El retraso de la reforma de la jubilación despierta inquietud en los directivos de ADIF

Hay un asunto que preocupa a determinados responsables del gestor de infraestructuras ferroviarias ADIF: cuándo se aprobará el III Convenio Colectivo. El borrador contempla, entre otras medidas, retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 68 años, como ya ocurre en Renfe, la otra empresa dependiente del Ministerio de Transportes. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, dentro de la compañía hay empleados con funciones de dirección que temen jubilarse antes de que entre en vigor esta prórroga de los contratos.

El convenio actualmente vigente está caducado, aunque se puede prorrogar varios años, según señalan a este medio fuentes internas. De momento, sigue vigente el II Convenio Colectivo de ADIF, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2019 y posteriormente modificado en 2023. La comisión que negocia el nuevo convenio se constituyó en septiembre de 2024. Quien puede dar luz verde a este plan es una de las personas con más poder dentro de la empresa, la directora general corporativa de Gestión de Personas, Estrategia y Seguridad, Concepción Casillas (Conchi, como es conocida en la compañía).

La empresa pública se divide internamente en dos divisiones: el colegio A (donde se encuentran los técnicos y administrativos) y el B (donde está el personal operativo). El convenio busca, principalmente, beneficiar a estos últimos porque ahí se encuentra el granero de votos para los sindicatos si quieren mantener su poder en el comité de la empresa. En marzo del próximo año tendrán lugar las elecciones sindicales en la compañía y actualmente CCOO y UGT son los sindicatos con mayor peso.

El plan que contempla retrasar la jubilación hasta los 68 años afectaría a todos los trabajadores incluidos en el convenio colectivo, tanto del colegio A como del B. La estructura directiva, en principio, quedaría fuera de su aplicación. No obstante, los contratos de directivos que no se rijan directamente por el Estatuto de los Trabajadores ni por el Estatuto Básico del Empleado Público se remiten al propio convenio de la empresa. Además, no existe un modelo contractual único para el personal de la estructura de dirección.

Según ha podido saber este medio, muchos trabajadores del grupo B prefieren seguir en la empresa pública antes que jubilarse y cobrar la pensión. Este colectivo también cuenta con trabajadores con poder dentro del ente ferroviario tras haber acumulado una gran cantidad de años dentro de la empresa, situación que genera contrapoderes. Hace unos meses, en Renfe se planteó la jubilación forzosa precisamente de este tipo de colectivo. En total, 300 empleados, donde había aproximadamente 50 directivos (la vieja guardia de la empresa). Finalmente, se dio marcha atrás tras llevar estos últimos a la Audiencia Nacional este movimiento de la compañía.

Hace unas semanas, UGT informó internamente que en la mesa técnica de empleo del convenio colectivo había alcanzado por mayoría solicitar «la autorización de la máxima tasa ordinaria de reposición, con una tasa específica autorizada de 2.400 plazas adicionales, cuya gestión será plurianual». Por otro lado, «la permeabilidad entre el personal de ADIF y ADIF Alta Velocidad mediante los concursos de movilidad».

También se estableció «la extinción del contrato de trabajo al cumplir los 68 años, siempre que se cumplan los requisitos legales para acceder al 100% de la pensión ordinaria de jubilación contributiva, y cada extinción debería ir vinculada a la contratación indefinida y a tiempo completo de, al menos, una nueva persona trabajadora, favoreciendo así el relevo generacional». También, y de manera excepcional, podría rebajarse la edad de jubilación hasta la edad ordinaria legal en aquellas actividades donde la ocupación femenina sea inferior al 20%. Por último, «y con la finalidad de continuar fomentando el relevo generacional, se mantendrán los procesos de jubilación parcial mientras la legislación lo permita». CCOO, en un comunicado, lo calificó como «avances positivos».