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Anna Grau

La sentencia del catalán y el 25% del castellano

«Si nadie les obliga a cumplir las sentencias judiciales, separatistas y PSOE quieren seguir como en estos cuarenta años»

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La sentencia del catalán y el 25% del castellano

Societat Civil Catalana protesta para demandar que se aplique la sentencia del 25%. | Óscar González (Europa Press)

Es posible que en el resto de España no se hayan dado cuenta, porque el resto de España dista mucho del ideal de estar por la labor de hacer su trabajo en defensa de TODAS las lenguas oficiales del país, en lugar de desentenderse del español allá donde convive con otra lengua oficial… ¿Se imaginan que en Cataluña, el Estado no recaudara impuestos o no pagara las pensiones? Pues una cosa así pasa con la obligación del Estado de velar porque se cumpla la Constitución y se acaten las sentencias judiciales en la totalidad del territorio. Que, llegados a Cataluña, hay quien considera políticamente oportuno mirar para otro lado y hacer una «excepción».

Con esa dejadez de algunos, es normal que usted no se haya enterado, si por ejemplo vive en Sevilla, Guadalajara o Valladolid, de que en Cataluña tenemos desde hace décadas un buen follón montado a cuenta de un modelo de monolingüismo por narices, eufemísticamente llamado «inmersión», que en un primer momento se quiso presentar como un amable reequilibrio a favor de la lengua catalana, efectivamente «minorizada», como está de moda decir ahora, bajo el franquismo, pero que a estas alturas es la lengua del poder y de las oligarquías extractivas más insaciables y crueles que se han conocido a este lado del Ebro. Insaciables y crueles pero no muy listas, la verdad: si lo que querían era escuelas monolingües en catalán, tenían que haber permitido que las hubiera también en castellano, en español, y aquí paz y después gloria. Cada cual habría escogido su itinerario, como pasa en otros países, y a correr. Probablemente no habría sido lo ideal para fomentar el bilingüismo (no digamos el trilingüismo), pero al menos no se habrían pisoteado escandalosamente los derechos ni la dignidad de nadie. Muchos docentes, estudiantes y familias no se habrían visto obligados a recurrir a los tribunales en defensa de sus derechos más elementales, que ahora mismo han quedado fijados por la justicia en un mínimo (¡mínimo, señores!) de 25 por ciento de clases en español. Ha sido la única manera de garantizar que el arrinconamiento de los derechos de los castellanohablantes, o simples bilingües sin complejos, no sea radical y total, como se vio en el ofensivo caso de la familia de Canet de Mar.

Bien. Pues ni así. Ni así admite esta gente que su autoproclamado «modelo de cohesión y de éxito» es un carajal de mucho cuidado y es sobre todo incompatible con lo que dice la Constitución, incluso en sus lecturas más perezosas y desganadas. O mejor dicho: sí que lo admiten, porque a toda prisa se han encerrado en los despachos para sacarse de la manga un proyecto de ley que cuadre el círculo de la sentencia judicial, vigente e imperativa, con el hecho de que no les dé ninguna gana de cumplirla. Un equipillo parece ser que liderado por la exconsellera de Educación Irene Rigau y por el mismísimo Salvador Illa, atención a qué dedica el «cap de l’oposició» su tiempo libre, proponen un «ajuste» que, a su modo de ver, hará totalmente innecesario cumplir la sentencia.

¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues según el flamante editorial de El País «Inmersión reforzada», publicado el pasado viernes, 25 de marzo, la propuesta de ley recién registrada por PSC, ERC y Junts (aunque ahora estos últimos amagan con descolgarse), «significa la sustancial normalización del catalán y el castellano en la escuela». «Por primera vez de forma explícita la Ley de Política Lingüística reconoce a los centros escolares la facultad de decidir el uso del castellano para garantizar el pleno conocimiento de ambos idiomas al terminar los estudios de secundaria». Toma ya. Descubren la rueda y el castellano con cuarenta años de retraso.

¿Significa eso que ya no habrá problemas ni pegas para cumplir el mínimo legal de un 25 por ciento en cualquiera de las dos lenguas oficiales? El País empieza por constatar la «incomodidad» (sic) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por tener que «intervenir en una función que no le corresponde» (¡Hala!), pero, siempre según El País, no hay mal que por bien no venga, porque «ha sido la presión de la sentencia la que ha logrado que una amplia mayoría de la Cámara (106 de 135) negociase una reforma que ratifica la coexistencia en las aulas de las dos lenguas mayoritarias que coexisten en Cataluña». Lo dicho: que sin la sentencia, no lo reconocían ni a tiros.

Curiosamente, la misma sentencia que ha forzado dicho reconocimiento tan tardíííío y a cara de peeeerro no se considera imprescindible para garantizarlo y mantenerlo. Al parecer separatistas y PSC creen que bastaba con dar un buen susto a los hispanófobos. Los mismos centros escolares que hasta ahora han consentido, cuando no animado, a que se machaque a cualquiera que pidiera unos mínimos legales de escolarización en español para su hijo, serán de ahora en adelante garantes de que suceda todo lo contrario: «El catalán seguirá siendo la lengua vehicular, mientras que el castellano tendrá garantizada una presencia adecuada en los currículums y en los proyectos educativos». Vamos, la zorra puesta a cuidar de las gallinas. Y sobre todo, de sus huevos.

Si el editorial de El País pasaba de puntillas sobre el vidrioso asunto de si la sentencia del TSJC se va a cumplir o no se va a cumplir, la editorial del diario Ara, órgano preferente del separatismo, ponía la verdad mucho más al desnudo: «El cambio propuesto en la ley lingüística se ha cocinado con discreción durante meses para DESACTIVAR (las mayúsculas son nuestras) las cuotas lingüísticas en la educación». Más claro, el agua: «El acuerdo introduce el castellano como idioma docente, pero reserva el carácter de lengua vehicular para el catalán. Este es el modelo vigente DESDE HACE 40 AÑOS cuando, gracias especialmente a Marta Mata (PSC), el país pudo optar por una escuela común, no por dos líneas de escuela separadas por la lengua. Aquel acierto hizo posible la incorporación de muchos hijos de castellanohablantes al catalán, hecho que hoy continúa siendo imprescindible Y QUE SE PONDRÍA EN PELIGRO CON LA SENTENCIA DEL TSJC QUE OBLIGA A IMPARTIR UN 25% DE LAS HORAS EN CASTELLANO».

En resumen: que quieren seguir como hace 40 años, 40 años más, si nadie les obliga a cumplir las sentencias judiciales. Obviamente el PSC y els Comuns, las expresiones catalanas de PSOE y Podemos, no están por la labor.

¿Hay alguien más? Aparte de nosotros, digo.

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