El Gobierno revisará los delitos sexuales en el Código Penal tras la sentencia de 'La Manada'

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo analizará, a petición del ministro de Justicia, Rafael Catalá, si los delitos sexuales están bien tipificados en el Código Penal de 1995. Una noticia que se produce al día siguiente de hacerse pública la sentencia contra los cinco miembros de ‘La Manada’, condenados a nueve años de prisión por abuso sexual pero absueltos del delito de agresión sexual, lo que ha provocado una gran polémica numerosas manifestaciones en diferentes puntos de España.

El ministro de Justicia se ha puesto en contacto la Sección Penal de la Comisión General de Codificación para valorar si la tipificación de estos delitos «está convenientemente reflejada en nuestro ordenamiento jurídico o si hace falta una actualización de la misma», ha explicado Méndez de Vigo.

Además, el portavoz ha asegurado que el Gobierno» siempre ha estado, está y estará con las víctimas, y por eso el primer pacto de la legislatura ha sido el de la lucha contra la violencia de género».

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— La Moncloa (@desdelamoncloa) 27 de abril de 2018

Respecto a la sentencia, Méndez de Vigo ha recordado que el Ejecutivo siempre «acata y respeta» las decisiones judiciales, aunque ha puntualizado, sobre el caso de ‘La Manada’ que «no se trata de una sentencia firme» y que caben recursos contra ella, como los anunciados este viernes por la Fiscalía de Navarra y el Gobierno de la Comunidad Foral.

Este anuncio llega después de que el Ayuntamiento de Barcelona haya instado al Congreso y al Senado a modificar el Código Penal y de que la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, comentara al valorar la polémica sentencia que «quizá haya que modificar el Código Penal» por considerar que nueve años de prisión son «pocos» para un delito como este.

Firmas para inhabilitar al tribunal de ‘La Manada’

En medio de la gran conmoción social que causó la sentencia, que movilizó a miles de personas en toda España el jueves, se ha puesto en marcha una petición para inhabilitar a los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra que juzgaron a los cinco miembros de ‘La Manada’. La iniciativa realizada a través de la plataforma Change.org ya ha obtenido el apoyo de más de un millón de  personas.

«En un país en el que tenemos un problema de violencia machista tan grave, no podemos permitirnos jueces y magistrados que consideren que para que exista agresión sexual no basta que cinco hombres agredan a una joven indefensa y en estado de embriaguez, a la que posteriormente abandonaron y robaron el teléfono para que pudiera ser auxiliada», dice la petición, iniciada por Alba Mariño, de Santiago de Compostela.

En este sentido, el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha asegurado a través de un comunicado que «el tribunal ha valorado minuciosamente, en relación con los hechos imputados, todos los elementos de prueba aportados por las partes de acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad con la jurisprudencia que resulta de aplicación, siendo éstos los únicos criterios a los que están sometidos los jueces, sin perjuicio de las posibles discrepancias que puedan existir sobre la calificación jurídica de esos hechos, que pueden y deben hacerse valer a través del sistema de recursos establecido en nuestro ordenamiento jurídico».

Lesmes ha señalado que «todas las decisiones judiciales, como emanación de un poder público del Estado, están sin duda sometidas a la crítica pública y en este caso, como en todos, debe respetarse el derecho a la libertad de expresión». No obstante, ha señalado que cuando las críticas consisten en «descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas», se «compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos, debiendo recordarse que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales».

 «Quiero recordar, finalmente, que son los jueces y magistrados el más importante baluarte para la protección y defensa de todas las víctimas«, ha remarcado el presidente del TS y del CGPJ.