Varapalo para el MidCat: nuevos informes de expertos le dan la razón a Francia

Dos nuevos informes tumban la idea de España de acabar con la construcción del MidCat. «El actual marco regulatorio de la industria española del gas natural fomenta la sobreinversión en infraestructuras como el MidCat y no es compatible con los objetivos de la política climática de la UE a largo plazo», afirma Albert Banal-Estañol, profesor titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y autor del estudio ¿Hacia cero emisiones netas?: Regulación de la infraestructura e inversión en el sector del gas en España.

Banal-Estañol destaca en su análisis que las infraestructuras de gas españolas, «en gran medida infrautilizadas», son fruto de inversiones pasadas erróneas que acaban siendo financiadas por el consumidor. Así, advierte de que la «sobreinversión» puede volver a producirse, esta vez en nuevos activos justificados para gases renovables. También señala que que el potencial que puede ofrecer en el futuro el hidrógeno verde es «muy incierto», lo que, en su opinión, plantea más dudas sobre la necesidad de nuevas inversiones en infraestructuras de gas como el MidCat.

En este sentido, considera necesario que se mejore el equilibrio de riesgos entre los inversores privados, el Gobierno y los consumidores. «Si el riesgo va a ser asumido por el consumidor en el futuro, se deberían realizar de forma sistemática estudios económicos y medioambientales más amplios para evitar resultados desastrosos como los de El Castor», defiende, resaltando que, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para los consumidores domésticos, los peajes para el mantenimiento de instalaciones y cargos supusieron en 2021, aproximadamente, la mitad del coste de la factura.

El profesor titular del Departamento de Economía y Empresa de la UPF indica que las plantas de regasificación y los gasoductos transfronterizos se construyeron en base a las previsiones de demanda de principios de la década de 2000, en las que se predecía una tendencia creciente del gas natural. «Estas decisiones de inversión provocaron una inflación del valor de los activos regulados, que se utilizan para determinar los ingresos permitidos de los operadores, las tarifas de acceso a la infraestructura y, por lo tanto, las tarifas de los consumidores», argumenta.

«La expansión del consumo de gas nunca llegó»

Sin embargo, añade, la expansión pronosticada del consumo de gas nunca se llegó a materializar. En un momento en que la UE se compromete a la descarbonización, se está poniendo en entredicho el futuro del gas fósil y, sobre todo, de su impresionante red de infraestructuras. Las inversiones que en su día fueron respaldadas por la Comisión Europea son para Banal-Estañol un «importante obstáculo político en el camino de cero emisiones netas». «Las plantas de GNL y las instalaciones de almacenamiento de gas, por ejemplo, corren el riesgo de quedar varadas a largo plazo», avisa.

Por otro lado, el estudio Capacidad y remuneración aún excesivas en el sector del gas español, elaborado por la analista de energía del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) Ana Maria Jaller-Makarewicz, subraya que Enagás -operador del sistema gasista- ha estado utilizando la «seguridad y diversidad del suministro» como excusa para construir o ampliar plantas de regasificación, gasoductos y almacenamientos.

«En los últimos años los beneficios de Enagás no han estado impulsados por la demanda de los consumidores, sino por un marco regulatorio que garantiza a la empresa una tasa fija de retribución por sus inversiones en infraestructuras gasistas, independientemente de si el país las necesita o no», asegura Jaller-Makarewicz.

En julio de este año, Enagás presentó su Plan Estratégico 2022-2030, que tiene como objetivo resolver el problema de «la seguridad de suministro y la descarbonización» en España y Europa así como anticiparse a los retos más apremiantes del mercado energético europeo y mundial. El operador del sistema tiene previsto invertir 2.755 millones hasta final década, que aumentarían hasta 4.800 millones al sumar los proyectos de interconexión incluidos en el plan REPowerEU.

«Todas las inversiones tendrán garantizada una retribución regulada. España cuenta con un marco regulatorio estable para el periodo comprendido entre 2022 y 2026. Está previsto que después de 2026 haya un nuevo marco regulatorio para el hidrógeno, y Enagás está trabajando activamente para promover la integración de las redes de electricidad, gas e hidrógeno. Si el órgano regulador aprueba el marco, la empresa y sus accionistas recibirán ingresos regulados garantizados por invertir en infraestructura que adolece de una enorme incertidumbre técnica y económica, mientras que los consumidores se verán obligados a asumir el riesgo», la analista de energía del IEEFA.

El análisis señala así que, teniendo en cuenta la demanda española de gas y las exportaciones a países vecinos, la tasa de utilización de los gasoductos de importación de gas y la plantas de regasificación entre 2015 y 2020 fue por término medio del 37%. El presidente francés, Emmanuel Macron, viene defendiendo que no hacen falta nuevas interconexiones de gas entre España y Francia porque las actuales están muy lejos de la saturación incluso bajo la actual coyuntura provocada por la invasión de Rusia a Ucrania.

En 2018, un informe elaborado para la Comisión Europea (CE) fue lo que paralizó la obra del Midcat al poner en duda su viabilidad económica por su alto coste, de unos 3.000 millones de euros. Poyry, la consultora contratada por Bruselas para supervisar la primera fase del proyecto, apuntaba que el gasoducto solo sería rentable bajo un escenario con un mercado ajustado de GNL ante un hipotético descenso de la exportación de gas desde Argelia a Europa.

Faltan 226 kilómetros del MidCat

El Midcat, que tenía como promotores a Enagás y a la compañía francesa Teréga, lleva así años paralizado por su elevado coste y el bajo precio del suministro ruso. Faltan por construir 226 kilómetros de tuberías desde la localidad catalana de Hostalric hasta la francesa Barbaira y España pide que sea la Unión Europea (UE) quien sufrague los gastos.

En la actualidad, España cuenta con dos conexiones de gas por tubo con Francia a través del País Vasco y Navarra, que permiten entregar unos 8.000 millones de metros cúbicos (bcm) anuales, aproximadamente el 2% de la demanda europea del año pasado. El Midcat podría sumar otros 7.000 bcm al año.

De su lado, Enagás tiene plantas de regasificación en Barcelona, Cartagena y Huelva. Además, cuenta con el 50% de la Planta Bahía Bizkaia Gas (BBG), en Bilbao, y el 72,5% de la terminal de Saggas, en Sagunto. Por su parte, la de El Musel (Gijón), que nunca llegó a operar desde su construcción, ha ha recibido recientemente el visto bueno del Gobierno para su puesta en marcha. Según el estudio, representan casi un tercio de la capacidad de importación de GNL de Europa, pero sus índices de utilización son de los más bajos del continente -entre enero de 2019 y junio de 2022 no subió nunca a más del 56% pese al aumento de los volúmenes importados por la invasión de Rusia a Ucrania-.