No en Cataluña

No se hubieran atrevido a llevar el crucero con el hantavirus a Cataluña. Sánchez no habría tenido el cuajo de saltarse la autoridad competencial de la Generalitat, como ha hecho con el Gobierno canario. Tampoco se habrían reído del presidente autonómico como han hecho con Fernando Clavijo. Si se hubiera barajado la posibilidad de atraque en Barcelona, Sánchez habría calculado al milímetro el coste electoral y la intensidad del chantaje parlamentario de ERC y Junts antes de tomar la decisión. Y, por supuesto, habría manejado mejor la información: sin materia reservada, sin contradicciones y sin dejar el protagonismo a la incapaz de Mónica García.

Ese patrón es una forma de gobernar. Lo mismo ocurre con la inmigración irregular, la financiación autonómica y las centrales nucleares. Cataluña queda fuera de los cupos urgentes de menores no acompañados (los menas) y no recibe derivaciones masivas de irregulares, a diferencia de Canarias o Andalucía. Sánchez negocia con sus chantajistas catalanes, pero impone al resto de comunidades autónomas la cifra que considera oportuna, sin diálogo ni compensación.

¿Y qué decir de la bilateralidad establecida para Cataluña con la financiación? Desde Moncloa se sientan las bases para una Hacienda catalana prácticamente independiente para decidir quién recauda y quién decide, y, lo más grave, cuánto se comparte. Cualquier principio invocado para justificar este sistema desigual es contradictorio con la forja de un proyecto común cohesionado, igualitario y democrático, el propio de una única nación soberana que busca el bien común. Lógico: la concesión de esa diferencia solo beneficia a Sánchez.

La discriminación existe también en el campo energético. Mientras las centrales nucleares en suelo catalán podrían recibir una excepción o un aplazamiento respecto al disparatado plan de apagado, el resto tiene que echar el cierre. No importa el impacto económico, de precios y empleo, que puedan sufrir otras regiones españolas, como Extremadura, pero sí lo que ocurra en Cataluña.

Nada de esto es casual. Es la consecuencia lógica de un Gobierno que ha sustituido la responsabilidad de Estado por la idea de supervivencia para evitar los juzgados. La cohesión territorial parece así que se ha convertido en un obstáculo, en la pieza a abatir. Y la política nacional se ha subordinado a la aritmética parlamentaria, donde Cataluña no es una comunidad más, sino el origen de los grupos que sostienen a Sánchez y el caladero de votos más importante del PSOE.

«No sabemos qué es España, si una nación, un conjunto de nacionalidades, una patria fiscal, una selección de fútbol o un ‘resort’ asistencial»

Lo peor es que hemos normalizado ese trato preferencial y el relato que lo acompaña. Los electores del PSOE del resto de España, conscientes de que Sánchez los trata como ciudadanos de segunda, siguen votando a su iglesia socialista con auténtica devoción. Es un fenómeno digno de una tesis doctoral: ¿cómo es posible que un elector siga confiando en quien le miente y le relega?

Con Sánchez nos hemos instalado en la indefinición y la interinidad con demasiada tranquilidad. No sabemos qué es España, si una nación, un conjunto de nacionalidades, una patria fiscal, el sello de una selección de fútbol, o simplemente un enorme resort asistencial. El desconcierto llega al punto de que Iván Redondo, que lo mismo te plancha un huevo que te fríe una camisa, para parecer «moderno» afirma que España es un Estado plurinacional sin saber qué tipo de Estado, ni qué naciones lo componen, ni cómo se articula el invento.

Al final, todo parece un cuento de Edgar Allan Poe o de Bram Stoker: un barco errante, cargado con una enfermedad mortal, buscando un país que no sabe quién es ni qué quiere, en manos de un Gobierno egoísta y retorcido. Por eso jamás el crucero del hantavirus habría puesto proa a Barcelona. No por razones técnicas ni sanitarias, sino por pura conveniencia política. Porque conocemos a Sánchez, su ambición y sus miedos.