Los afectados por la okupación buscan unirse a la ofensiva contra el bloqueo del Congreso

La Plataforma de Afectados por la Okupación y la Inquiokupación se unirá a la ofensiva iniciada por distintos colectivos contra el bloqueo de iniciativas legislativas en el Congreso de los Diputados derivado de las sucesivas prórrogas de los plazos de enmiendas, una práctica que mantiene decenas de proposiciones de ley paralizadas desde hace meses. Según ha podido saber este medio, la organización ya ha decidido ponerse en contacto con las asociaciones que están impulsando esta respuesta coordinada con el objetivo de adherirse a la iniciativa y reforzar la presión para que las propuestas legislativas puedan continuar su tramitación parlamentaria.

La decisión llega después de que varios colectivos anunciaran una estrategia conjunta, tal y como publicó THE OBJECTIVE, para denunciar el denominado «congelador» del Congreso, un mecanismo consistente en la ampliación reiterada de los plazos de presentación de enmiendas que, en la práctica, impide que numerosas iniciativas lleguen a debatirse o votarse en comisión y en el Pleno. La plataforma considera que este bloqueo también afecta a normas de especial interés para los propietarios y para las personas perjudicadas por la ocupación ilegal y la inquiocupación, por lo que han optado por sumarse al frente común que reclama el desbloqueo de las leyes retenidas en la Cámara Baja.

Cambio de estrategia del Gobierno

Hay más de un centenar de iniciativas parlamentarias bloqueadas en el Congreso por parte del Gobierno debido a su incapacidad para reunir apoyos suficientes. Ahora, tal y como contó este diario, el Ejecutivo trata de ir desbloqueando algunas de ellas ante el temor de una rebelión de más de un millón de afectados. Entre las iniciativas que permanecen pendientes de tramitación figura la proposición de ley impulsada por el PP y aprobada por el Senado en febrero de 2024, que plantea agilizar los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente, endurecer las penas por usurpación y reforzar la protección de los propietarios.

También se encuentra en el aire la propuesta registrada por Junts en enero de 2025, que busca combatir tanto la ocupación como la denominada «inquiokupación» mediante una mayor seguridad jurídica para los arrendadores y mecanismos que faciliten la recuperación de los inmuebles y garanticen el cumplimiento de los contratos de alquiler.

Sentencia del Constitucional

Dos factores parecen haber impulsado este cambio de estrategia del Grupo Socialista. El primero es la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que dio la razón al PP al considerar que la reiterada ampliación del plazo de presentación de enmiendas se estaba utilizando como un «subterfugio» para retrasar indefinidamente la tramitación de iniciativas parlamentarias. Según esta interpretación, y ante la pérdida del respaldo de Junts al acuerdo de investidura, Pedro Sánchez habría optado por frenar la actividad legislativa antes que asumir derrotas parlamentarias.

El segundo motivo podría estar relacionado, tal y como se contó en este diario, con la demanda presentada ante el Tribunal Supremo por uno de los colectivos afectados por este bloqueo: las víctimas de la talidomida. Esta iniciativa ha servido para impulsar la coordinación entre distintos sectores perjudicados, como el de la peluquería y la belleza, los funcionarios de prisiones y los afectados por la actual Ley de Costas, que reclaman su reforma. Todos ellos han constituido el denominado Frente Cívico por la Calidad Democrática, al que la Plataforma de Afectados por la Okupación se plantea incorporarse ahora. 

Encuentro con la ministra

Por otro lado, tras más de cuatro años de peticiones de reunión sin éxito, la Plataforma de Afectados consiguió la semana pasada tener un encuentro fortuito de unos minutos en el Senado. Según explica a THE OBJECTIVE Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma, el contacto se produjo tras la comparecencia de la ministra en la Cámara Alta para responder a una interpelación del Partido Popular sobre okupación e inquiokupación. Durante su intervención, la titular de Vivienda centró buena parte de su discurso en el acceso a la vivienda y los pisos turísticos y utilizó datos sobre la okupación que, a juicio de la plataforma, no reflejan la realidad actual.

Sin embargo, el mismo no ha servido, por el momento, para desbloquear una reivindicación que el colectivo asegura llevar planteando cada mes desde octubre de 2021 sin obtener respuesta. La falta de interlocución con el departamento de Vivienda ha sido una de las principales denuncias de la plataforma en los últimos años. El colectivo insiste en que su único objetivo es trasladar al Gobierno la situación que viven las personas afectadas por la ocupación ilegal y la inquiokupación y reclama abrir un canal de diálogo directo con el Ministerio, una reunión que, pese al contacto mantenido esta semana en el Senado, sigue sin producirse.