Los economistas alertan del coste de la amnistía: menos inversión y más prima de riesgo

La amnistía es la palabra de moda de esta última temporada política. Llegó sin pensar que tendría cabida, porque a los socialistas siempre parecía darles urticaria cuando se verbalizaba el término, pero ha encontrado acomodo, aunque su dimensión jurídica no tiene cabida de ninguna de las maneras. Fuera de ese ámbito, THE OBJECTIVE ha consultado con 15 analistas con experiencia académica y profesional, también política, en materias como el derecho, la fiscalidad, la economía y la empresa, para ofrecernos su visión sobre el posible impacto económico de una decisión de este calado.

Coinciden nuestros analistas en que el primer daño recaerá en la seguridad jurídica del país, en el descrédito del mismo -por aplicar leyes propias de otro tipo de regímenes-, y en el nacimiento de una isla jurídica dentro de la Unión Europea, con la consiguiente penalización de los inversores, al valorar a España como un Estado con nula seguridad.

Un problema nada baladí, que coincide con una de las últimas estadísticas del Banco de España, que revela que la posición de inversión internacional se situó en el -56,6% del PIB en el segundo trimestre de 2023, frente al -59,9% del trimestre anterior. De hecho, otro de los impactos consecuencia de la pandemia sería la subida de la prima de riesgo, dañando la deuda, y haciendo más complicada la financiación, y por tanto, el crecimiento económico y el empleo.

Además de que el Tribunal de Cuentas perdería la liquidación provisional de 10 millones de euros en el proceso de responsabilidad de los procesados, tendríamos serios problemas -apuntan- con el Fondo Monetario Internacional, quien en su evaluación de transparencia rebajaría las expectativas de España en materia de fiabilidad, y eso repercutiría en la inversión internacional.

En un paso más allá, hay quien señala que, con esa falta de seguridad jurídica, otros derechos podrían verse igualmente afectados como la igualdad fiscal y la libertad de expresión. Y, en un escenario de referéndum, algo que no descarta buena parte de las personas consultadas, se advierte de un cataclismo trufado de más deuda, más déficit, más presión fiscal, y encima, el resto de administraciones tendrán que soportar la alta tasa de deuda que tiene Cataluña con el Estado.

El coste de la amnistía

Sin más prolegómenos. Estas son algunas de las conclusiones:

Luis Manuel Alonso, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Barcelona explica para THE OBJECTIVE algunas consecuencias desde la perspectiva económica, y entre ellas, y de ser ciertas las prebendas económicas que acompañarían a la concesión de la amnistía (condonación de la deuda autonómica de Cataluña, indemnizaciones multimillonarias, instauración de una suerte de régimen de cupo fiscal), explica, esto «nos abocaría a un cataclismo económico pues nuestra muy endeudada economía que es incapaz de soportar gastos y pérdidas de ingresos de tal calibre, máxime cuando se acerca el momento de volver a la disciplina fiscal. Y -añade-, resucitar el régimen de convenio para Cataluña pondría en jaque la continuidad de la Hacienda Pública pues nuestra estructura pseudo federal no está concebida para que el patrón vasco o navarro se extienda a otros territorios con peso económico determinante. El único modo de afrontar estos requerimientos económicos u otros similares -concluye- sería incrementar de nuevo la presión fiscal, que ya es desproporcionada y un auténtico lastre para la ciudadanía y las empresas. Y España, una vez más -considera-, rema en dirección contraria pues otros países, como Italia o Alemania, están preparando reformas impositivas de carácter atenuador».

El exdirector de la Agencia Tributaria y expresidente de la Sepi, Ignacio Ruiz-Jarabo, mantiene que la a amnistía tendrá un coste económico directo, directísimo, y varios inducidos. Como coste directo -explica-, «se perderán los casi 10 millones de euros de la liquidación provisional del Tribunal de Cuentas en el proceso por Responsabilidad Contable que se tramita en dicho organismo». Y, continúa, «como coste inducido se provocará una relajación en el control del gasto público al devenir en inocua su función. Además -agrega-, se dañará a la autoridad del Estado, se relativizara el imperio de la Ley, y se reducirá la seguridad jurídica. Y todo esto perjudicará la inversión nacional y, sobre todo, la exterior».

Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU de San Pablo, mantiene La actualidad política en España gira, en estos momentos, en torno a la amnistía para los independentistas catalanes, y esto está claramente vinculada a la investidura de Pedro Sánchez. Más allá del efecto que tendría sobre el Tribunal de Cuentas, y de que Puigdemont podría volver y los procesados no pagarían sus multas, «la amnistía cancelaría el resto de los efectos sancionatorios del procés, como despidos, limitaciones o suspensión de derechos de otros políticos y funcionarios públicos. Por otra parte -abunda Pampillón-, «la amnistía será la antesala del referéndum de autodeterminación, un referéndum que algunos independentistas desearían que estuviera precedido de la aprobación de una “Ley de Claridad” (similar a la promulgada en Canadá), y esto implicaría otro tema mucho más gravoso y de mayor trascendencia económica: las consecuencias económicas de la secesión».

La valoración del Fondo Monetario Internacional

César García Novoa, desde un punto de vista jurista y fiscal, como catedrático de Derecho Financiero y Tributario, en la Universidad de Santiago de Compostela, subraya que «la amnistía es un instrumento para anular resoluciones judiciales del pasado con todas sus consecuencias y, se justifica cuando hay un cambio de valores expresado en un nuevo régimen jurídico que requiere eliminar todas las consecuencias del régimen anterior. Por eso en España se promulgó una Ley de amnistía, la 46/1977 de 15 de octubre». Ahora bien -advierte-, «promulgar leyes de amnistía fuera de ese contexto supone pretender un cambio de régimen jurídico a través de la ley. Y dictar una ley para amnistiar a una persona o varias personas supone usar una ley, que por definición es una medida general y abstracta, como un instrumento para beneficiar a ciertos sujetos por puros intereses políticos.
Y ello afecta a la esencia del Estado de Derecho -justifica-, sobre todo cuando la amnistía pretende dejar sin efecto una sentencia firme, que aplicaba la legalidad vigente.

De cara a la economía y a la inversión exterior, aclara García Novoa a TO, «es un factor que perjudica la transparencia de nuestro sistema económica. Porque no hay que olvidar que Unión Europea habla de transparencia y el Fondo Monetario Internacional cuando evalúa a los países atendiendo a la transparencia, a efectos de otorgarle una mayor o menor fiabilidad como destino de inversiones internacionales tiene en cuenta en cuenta la claridad de sus normas, el carácter transparente de sus instituciones y la seguridad jurídica. Para que un país sea confiable como destino de inversión hay prácticas que fomentan la transparencia y otras que no. No fomentan esa transparencia prácticas como las que ponen en entredicho el Estado de Derecho, garantizado por un poder judicial independiente que juzga de acuerdo con una legalidad que es igual para todos». A todo ello hay que unir -concluye-, que la amnistía hace sospechar la posibilidad de otras medidas ulteriores como un referéndum de independencia o autodeterminación, lo que genera inestabilidad y desconfianza…y esa inestabilidad ahonda en la reducción o disminución de la inversión exterior, que ya se están produciendo».

Julián Salcedo Gómez,  presidente en FORO DE ECONOMISTAS INMOBILIARIOS en el Colegio de Economistas de Madrid parte de un axioma, y es que «la estabilidad institucional resulta clave para desarrollar con tranquilidad cualquier actividad económica, y en España en este momento no se dan esas condiciones. La economía europea se está frenando -apunta- y la española también, y necesita medidas de estímulo para atraer inversiones, y la concesión de una amnistía lo primero que muestra es la debilidad del Estado de Derecho y conculca la división de poderes».

