El Senado señala que la sobretensión en la red se disparó un 367% los años previos al apagón

La comisión de investigación del Senado ha señalado en su informe final que hubo 30 episodios de sobretensión en 2021, 90 en 2022 y 140 en 2023. El incremento exponencial —un 367% entre 2021 y 2023— «no era un fenómeno desconocido para Red Eléctrica ni para el Gobierno de España». La razón es que «los propios técnicos del gestor afirmaron en 2023 que la empresa no disponía de herramientas suficientes para evitar valores elevados de tensión en la red debido a ese aumento».

Esta ha sido la primera conclusión a la que ha llegado el Partido Popular (PP), que es la formación política mayoritaria de la Cámara Alta. «Este reconocimiento expreso de incapacidad técnica, formulado años antes del apagón, convierte los incidentes de abril de 2025 en el desenlace previsible de una tendencia que el propio operador del sistema había identificado y no había resuelto», concluyen.

Además, aseguran que «consta acreditada estos eventos con episodios documentados de audios los días 31 de enero, 7, 16, 22, 24 y 26 de abril de 2025. Las causas fueron identificadas y comunicadas con precisión por escrito por Red Eléctrica» y «que las causas del apagón del 28 de abril eran conocidas antes de que se produjera: alta penetración fotovoltaica, escasa inercia, variaciones bruscas de intercambios internacionales y efecto de los precios sobre la generación».

Según el Senado, «a mayor abundamiento, en mayo de 2024, Red Eléctrica publica los criterios generales de protección del suministro eléctrico donde ya habla de los problemas que el sistema sufre por la entrada masiva de renovables, que son coherentes con los que se escuchan en los audios. A lo que hay que añadir que coincide con el informe de riesgos de las cuentas anuales consolidadas de Red Eléctrica de 2024 (publicadas en 2025) cuando habla del riesgo de suministro eléctrico».

Culpa del apagón

Por otro lado, la comisión de investigación del Senado culpa al gestor de la red, Red Eléctrica, al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del apagón del 28 de abril de 2025. Según ellos, «el apagón del 28 de abril no fue un accidente imprevisible, sino el desenlace de una fragilidad estructural conocida con antelación. A juicio de la Comisión, el sistema llegó a esa fecha con márgenes insuficientes, con una inestabilidad de tensión ya reiterada en semanas y meses previos, y sin que las instituciones llamadas a prevenir, supervisar y corregir el riesgo actuaran con la diligencia exigible».

Por ello, «la Comisión de Investigación considera responsables del apagón a Red Eléctrica, al Gobierno de España a través del Ministerio de Transición Ecológica y aprecia una responsabilidad institucional relevante de la CNMC por su inacción regulatoria y supervisora». A diferencia de otros documentos de investigación sobre el cero eléctrico, este sí recoge con detalle las comunicaciones que tuvieron lugar durante los meses y semanas previas al incidente entre los técnicos del gestor y de las empresas, además de los propios audios del apagón.

Sobre la culpabilidad del Gobierno, argumentan que «según la Disposición adicional vigesimotercera de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, el Gobierno mantiene el control sobre la independencia operativa del sistema eléctrico, ya que además de la participación de la SEPI (que tiene el 20% de la empresa) y la limitación sobre otros accionistas que le garantizan el control absoluto sobre Red Eléctrica, se reserva el control jerárquico del operador del sistema a través del veto en el nombramiento de la dirección, garantizándose la tutela directa sobre quien lidera la operación del sistema».

Y sobre la responsabilidad de la CNMC aseguran que «no es un organismo externo que observa el sistema desde fuera. Es parte integrante del andamiaje regulatorio cuyo fallo colectivo permitió que el apagón se produjera. Su responsabilidad no es la de un testigo que no actuó; es la de un actor institucional con competencias específicas que no ejerció en tiempo oportuno (…) La CNMC conocía o debía conocer los riesgos sistémicos que precedieron al apagón, pero no actuó con la diligencia exigible».

Por último, la comisión critica que Red Eléctrica se haya negado a aportar los audios a la investigación y hayan tenido que ser las propias empresas: «La negativa de Red Eléctrica a aportar sus registros de comunicaciones no se ajusta al marco legal aplicable (…) supone, sin duda, una pérdida de la confianza pública en Red Eléctrica como garantes de la seguridad del sistema».

La comisión de investigación fue creada por acuerdo del pleno del Senado de 21 de mayo de 2025 «con el fin de esclarecer las causas del apagón y depurar las eventuales responsabilidades políticas derivadas de un suceso de extraordinaria gravedad». El plan de trabajo fue aprobado el 3 de julio de 2025 y estructuró la investigación mediante la petición de documentación a organismos y entidades afectadas, la celebración de comparecencias, y el análisis de informes técnicos y material reservado.