El Gobierno admite que España cerrará 2023 sin apenas inversión en los Perte clave

En una de las semanas más decisivas para el futuro de Nadia Calviño, quien hoy es primera vicepresidenta del Gobierno de España, y con aspiraciones a ganar la candidatura de la presidencia del BEI, los últimos datos estadísticos de ejecución presupuestaria de la Intervención General del Estado (IGAE), correspondientes a 31 de octubre, constatan el bajo nivel de inversiones que el Ejecutivo español ha desplegado este año de los fondos europeos Next Generation.

Un porcentaje que fue comentado este pasado lunes por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, tomando como referencia un análisis de la propia Comisión Europea, donde —y más allá de que el Gobierno de España apenas ha entregado a la economía solo un 20,4% de estas ayudas europeas, de los 35.000 millones de euros concedidos este año— se destaca que el nivel de inversiones de España es aun menor. Concretamente, del 10%. Ahora bien, hay algunos capítulos de los programas clave de los 12 Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) en los que el despliegue inversor llega a ser de hasta del 0%, tal y como recogen los datos de la Intervención General, que dependen del Ministerio de Hacienda.

Solo hay que hacer un mero repaso por el informe mensual de la IGAE para ver cómo el Ministerio de Economía —con una ejecución de estas ayudas de apenas el 14,55%, y a dos meses de que concluya 2023— hizo ya una transferencia del dinero no gastado en el anterior ejercicio presupuestario, por orden de 1.300 millones de euros, de los 7.200 millones totales (que igualmente tuvieron que sufrir una modificación crediticia).

Epígrafes —estudiados por THE OBJECTIVE— como el relativo a la inversión en Red.es para el programa KIT Digital —cuyo presupuesto ya se vio mermado en la Adenda, a falta de demanda—, ponen de manifiesto con absoluta claridad cómo, de los 1.400 millones aprobados, a 31 de octubre la ejecución plasma cero autorizaciones, cero gastos comprometidos, y por ende, cero obligaciones reconocidas netas y cero pagos realizados.

El dinero que no llega a las pymes

Situación similar es la que acontece en el caso del Bono de conectividad para pymes y vulnerables, con hasta cero crédito asignado, al igual que el del Perte de microelectrónica y semiconductores. Mientras, al CDTI, organismo público, se le hace entrega de una partida no prefijada, para la actuación 8 del Perte Aeroespacial.

Es especialmente llamativo que el capítulo de Ciberseguridad, que afecta a las pymes y al que el Gobierno le está dando en principio especial importancia, tampoco refleje un solo pago realizado a través de INCIBE, ya que quedan pendientes todos los cobros que afectan al impulso España, fortalecimiento e impulso del ecosistema empresarial, así como los programas de ciberseguridad.

Por otra parte, en cuanto al Perte Chip, su análisis revela que el fortalecimiento del ecosistema científico no ha llegado ni a la barra/columna de gastos comprometidos, con un cero también de ejecución. Eso sí, aparecen asignados 800.000 euros que van a la SEPI para el Perte Chip, pero que realmente tampoco tienen autorizaciones, obligaciones o algún otro de los trámites pertinentes.

Es el Ministerio de Transición Energética, uno de los departamentos tractores de la gran transformación estructural que el Gobierno de Pedro Sánchez tenía designado dentro de sus grandes reformas, otro de los de menor ejecución. Concretamente, con un 4,69% de pagos realizados a 31 de octubre, y con una asignación de 61 millones dirigido a la competencias digitales transversales de las CCAA y 150 millones para redes de distribución de energía. Es decir, 231 millones, de una partida de 5.000 millones para 2023.

El dinero al sector público

En este apartado se puede comprobar, los cero euros ejecutados en el Programa de rehabilitación energética de edificios; cero euros, dentro del Idae, del Plan de Transición Energética en la AGE y, cero euros también, o ejecución del 0%, en la Digitalización de las redes o en el impulso del hidrógeno renovable, un proyecto país del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Además, es patente la parálisis en diferentes proyectos estratégicos para la transición industrial, como los planes de innovación y sostenibilidad, donde se incluye el Perte del Vehículo Eléctrico, con pagos realizados de poco más de 700 millones de euros, pese a que este dio comienzo en verano de 2021.

El Ministerio de Transportes es otro de los departamentos rezagados. Con 6.123 millones de euros asignados, y centradas buena parte de las inversiones en los servicios de Adif, sigue sin autorizaciones una de las líneas de préstamos para la rehabilitación edificatoria y vivienda.

Otros despliegues de Pertes como el Chip —en el que se abordan las infraestructuras digitales, microelectrónica y semiconductores— están aun pendientes de la fase de autorización, al tiempo que, las actuaciones del Perte de Salud de Vanguardia permanecen intactas.

Efecto bola de nieve

Ante estos malos resultados de gestión, cabe preguntarse la razón de los mismos, cuestión recientemente expuesta por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien a lo largo de la entrega de los Premios CincoDías a la Innovación Empresarial 2023, ha pedido maximizar el impacto del NGEU. Esto, según su criterio, exige «llevar a cabo un proceso de evaluación en tiempo real, que permita identificar y corregir las posibles deficiencias que puedan surgir, tanto en materia de selección de proyectos y su ejecución, como de diseño e implementación de las reformas». En este sentido, y con el objetivo de efectuar este proceso de evaluación —recalcó—, «sería conveniente poner a disposición de los analistas información pormenorizada y a tiempo».

El economista y experto en fondos europeos Santiago Sánchez López pone por su parte el acento en las tensiones de tesorería, que han hecho más fuerte el efecto bola de nieve porque, según explica a este diario, «en la ejecución de los fondos europeos se está dando un efecto ‘bola de nieve’, donde se arrastran fondos de un ejercicio a otro sin ejecutar, a consecuencia del sistema del que se dotó el Gobierno para la gestión de los fondos europeos, sin una participación real de las CCAA y sin considerar muchas de las necesidades que les plantearon desde el tejido empresarial».

Estos retrasos, y acumulación progresiva de fondos sin ejecutar —añade— «van creciendo y provocan que se difiera en el tiempo el impacto sobre el crecimiento de la economía, trasladando su efecto de un ejercicio a otro». En 2021 —aclara—, «solo se han gastado fondos europeos por un importe del 0,2% del PIB, mientras que en 2022 la cifra es del 0,4% del PIB y, eso supone —puntualiza—, 7.600 millones de euros aproximadamente, cuando lo presupuestado en los Presupuestos Generales del Estado ascendía a casi 50.000 millones de euros para esos ejercicios. Son datos —colige— que resaltan la lentitud en la implementación de las inversiones del Plan de Recuperación».

Y este año, apostilla Sánchez López, «y tras el cierre de la contabilidad de 2022 en el mes de marzo, se han incrementado los presupuestos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 2023 en más de 7.200 millones de euros, que se arrastran del ejercicio anterior. Esta situación, si no cambia nada, se va a incrementar en 2024».

Asimismo, señala, «el predominio de lo público sobre lo privado en el plan y la dependencia de empresas públicas y entidades estatales para canalizar los fondos, introduce capas adicionales de burocracia y más retrasos, lo cual complica aún más la situación».  De este modo, añade, estos factores «combinados con la falta de transparencia y ausencia de cogobernanza, lo que sugieren es que España no solo tiene un desafío enorme con los fondos europeos ahora que se incrementan con los préstamos que recibiremos de la Adenda, sino que será difícil aprovechar todo su potencial de manera eficiente para transformar e incrementar el potencial de crecimiento de la economía en el largo plazo».