El nuevo Gobierno tendrá que recortar 30.000 millones en 2024 para cumplir con la UE

A la espera del nuevo Gobierno, uno de los temas pendientes de este año es la aprobación por parte del Parlamento de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Y no es para menos, ya que las cuentas públicas de 2024 tendrán que asumir importantes ajustes ante un escenario de recuperación de reglas y de objetivos fiscales, como pide la Comisión Europea, con dos grandes problemas añadidos por parte de España: el elevado déficit estructural y la también elevada tasa de deuda pública.

La problemática de no tener nuevos presupuestos en 2024—explica a THE OBJECTIVE, Rafael Pampillón, profesor de Economía en el IE Business School y la Universidad San Pablo CEU— sería prorrogar los de 2023, y eso implicaría posponer «la necesaria reducción de la deuda y el déficit, cuestión que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya ha manifestado ante la falta de objetivos de estabilidad presupuestaria de los presupuestos de 2023, y por cierto, ajuste que cuantifica en 30.000 millones de euros para cumplir con Bruselas», aclara Pamplillón.

Este martes, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) también se pronunciaba en estos términos en la presentación del último informe de coyuntura*, en el que da por hecho que uno de los principales retos a los que se enfrentará el nuevo Gobierno será la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2024. En ellos, tendrá que asumir un ajuste de las cuentas públicas que no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera y, en los que, además, cumpla con las nuevas reglas fiscales de la Comisión Europea.

De ahí la importancia de la formación de un Gobierno estable —defiende el Instituto de Estudios Económicos en el informe de coyuntura— para elaborar unos presupuestos sin demasiados peajes con los partidos, porque en estas cuentas públicas se trata de reducir gasto público improductivo, bajar déficit y deuda pública y tomar medidas que no ahuyenten a los inversores y alienten a los empresarios para la mejora del crecimiento económico y del empleo.

La incertidumbre económica del nuevo Gobierno

Tras el resultado de las elecciones del pasado domingo —señala el IEE—, la formación del nuevo Gobierno se antoja difícil y ello genera un escenario de incertidumbre política que aumenta el riesgo de desaceleración de la economía española. Y, ese aumento de la incertidumbre puede acabar influyendo negativamente en las decisiones y en la actividad, lo que, según apuntan, «de mantenerse en el tiempo, puede conllevar un freno adicional a los proyectos de inversión y al empleo».

Esa incertidumbre —insiste Iñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos— también puede acabar elevando las primas de riesgo de la economía española, «y eso perjudica tanto al coste de capital de las empresas como al coste de la deuda pública, ya que los mercados financieros y los inversores, en un contexto de mayor riesgo, tienden a exigir una mayor rentabilidad, lo que resulta fundamental en un país como España con un importante volumen de deuda externa».

Un contratiempo añadido que puede verse empeorado —analiza el presidente del IEE— si a esos Presupuestos Generales del Estado, que en todo caso llegarán tarde, «se volvieran a incorporar subidas adicionales de impuestos, porque entonces, las expectativas y la desconfianza de los agentes se podría agravar aún más». Sobre todo, cuando ya se da por hecho que el segundo semestre traerá un periodo de desaceleración o estancamiento económico, señala por su parte el informe.

Por otra parte —subraya el IEE—, la ausencia de mayorías claras de Gobierno también dificulta la implementación de las reformas estructurales necesarias para aumentar la competitividad, la productividad y el crecimiento potencial de la economía española, dado que normalmente «estas reformas solo se acometen por parte de los Gobiernos con una cierta estabilidad, que les permita, en el tiempo, poder capitalizar sus incuestionables efectos benéficos a medio y largo plazo».

Indicadores de desaceleración

Más allá de la composición del próximo Gobierno y de los peajes que exijan los socios de investidura, los presupuestos del nuevo Ejecutivo español tendrán que incluir, entre otros menesteres, la reducción del alto nivel de déficit estructural —al menos un 0,7% de PIB— y de deuda pública, tal y como pide la UE. Y es que, según la Comisión Europea, la economía española es una de las nueve economías de la zona euro que tienen un elevado riesgo sobre la sostenibilidad de su deuda pública a medio plazo.

Este martes, y aunque el FMI revisó al alza el PIB de España al 2,5%, lo cierto es que el consenso general de economistas ya ve claros signos de desacelaración en los indicadores económicos para el II semestre del año, algo de lo que también dio fe la agencia de calificación crediticia Moody’s, quien proyecta para España un déficit del 4% del Producto Interior Bruto (PIB) para 2023 y del 3,2% el año que viene.

Entretanto, y mientras el índice PMI del sector manufacturero y el del sector servicios, que está en ambos caso ya por debajo de 50 puntos, constatan una desaceleración —cuando el IPM o PMI es menor de 50.0, indica que la economía manufacturera decrece, mientras que un valor por encima de 50.0 indica la expansión de la industria manufacturera—el gasto en pensiones sobrepasó en el mes de junio los 12.000 millones de euros.

También este martes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señaló que el grupo de grandes ayuntamientos y diputaciones prevén incrementar su gasto en el entorno del 9% durante este año 2023, aunque estima que estas corporaciones locales obtendrán un saldo cercano al equilibrio.

Así se recoge en el Informe sobre la ejecución presupuestaria de las corporaciones locales publicado este martes por la Airef, donde apunta a que los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valladolid y Vigo, y las Diputaciones de Barcelona, Valencia, Guipúzcoa y Vizcaya incurrirán en déficit resultante de su gestión en 2023. No obstante, para el grupo de grandes corporaciones locales, la Airef prevé en 2023 un superávit de casi un 3% de sus ingresos, empeorando eso sí sus estimaciones de abril.