Para el economista Daniel Lacalle, las consecuencias de este tipo de acciones son muy limitadas, pero por supuesto, «acrecienta inseguridad jurídica, introducen la aleatoriedad y el nivel de manipulación que puede llevar al Gobierno, en aspectos que deberían estar muy claros según la ley». «Para mí -explica, el efecto más importante es que pone en duda la independencia de la legislación y de la separación de poderes». Y va más allá, porque,« si se les condona la deuda -vaticina-, eso quiere decir que todos los demás vamos a asumir la deuda que se les deduce a ellos, porque la deuda total de las administraciones públicas no se deduce y, esto significa más impuestos y más deuda para el resto de CCAA».

La isla jurídica y la penalización a España

Benito Arruñada, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, una amnistía significaría «que una exigua mayoría parlamentaria puede promulgar cualquier tipo de ley; y bien sabemos que las mayorías cambian. Por lo tanto, nadie sabría qué esperar», deduce. Además, «la degradación afectaría a todo tipo de derechos, de todos los ciudadanos, porque, si hoy con la amnistía se derogase la igualdad de derechos penales -mantiene-, mañana puede sufrir igual destino la igualdad fiscal o la libertad de expresión, el derecho de huelga o el de propiedad, así como las obligaciones de devolver las deudas o de cumplir contratos y sentencias judiciales. Todo quedaría al garete», concluye.

Diego Barceló Larrán, director de Barceló & Asociados, sostiene por su parte que no cree que la amnistía vaya a provocar una crisis económica o una caída súbita de la confianza empresarial, o que sea un evento que por sí solo vaya a alterar para peor la evolución de la economía. Sin embargo, eso no significa que vaya a ser inocua». Ahora bien, «la amnistía sería un nuevo eslabón en una cadena de hechos que no son los que se esperan en un Estado de Derecho estable. Empezando en 2017 con la aprobación por el parlamento catalán de las leyes de «desconexión» (claramente inconstitucionales), la declaración unilateral de independencia, la fuga de un presidente autonómico en un maletero, la aplicación del artículo 155, la sentencia y posterior indulto a los golpistas, la supresión del delito de sedición, el cambio del delito de malversación, ministros de justicia designados fiscales generales del estado, fiscales generales designados en el Tribunal Constitucional, ministros de justicia en el TC, la extemporánea incorporación del comunismo al gobierno nacional, estados de alarma declarados inconstitucionales, un gobierno que se inventa un comité de expertos que no existe, y así podríamos seguir». Ninguna de esas cosas -valora- ha provocado, por sí sola, un cambio súbito en las condiciones económicas; pero todas juntas, como es evidente, muestran un deterioro de la calidad institucional.

Por tanto, afirma Barceló, «la rebaja en la calidad institucional es un intangible que, progresivamente, se puede ir traduciendo en la pérdida de inversiones, una mayor prima de riesgo (cuando el mercado de bonos deje de estar intervenido por el BCE) y una rebaja en la calificación de riesgo. Y cuando un país se crea una imagen institucional mala -avisa-, revertirla es muy difícil».

De isla jurídica habla para THE OBJECTIVE el exsecretario de Estado, jurista y académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, Mario Garcés, para quien «la inestabilidad transitoria derivada de los últimos resultados electorales, se sumaría una inestabilidad crónica. Y entonce, España se transformaría, en efecto, en una isla jurídica en el marco de los ordenamientos comunitarios, en los que un Gobierno es capaz de impulsar medidas excepcionales y arbitrarias por el mero objetivo de detentar el poder». «Esta decisión -apostilla el también inspector de Hacienda- es un ahuyentador de inversión extranjera; porque -razona-, los analistas tomarán nota y penalizarán a España por ser un Estado con nula seguridad jurídica. Además, el acuerdo de amnistía se alcanzaría con el apoyo de formaciones políticas que proclaman una intervención directa en la economía, un motivo más para repensar cualquier estrategia de inversión en nuestro país. Por último -remarca-, es una decisión sin precedentes en el seno de los Estados miembros de la Unión Europea; de manera que, de aprobarse la amnistía, el peso político de España en el cuerpo de países de la Unión Europea se debilitaría todavía más».

