Cavar en la Fiscalía

Fue a primeros de noviembre de 2019 cuando Pedro Sánchez formuló una de esas frases que se le quedarán pegadas a su biografía como un chicle al zapato. Era en Radio Nacional; no diré el nombre del entrevistador para que esa entrevista no lo persiga como al entrevistado su respuesta. El tema de fondo era la promesa de Sánchez de traer a España al prófugo Puigdemont para ponerlo a disposición de la Justicia.

—¿Y eso cómo lo va a hacer?

—Lo estamos haciendo. La Fiscalía, ¿de quién depende? —preguntó Sánchez en una de sus mayores habilidades, que es preguntar a los preguntadores, como acredita cada miércoles en las sesiones parlamentarias de control.

—Sí, sí —respondió tímidamente el periodista—. Del Gobierno.

—Pues ya está —remató triunfal el okupa de Moncloa.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial, consultado como es preceptivo sobre la idoneidad del nombramiento, lo consideró ‘inidóneo’ por ocho votos contra siete. La causa de la objeción fue que el fiscal general había promovido a la categoría de fiscal de sala a Dolores Delgado, su amiga (o cómplice), anterior fiscal general a quien debía el nombramiento Álvaro García Ortiz, lo que le fue afeado en sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Lo de Sánchez con los fiscales generales es una de las pruebas más acabadas del magreo al somete a las instituciones en general y a la Justicia en particular, dando un paso más hacia el caos en cada nombramiento. Esto es algo que debió de aprender con el tiempo, porque al triunfar la moción de censura que sacó a Rajoy de La Moncloa, en junio del 18, nombró a Mª José Segarra Crespo, que, a pesar de militar en la Unión Progresista de Fiscales, desempeñó el cargo con decencia y nombró a los fiscales de su equipo con criterios profesionales. Quizá por eso mismo, llegó su mandante a la convicción de que no valía y la sustituyó por Lola Delgado, con el brevísimo interregno de Luis Navajas (un mes). Fue muy comentado en su día el ascenso a la Fiscalía General de quien había sido su ministra de Justicia durante el año y medio anterior a su nombramiento.

O sea, que los tres fiscales generales de Sánchez que abocan a la institución al desastre son, por orden de intervención: Dolores Delgado García, Álvaro Gª Ortiz y Teresa Peramato Martín, cada uno de los cuales ha dejado en la carrera unas trazas más infames que las de su predecesor. O predecesora, claro, que no se me olvide el detalle inclusivo. Los tres comparten una creencia que es un prejuicio sin justificación: que el trabajo de la Fiscalía debe estar orientado ideológicamente, escorado hacia la izquierda.

Fue estupefaciente la entrevista que hizo a García Ortiz un sedicente periodista autoerigido en cámara de casación del Tribunal Supremo, el Supremo del Supremo para entendernos, en pie de igualdad con la función que el sanchismo ya ha atribuido inadecuadamente al Tribunal Constitucional. Y si Lola Delgado fue una mala ministra, más veces reprobada en el Congreso que su antecesor popular, Rafael Catalá, batió sus marcas al mando del Ministerio Público. No contenta con eso, dejó el cargo en unas manos que harían bueno su mandato, las de su amigo y secuaz, Álvaro Gª Ortiz, tal como demostró a lo largo y a lo ancho de la entrevista que le hizo el domingo pasado Jordi Évole en su programa de televisión.

Arcadi Espada, que le dedicaba el martes su columna en El Mundo, hacía un introito adecuado: «La noticia no es que Álvaro García Ortiz dejara de ser fiscal general del Estado. La noticia es que Álvaro García Ortiz fue fiscal general del Estado». Don Alvarone fue preguntado por los asuntos que motivarían a un fiscal general de derechas y él respondió que su defensa de la desigualdad entre las personas. No podría serlo por una cuestión ideológica. No contento con ello, acusó implícitamente de prevaricación a los magistrados de la Sala Segunda.

En cada sucesión ha empeorado el cargo. Uno creía que con un tipo al que no consiguió frenar el CGPJ en su resistible ascensión y que luego fue condenado como delincuente por el Supremo ya lo habíamos visto todo, que nada podía ir a peor que con un fiscal general considerado delincuente por el Tribunal Supremo. Y en esto llegó Teresa Peramato Martín, que ha sido definida por Maite Rico como «una especie de Norman Bates vestido de Maripuri».

Peramato ha reventado todas las convenciones del género. En su toma de posesión no se limitó a reconocer el papel de sus predecesoras, sino que se empeñó en expresar directamente «mi reconocimiento, mi respeto y mi admiración y agradecimiento a mi predecesor más inmediato y mi cariño a él y a toda su familia», lo que demostró en el terreno de los hechos, ascendiendo a su mujer, Pilar Fernández Pérez, a teniente fiscal de Galicia, pasando por encima de otros siete aspirantes más cualificados.

No se ha visto un caso parecido desde Chesterton, que planteó en El hombre que fue jueves el apasionante caso de un jefe de Policía que era al mismo tiempo el líder de una banda anarquista. Teresa Peramato se ha tomado su venganza contra todos los fiscales no adictos a García Ortiz, especialmente Almudena Lastra, la fiscal que señaló la filtración del fiscal general. La ha sustituido por Pilar Rodríguez, la Cianuro, 900 puestos por debajo en el escalafón. Naturalmente, ella se opone a la concesión de más beneficios para Aldama por colaborar con la Justicia. De eso se trata, de impedir que los delincuentes cuenten lo que saben, no vayan a nombrar a quien no deben. Peramato está tocando el fondo, pero ella es muy voluntariosa y sigue cavando.