Temor a un decretazo para controlar la jornada: «Las empresas no se lo pueden permitir»
La fiscalización digital de los horarios de trabajo plantea problemas para los negocios más reducidos
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, en una imagen de archivo. | EP
Ante la actual falta de apoyos parlamentarios que impide al Gobierno sacar adelante reformas de calado en las Cortes, el temor a que el Ministerio de Trabajo recurra a la vía del real decreto ley para imponer la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y un estricto control telemático de los horarios ha encendido todas las alarmas en los sectores productivos. Expertos, asesores legales y académicos coinciden en un diagnóstico contundente: el tejido empresarial español, vertebrado de forma abrumadora por pequeñas y medianas empresas (pymes) de servicios, carece de la estructura de capital y los márgenes de productividad necesarios para digerir esta reforma de forma unilateral.
La viabilidad de reducir la jornada por imperativo legal manteniendo intactos los salarios choca frontalmente con la cruda realidad microeconómica de España. Santiago Calvo, profesor de Economía Pública y Métodos Cuantitativos en la Universidad de las Hespérides, advierte de las severas distorsiones que una medida de esta naturaleza provoca si no viene respaldada por un incremento genuino de la eficiencia por empleado. «En una economía con una productividad baja, si se trabajan pocas horas de forma obligatoria, inevitablemente vamos a percibir salarios más bajos».
«Si lo que queremos es ser competitivos trabajando más horas pero con salarios estancados, es completamente razonable que los trabajadores no quieran ver mermada su jornada, ya que eso significaría, en la gran mayoría de los casos, una bajada encubierta de sus sueldos. Solo las grandes empresas, que operan con unos niveles de productividad parecidos a los de nuestros pares europeos, se pueden permitir una reforma así; pero la estructura empresarial de España, especialmente la pyme, no puede permitírselo», sostiene Calvo.
Fermín Ojeda, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Canarias, incide en que los cálculos oficiales adolecen de un sesgo estadístico importante que distorsiona el debate público. «No es lo mismo comparar al sector público, donde ya se viene haciendo de manera generalizada una jornada de 37 horas —o incluso menos tiempo— de jornada efectiva, que al sector privado», aclara Ojeda. A su juicio, cuando se hacen comparaciones con el resto de Europa, se tiende a mezclar de forma errónea el empleo a tiempo completo con el de tiempo parcial, lo que falsea las medias reales y empuja a legislar con premisas equivocadas.
«Muchos convenios colectivos ya han logrado bajar de forma pactada a las 37 o 38 horas, pero la inmensa mayoría de las empresas españolas pertenecen al sector servicios y son intensivas en mano de obra. Por eso existe tanto interés por parte del Gobierno en reducir la jornada, pero el empresario pierde un importe directo. Hay gente que plantea con ligereza que la reducción de jornada puede incrementar la productividad, bajo el argumento de que se trabaja menos enfermo o que facilita la conciliación familiar. Sin embargo, en el sector empresarial español, donde el sector servicios y el hostelero son fundamentales, eso sencillamente no es así; allí se precisan horas efectivas», argumenta el presidente de los graduados sociales canarios.
Según los cálculos del sector, la reducción forzosa obligaría a recortar entre 130 y 140 horas anuales de trabajo efectivo por empleado cobrando exactamente el mismo salario. «España es un país de pymes, de hostelería y de servicios. No podemos compararnos con los países nórdicos, que ya tienen plenamente interiorizada la relación entre jornada y productividad. Nosotros no lo tenemos interiorizado. Además, las grandes corporaciones tienen estructura para realizar modificaciones, pero el pequeño empresario no. Al final, esta propuesta de reducción de jornada se hace por un evidente interés político de conseguir votos y contentar a las masas. Si se plantea como una medida para mejorar la productividad, no es cierto; para los pequeños y medianos empresarios representará un aumento de costes considerables», concluye Ojeda.
Frente al argumento oficial de que recortar la jornada ayudará a atraer el talento de las nuevas generaciones, que priorizan el tiempo libre, otra de las fuentes consultadas matiza que la realidad económica es heterogénea: «Hay que dejar que las empresas decidan quién ficha y quién no. Esto tiene que ver más con perfiles como los becarios, pero el profesional que está en su primer año de trabajo en un despacho de abogados o de auditor en una de las Big Four no va a ningún lado».
Por su parte, Ignacio Hidalgo, socio de la consultora laboral RSM, observa que «la modificación de la jornada laboral se tiene que hacer obligatoriamente con rango de ley», pero «respecto al registro horario, hay serias dudas de si sería estrictamente necesario aprobarlo con rango de ley. La obligación genérica ya está perfectamente consagrada en el Estatuto de los Trabajadores. La gran duda jurídica está en si obligar a que ese registro sea estrictamente telemático, digital y accesible en tiempo real se podría aprobar a través de un decreto. Si fuera viable por esa vía ejecutiva, se impondría de golpe, cosa que no se podría hacer de forma directa con la reducción de la jornada laboral en sí, la cual exige sí o sí modificar el Estatuto de los Trabajadores por vía parlamentaria».
Esta imposición de un registro digital y accesible para la Inspección de Trabajo sin una transición pactada asusta especialmente a los pequeños negocios. Hidalgo subraya la enorme brecha tecnológica que persiste en la economía sumergida y en el autoempleo: «Las grandes empresas ya disponen de estas herramientas; todas tienen sistemas avanzados, se puede registrar la jornada fácilmente por aplicaciones móviles. Pero cuando se habla de obligar a absolutamente todas las empresas, hay que pensar que el 97% del tejido empresarial de este país son pymes y la gran mayoría son micropymes. Estamos hablando de cualquier bar, de una panadería o de una empresa pequeñita».
Para estos perfiles de negocio, el coste de incorporar herramientas tecnológicas de trazabilidad digital homologada —a las que muchas veces ni los propios trabajadores habituados al trabajo físico tienen fácil acceso en movilidad— resulta desproporcionado. «No puedes obligar legalmente a los trabajadores a instalar aplicaciones de la empresa en sus teléfonos móviles particulares, por lo que las empresas tendrían que adquirir aparatos específicos donde se registre digitalmente la jornada. Para las pequeñas empresas y para determinados sectores tradicionales, esto empieza a ser un problema mayúsculo. Hay serias dudas de si este nivel de exigencia digital es asumible para el tejido empresarial mayoritario del país», concluye Hidalgo.