El Ayuntamiento de Madrid renombrará las calles de Largo Caballero e Indalecio Prieto a propuesta de Vox

El Ayuntamiento de Madrid retirará las calles dedicadas a los dirigentes socialistas Francisco Largo Caballero, presidente de la República (1936-1937) durante la Guerra Civil e Indalecio Prieto, al apoyar PP y Ciudadanos una iniciativa de Vox, haciendo uso de la ley de memoria histórica aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En contexto: el dirigente socialista Largo Caballero (1869-1946) fue presidente de la República durante la Guerra Civil, entre septiembre de 1936 y mayo del 37, periodo en el que estuvo al frente además del Ministerio de Guerra, mientras que Prieto (1883-1962), rival de Largo Caballero, fue ministro bajo su presidencia y la de Juan Negrín.

El Pleno municipal ha dado luz verde este martes a la petición de Vox, que PP y Cs han enmendado para que se produjese haciendo uso de la ley de Zapatero y no de la resolución del Parlamento Europeo de septiembre de 2019 sobre memoria histórica. Más Madrid y el PSOE han votado en contra. La capital retirará así la calle Francisco Largo Caballero en el distrito de Ciudad Lineal y su placa en Chamberí y el bulevar de Indalecio Prieto, que se localiza en Vicálvaro, presentes en el callejero desde tiempos de Tierno Galván. Además, insta a que el Gobierno de España retire las estatuas de Nuevos Ministerios.

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado que «personajes siniestros de nuestra historia no deben formar parte de los nombres de las calles y las plazas». «No es revisionismo, es acabar con la mentira histórica», ha defendido.

Desde el PSOE el concejal socialista Ramón Silva ha defendido que la proposición es revisionista e «incita al odio», que Largo Caballero y Prieto fueron «demócratas y antifascistas» que «combatieron la sublevación golpista y fascista» y ha acusado a Vox de ser «criminales ideológicos» que sustentan «al nazismo y el fascismo» en el Ayuntamiento.

La edil de Ciudadanos Sofía Miranda ha defendido que la «ley es igual para todos», para «los criminales de un lado y de otro» y ha pedido entender «lo peligroso de reescribir la historia a base de legislación e ideología». «La Guerra Civil no fue un enfrentamiento de buenos contra malos, ni de pacíficos demócratas contra pacíficos sanguinarios, fue un fracaso colectivo», ha agregado Miranda, imputando a Largo Caballero la «matanza de Paracuellos» o su complicidad con las checas y a Prieto que se disparara «a bocajarro» a los disidentes.

Desde Más Madrid Marta Gómez Lahoz ha expresado su «pudor» por debatir esta iniciativa en medio de la crisis sanitaria y ha asegurado que «los símbolos que pretenden retirar son el espíritu de la concordia de la transición» con la que «PP y Ciudadanos estaban plenamente de acuerdo». «Estamos comprobando qué es lo que están pagando por este apoyo de Vox», ha agregado.

Por parte del PP Borja Fanjul ha asegurado que quien rompió el consenso fue Ahora Madrid modificando 52 calles, algo que no hizo «alguien tan sospechoso como Tierno Galván» que le devolvió su nombre a 27 vías y ha defendido que el PP no hace política con la memoria histórica, sino que da cumplimiento a la ley, al contrario que el PSOE «con el macabro espectáculo del Valle de los Caídos«.

El Consistorio cambiará el nombre de estas calles aludiendo al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que señala que «las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

El Partido Popular y Ciudadanos han unido sus votos a los de Vox para modificar el callejero, tras exigir en la legislatura pasada que los cambios introducidos por al exalcaldesa Manuela Carmena se introdujeran por consenso y con el consejo de un comisionado experto en memoria histórica

En el pasado mandato se aprobó el cambio en la denominación de 52 calles, una decisión traslada a los tribunales por varias organizaciones, incluida la Fundación Francisco Franco, que en primera instancia logró que no se avalase el cambio de ocho calles, aunque la sentencia no es firme.