Los talleres de coches denuncian ante la UE los «abusos» de las compañías de seguros

Las patronales de los talleres de reparación de coches y otros vehículos han presentado una queja ante el Parlamento Europeo por las por ellos consideradas «malas prácticas» de las aseguradoras que, a su juicio, se traducen en «abusos» que dañan la competencia y los ingresos de estos profesionales.

Según el despacho Navas&Cusí, especializado en Derecho Comunitario, el Estado español «consiente» un marco que perjudica al negocio de reparación de coches y contraviene cuatro directivas europeas y varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE).

Según el socio director del bufete, Juan Ignacio Navas, «se pretende una solución desde Europa que, basada en el respeto al marco jurídico comunitario, termine con la desequilibrada relación actual de talleres y aseguradoras, dando origen a un marco más equitativo».

La demanda se interpone en nombre de cuatro patronales: la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (Cetraa), que representa a 25.000 empresas del sector; de la Federación Española de Empresarios de Automoción, Conepa, con 18 asociaciones de talleres en toda España; de la Federación de Asociaciones de Agentes Oficiales de la Automoción, Fagenauto, que agrupa a 1.684 pymes y más de 3.000 autónomos; y de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, Ganvam, que da empleo a 350.000 personas.

Fijación de precios unilateral

Son varias las prácticas que rechazan estas patronales. Por un lado, que se fijen los precios sin respetar el establecido por el taller y el importe a abonar por el siniestro, sin que se reconozcan las horas de trabajo que emplea el taller en la reparación de los daños, explican a THE OBJECTIVE.

Ello deriva en que el establecimiento se ve obligado a aplicar descuentos comerciales sobre el total de la factura de reparación o sobre los materiales. Estas conductas, según el despacho de abogados, vulneran el artículo 101. 1. del TFUE, que prohíbe las prácticas que impiden el juego de la competencia dentro del mercado interior, como es la fijación de los precios de compra o de venta.

Consideran también que bajo la contravención por parte del Estado de varios preceptos europeos, los peritos de las aseguradoras tienen carta blanca para tasar el tiempo y el coste de los materiales de las reparaciones en detrimento del taller. Según el artículo 8 de la Directiva 2005/29/CE, el bufete considera que se trata de una práctica desleal y agresiva, una de las razones por la que ha elevado la queja de estos profesionales al Parlamento Europeo.

Distorsión de la competencia

Además, apunta el equipo de Navas&Cusí, ello puede ocasionar una colusión tácita entre aseguradoras -acuerdo en detrimento de un tercero: los talleres- a tenor de la presión a la baja de sus precios, cosa que no ocurre en otros Estados miembros, indican.

Aducen que la fijación de precios unilateral por parte de las aseguradoras se efectúa en función de un módulo -precio de referencia con el que se compensan y liquidan los saldos entre aseguradoras- que se fija anualmente y es independiente del importe real de los daños del vehículo.

Comentan a este diario que ello hace que la aseguradora del vehículo culpable pague el módulo al mismo precio mientras la parte contraria trata de reducir el coste de la reparación frente al precio del módulo, incrementando su beneficio y perjudicando la retribución del taller. Esta práctica va contra el citado artículo 101. 1 del TFUE, que prohíbe la colusión de precios.

Peritos no independientes

La dependencia económica de los peritos, explican, es ajena a su voluntad, e impide que actúen con estricta objetividad -a juicio de los abogados- a la hora de evaluar los daños y fijar el precio por hora de la reparación. Actúan en función de una jerarquía vertical que los juristas consultados consideran un abuso de derecho en perjuicio del consumidor y del taller.

Esta práctica, según el despacho, se torna contraria al artículo 17.3 de la Directiva 2016/97/CE sobre distribución de seguros, que ordena que los Estados garanticen que los distribuidores de seguros no sean remunerados ni evalúen el rendimiento de sus empleados de un modo que entre en conflicto con su obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes.

Consumidor desprotegido

Considera el bufete que este deber no se garantiza en España en el seguro de automóviles, desprotegiendo al consumidor y vulnerando la libre competencia entre talleres, por lo que recomienda la creación de un órgano supervisor que designe a los peritos de forma independiente y ante el cual se reclamen las malas prácticas.

Por otra parte, explican los juristas de Navas&Cusí que algunas aseguradoras imponen a los talleres los proveedores de recambios o el tipo de pieza a instalar, lo cual vulnera al Directiva 2006/123/CE. Y añaden que hay compañías que comercializan pólizas que impiden a los clientes elegir libremente el taller para reparar su vehículo, restringiendo la libre competencia y la libertad de elección del consumidor, lo que vulnera la Directiva 93/13/CE sobre cláusulas abusivas en los contratos. Algunas entidades apremian al cliente para que lleve el vehículo a determinados establecimiento, contraviniendo la Directiva 2005/29/CE.