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Madrid

El fiscal pide que la indemnización a los etarras de la T4 se destine a pagar a las víctimas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha condenado a España a indemnizar a los etarras Igor Portu y Martín Sarasola que atentaron en el aeropuerto T4, que esa compensación sea destinada a pagar la deuda que los terroristas tienen con sus víctimas, informa Efe.

El fiscal pide que la indemnización a los etarras de la T4 se destine a pagar a las víctimas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha condenado a España a indemnizar a los etarras Igor Portu y Martín Sarasola que atentaron en el aeropuerto T4, que esa compensación sea destinada a pagar la deuda que los terroristas tienen con sus víctimas, informa Efe.

En un comunicado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional informa de la petición al citado tribunal europeo para que esas indemnizaciones, 30.000 euros para Portu y 20.000 para Sarasola por los malos tratos infringidos tras su detención, «sean embargadas de inmediato».

Además, la Fiscalía pretende que sean «directamente» imputadas al pago de las responsabilidades civiles declaradas por sentencia firme en favor de las víctimas, o, en su caso, en favor del Estado por los atentados de la T4, ocurridos el 30 de diciembre de 2006, en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos y otras 41 personas resultaron heridas.

Portu y Sarasola fueron condenados en mayo de 2010 como autores de un delito de estragos terroristas, dos delitos de asesinatos terroristas y cuarenta y ocho delitos de asesinato en grado de tentativa, así como al pago de responsabilidades civiles.

En concreto, les condenó a 1.040 años de prisión como autores del atentado de la T-4 del aeropuerto de Barajas, acto por el que la banda terrorista rompió su última tregua.

El alto tribunal europeo falló el martes pasado a favor de los terroristas, que habían recurrido por los malos tratos infligidos durante el arresto, en enero de 2008 en el País Vasco, y por detención incomunicada.

Según el tribunal de Estrasburgo, España vulneró la prohibición de tratos inhumanos o degradantes, que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

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