus enmiendas. Lo harán en su comisión correspondiente para ir al pleno en breve. Solo hay 20 días para realizar este trámite, tras el cual volvería al Congreso para su promulgación, un proceso que como mucho podría tardar tres semanas.

En esta nueva ley se eliminan además ciertos elementos como las cabinas y las guías telefónicas. También se incluye que las velocidades de acceso garanticen la prestación de modo funcional de determinados servicios digitales esenciales como correo electrónico, noticias en línea o banca por internet. Asimismo, para garantizar la asequibilidad y al mismo tiempo la capacidad de elección del usuario, todos los operadores podrán prestar el servicio universal.

También establece una nueva definición de operador de telecomunicaciones que incluye tres tipos. Los primeros son los operadores que prestan servicios de acceso a internet (ISP), entre los que se encuentran las telecos tradicionales, luego incluyen las comunicaciones interpersonales -mediante el uso de numeración y sin numeración (comunicaciones digitales)- y los que prestan servicios de redes.

Ley Audiovisual

El proyecto será una transposición de la directiva europea del sector, pero además delimitará los nuevos servicios mínimos, facilitará los despliegues de infraestructuras y planteará las líneas maestras del plan para que la conectividad de fibra óptica llegue al 100%.

En el caso de la Ley General Audiovisual, el director general de Telecomunicaciones, Arturo Azcorra, indicó este martes que está previsto también que se celebre esta semana su ponencia en el Congreso. Las ponencias son a puerta cerrada, y de ahí se convoca la comisión correspondiente para votar enmiendas que se podría hacer en pocos días para ir al pleno rápidamente. Si se cumplen estos plazos, sólo necesitaría un mes en el Senado para ser aprobada definitivamente.

No se esperan grandes trabas en lo que queda de trámite a la Ley, tras el acuerdo del Gobierno con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Precisamente el PNV anunció este lunes un acuerdo con el Gobierno para aprobar el proyecto de Ley Audiovisual que “garantiza el autogobierno” del País Vasco en materia audiovisual, “elimina toda injerencia en EITB” e “incorpora relevantes mejoras en materia lingüística en favor del euskera”.

Ley de 5G

Una propuesta que también habría aceptado ERC, según informó este diario. Una marcha atrás de los republicanos en tanto en cuanto renuncia a imponer un 6% de cuota de producción en catalán a las plataformas como Netflix, HBO y Amazon Prime y aceptó que la ley ofrezca incentivos fiscales a las plataformas audiovisuales que decidan libremente reservar una parte de su producción en lenguas cooficiales, entre las que se encuentran el catalán, vasco y gallego.

La tercera ley económica del Gobierno que ya está aprobada es la Ley de Ciberseguridad y 5G. Al tratarse de un Decreto Ley ya está en vigor desde hace semanas, lo único que hizo el Congreso a finales de abril fue convalidarla. Con esto se evitó que se realizasen enmiendas y, por tanto, se respetó totalmente el texto original publicado por el Gobierno, pese a las críticas de las operadoras de telecomunicaciones.

Esta nueva normativa incluye la creación de un listado de proveedores de «alto riesgo» que deberá conocerse de aquí a tres meses -donde estarán estos proveedores chinos- y prohíbe que las operadoras de telecomunicaciones como Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil utilicen a estos suministradores en sus redes, ya sea en infraestructura core -la más sensible- como en radio, transmisión de datos. 

Perte de microchips

Por otro lado, también se prevé la aprobación del Perte Chip. Dentro de las principales novedades que tendrá este proyecto -que contará con una inversión pública de 11.000 millones de euros y pretende potenciar y atraer inversiones en torno a la industria de los semiconductores y las tecnologías relacionadas- se encuentra la concesión de ayudas de Estado «ilimitadas» y la inclusión de recursos que van más allá de los fondos europeos Next Generation. 

Otras de las novedades del proyecto, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos, es el carácter de sus objetivos. De esta manera, la prioridad será desarrollar un ecosistema de diseño y fabricación de semiconductores basado en España, pero no solo creando microchips sino que también a partir del impulso de la I+D+i, «diseño y fabricación de tecnologías de fotónica, RISC-V y cuántica».

La información a la que ha tenido acceso este diario indica que uno de los objetivos de España es poder convertirse en un suministrador de microchips de toda la Unión Europea y con una producción de «altas prestaciones», lo que justificaría una elevada inversión no solo del Gobierno, sino también la entrada de recursos que la propia Comisión destine para la elaboración de microchips dentro de sus fronteras.