La empresa familiar pide un modelo económico menos ideológico: «No somos el problema»

El nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Eloi Planes, ha reivindicado el papel de las compañías que representa en la construcción de un nuevo modelo de crecimiento económico más ambicioso, basado en el diálogo y con menor carga ideológica. En su discurso en la Asamblea General de la organización, Planes (Fluidra) ha tomado el relevo de Ignacio Rivera (Estrella Galicia) y ha pedido «ambición» para decidir el papel de España en Europa y el mundo y para construir un «modelo de crecimiento» económico que «no debería depender de ideologías». Para ello, ha reclamado que los valores e ideas de las compañías familiares se tengan en cuenta en este debate y ha querido dejar claro que las compañías no son un obstáculo, sino todo lo contrario: «Los empresarios no somos el problema frente a los retos actuales, somos una parte fundamental de la solución», ha dicho este miércoles en el acto celebrado en la Fundación Miró de Barcelona.

Además, ha subrayado que las compañías son la principal herramienta para impulsar la transformación de la economía, especialmente las de ámbito familiar, ya que presentan «arraigo» en su territorio local y a la vez la capacidad «universal» para «llegar muy lejos», de modo que sus valores pueden contribuir a los debates que permiten la evolución de la sociedad y la «internacionalización» de la economía. Desde este punto de vista, Planes ha señalado que «la empresa familiar representa el 80% del tejido empresarial» y genera «la mayor parte del empleo privado». Lo hace, según ha expuesto, desde «historias de esfuerzo», «riesgo» y «compromiso» por parte de «personas que han dedicado su vida» a estos proyectos.

La mesa redonda en el arranque de la asamblea se ha centrado en el desafío de la vivienda en España y las posibles soluciones a corto, medio y largo plazo. Para Mikel Echevarren, consejero delegado de Colliers en España y Portugal, estamos ante «los efectos de una política irresponsable y demencial de inmigración», ya que «no hay país que resista en sus infraestructuras la entrada de 600.000 inmigrantes al año», algo que ha tachado de «política suicida» desde el punto de vista inmobiliario. A este «alud de demanda» se suman problemas de oferta como la falta de capital, mano de obra y suelo, además de «un Gobierno campeón de la inseguridad jurídica». «No hay voluntad ni medios ni ganas para mejorar eso», ha lamentado Echevarren, que ha reclamado unos plazos más cortos para desarrollar suelo y una «seguridad jurídica absoluta» contra los okupas, así como medidas fiscales como no cobrar el IRPF a quienes alquilen pisos, una exención que, al cabo de 100 años, tendría el mismo coste para las arcas que construir una vivienda.

Mónica Rodríguez, directora de Inmobiliaria de Acciona, ha destacado que existe «un consenso de que tenemos un problema» que se concreta en un «desajuste entre oferta y demanda». Más allá de las emancipaciones, la mayor flexibilidad laboral ha permitido a trabajadores europeos instalarse en ciudades como Barcelona, Madrid o Málaga, en el litoral e «incluso por las zonas nortes del país». Aunque la ejecutiva ha valorado este fenómeno como «positivo», ha advertido que «lo tenemos que acometer», y ha apuntado a problemas como la duración de los trámites para desbloquear suelo o las tensiones laborales y de costes en la construcción, que a su vez encarecen el ladrillo.

Alberto Valls, socio responsable de Real Estate de Deloitte, ha recordado que el sector privado no edificará a menos que se le ofrezca rentabilidad y que la construcción del volumen necesario de vivienda social «es inasumible» si solo se cuenta con el sector público. «Necesitamos fórumulas de colaboración con el sector privado», ha asegurado, situando el parque de alquiler como una de las infraestructuras elementales de un país. Además, ha reprochado que algunas «medidas que se han tomado han perjudicado todavía más la situación» y ha rechazado que la limitación de precios sea la solución, puesto que el problema es la falta de suelo o financiación, entre otros, en un momento en que «el Estado es el mayor propietario de suelo» en España a través de las diferentes Administraciones.

«Cataluña está expulsando del alquiler a la gente de menor renta», ha alertado Jorge Galindo, director de EsadeEcPol, que ha explicado que medidas de ámbito nacional como la prórroga de los alquileres o la protección a los vulnerables han resultado «contraproducentes» y ha apuntado a alternativas menos dañinas para el mercado dentro del ámbito de las políticas progresistas, como por ejemplo «mutualizar riesgo con seguros públicos de alquileres» o subsanar la brecha que separa al país con el resto de Europa en cuanto al parque de viviendas de alquiler social.

Por su parte, el consejero de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau, ha indicado que la «relación de confianza» entre empresas y Gobiernos es «esencial» y ha abogado por incrementar la colaboración público-privada. Asimismo, ha salido en defensa de la empresa familiar, que «ha contribuido siempre a la sociedad» desde una «visión positiva» y «generosa». Instituciones y empresarios deben ir de la mano, según el conseller, para dar «el gran salto adelante» que por ahora se ha dado en población pero no en otros ámbitos como las infraestructuras, según ha reconocido. Aun así, ha sostenido que «tienen más problemas los países que pierden población que los países que la ganan» y ha afirmado que los retos del clima, la demografía, la cohesión social, la competitividad y la soberanía tecnológica deben abordarse de forma conjunta y complementaria.