José María Rotellar, economista, profesor universitario y director del Observatorio Económico de la Universidad de Francisco de Vitoria, determina que si el gobierno concede la amnistía por el intento de golpe de Estado de 2017 en Cataluña, «sería tanto como reconocer que no vivíamos en un estado democrático y que, por tanto, quienes actuaron contra el Estado tenían razón. Eso implica atacar directamente a la transición y a la constitución, incrementar el clima de inseguridad jurídica y, eso, afecta directamente a la economía, porque si el Marco jurídico no está claro y puede moldearse al antojo de lo que necesite un gobierno para ser investido, los inversores van a verse ahuyentados. Esto, supondría -indica-, menor inversión, menor nivel de actividad económica, menor nivel de empleo, menor recaudación y, por tanto, agravamiento de los desequilibrios estructurales de la economía, además de todas las nefastas consecuencias políticas, sociales y constitucionales que tendría».

Lorenzo Bernaldo de Quirós, economista y presidente Fundador de Free Market, defiende que las consecuencias económicas de una hipotética amnistía será de dos tipos.: por un lado -detalla-, «refleja de disposición del Gobierno a romper las reglas de juego de un Estado de Derecho cuando lo considera oportuno lo que fortalece aún más la ya dañada seguridad jurídica existente en España». Y por otro -apunta-, «la amnistía supone que los secesionistas no cometieron delito alguno y, por tanto, legitima que vuelvan a actuar como ya lo hicieron lo que establece una permanente espada de Damocles con repercusiones negativas sobre la estabilidad de Cataluña y del resto del Estado».

Para María Crespo, profesora titular de Derecho Tributario de la Universidad de Alcalá de Henares, el precio de la amnistía lo cifrarán los nacionalistas, y «si el gobierno ya transigió con el impuesto a las grandes fortunas (por el alto nivel de fraude en Cataluña) y el 90% de la recaudación procede de Madrid, no podemos esperar otra cosa».

Los fondos salen corriendo de España

Antonio Barderas, abogado y director de la Asociación de la Empresa Familiar de la Comunidad de Madrid, considera para THE OBJECTIVE, que «el descrédito internacional de España tendría un coste económico incalculable y difícilmente recuperable». Subraya, demás, que «se abriría un periodo de incertidumbre tal que la inversión extranjera en España huiría hacia lugares más seguros donde se respete y asegure una seguridad jurídica puesta en cuestión hasta el extremo». Así, relata, «comparto un dato de un fondo de inversión que conozco y que invierte en empresas españolas: ha pasado de tener hace poco tiempo más de 1.200 millones de € bajo gestión a 35 millones de € actualmente. Los inversores -advierte Barderas- están al día de lo que ocurre en España y, obviamente, no se dejan llevar por eslóganes partidistas».

El economista y colaborador de THE OBJECTIVE, Javier Santacruz, mantiene por su parte que el principal impacto iría dirigido a la deuda, y por consiguiente la subida de la prima de riesgo, con lo que acabaría afectando a las inversiones y agravando una situación de inseguridad jurídica. En ese ámbito, Santacruz recuerda que España ya ha dado una mala imagen cuando Sánchez decidió reformar el delito de malversación para propiciar el indulto de los procesados por el 1-O, y eso, a la larga, daña la imagen de un país.

Elvira Rodríguez, exministra y expresidenta del Consejo Nacional del Mercado de Valores, sostiene que, una vez concluida la temporada turística, la inestabilidad política consecuencia de las últimas elecciones y las iniciativas llevadas a cabo por el presidente en funciones para permanecer en su puesto tras una eventual investidura fallida del partido ganador, «nos aboca a un escenario de inseguridad jurídica que solo puede producir desconfianza en una economía global como en la que vivimos».

«Las exigencias de los partidos independentistas para prestar sus votos -añade- van directamente en contra de la arquitectura jurídica de nuestro país y, si se aceptan, van a causar un daño irreparable. Por eso -remata-, «la amnistía, más todo lo que viene detrás, es el mejor de los ejemplos de lo que no debíamos estar viviendo, y va a perjudicar nuestra imagen como país y, por tanto, nuestra posición económica en el mundo».