La militancia de Vox achaca el estancamiento en Andalucía a la falta de estructura orgánica

La preocupación se ha apoderado de la militancia de Vox. Los pronósticos revelan un estancamiento en la intención de voto en las elecciones de Andalucía, que se celebran este domingo. Los expertos sostienen que han seguido una estrategia inusual durante la campaña y que el efecto de Macarena Olona se ha desinflado. Los afiliados consultados por THE OBJECTIVE reconocen esos problemas, pero incluyen en la ecuación la falta de estructura orgánica activa. Se quejan de que en las provincias las decisiones las toma un selecto grupo de dirigentes colocados por la dirección nacional para controlar el partido desde Madrid y que eso disminuye el compromiso de sus miembros.

Santiago Abascal avanzó días antes de que comenzara la campaña que los sondeos internos les otorgaban 26 escaños. La cifra que le valió al PP para alcanzar el poder en la región. Vox mantiene el optimismo en los actos. Sin embargo, algunos dirigentes rebajan sus expectativas en privado. Afirman que superarán los 12 escaños obtenidos en los comicios de 2018, pero que no lograrán doblarlos, como era su intención. Señalan a quienes han diseñado la estrategia electoral y al secretario general del partido, Javier Ortega Smith, que durante años se ha afanado por «colocar a gente de su confianza». Le acusan de crear estructuras débiles.

La apuesta de Vox

Vox hizo una apuesta fuerte en Andalucía con Olona. Los militantes consultados reconocen que hay pocos dirigentes con su valía, pero que le ha penalizado desconocer el escenario. De ahí la importancia de que le acompañe Abascal en sus actos. Hay quien alimenta la teoría de que la abogada alicantina fue desplazada al sur por el incremento de su popularidad, lo que podría ensombrecer a otros líderes nacionales. Olona se ha encontrado además con un PP fuerte. No obstante, en el partido están más preocupados por entrar en el Gobierno autonómico que por alcanzar un número concreto de parlamentarios.

«Nos han recordado que tenemos prohibido hablar con la prensa», se queja un cargo intermedio de la formación. Otro compañero pone el dedo en la estructura, que califica de marcial. «No somos un partido tradicional. Es cierto que se visitan muchos barrios con las mesas informativas, pero siempre van los mismos. Vox no cuenta con una militancia organizada, crítica y reivindicativa». Explica que Madrid se desentiende de ellos y que, en muchas ocasiones, son los afiliados quienes deben costear los actos de su propio bolsillo. «No pintamos nada», se lamenta.

Culpan de ello a la dirección nacional. El partido carece de estructuras regionales, pero admiten que deberían haber permitido que las provincias se desarrollaran de manera natural. «Lo han querido controlar todo, poner a su gente. Son muchos los que, desgastados, abandonan». La formación verde cerró el año pasado con 63.468 militantes, 1.094 más respecto al curso anterior. Siguió creciendo a pesar de que 10.024 personas se dieron de baja en 2021. El balance es positivo porque otras 11.118 decidieron inscribirse durante ese periodo. El partido no ofrece datos sobre su situación en Andalucía. En mayo, la diputada malagueña Patricia Rueda afirmó que su militancia había crecido un 251%, pero no concretó el número de afiliados.

«Hay poca transparencia y muchos intereses. Por eso hay tantas bajas y se dejan de ver ciertos rostros», admite un militante crítico. De hecho, cinco de los 12 diputados de la pasada legislatura no repiten en las listas. Otros dos, Eugenio Moltó y Ana Gil, aparecen en los últimos puestos en la circunscripción de Málaga. Como contó este diario, la salida de la primera coordinadora del grupo parlamentario, Begoña Conde, motivó que este se dividiera en dos.

División entre los parlamentarios

Ocurrió en la primavera de 2019, apenas unos meses después de arrancar. Por un lado se encontraba el grupo de los ocho, cuya labor parlamentaria fue «ninguneada». Por otro, «el sanedrín», como le bautizó Moltó, integrado por tres parlamentarios que gobernaban el grupo con mano firme. No se libraron de los daños colaterales, pues también saltaron chispas entre ellos. Hasta tal punto que, en la recta final de la legislatura, Manuel Gavira relegó a Alejandro Hernández como portavoz.

Una de las diputadas desplazadas fue María José Piñero, que obtuvo el acta por la circunscripción de Sevilla. Una provincia en la que fue como número dos del candidato a la Junta en 2018, el juez Francisco Serrano, que acabó abandonado su escaño en septiembre de 2020. Solo unos meses antes, en febrero, Piñero presentó su dimisión como presidenta provincial de Sevilla. Mantuvo el acta hasta el final de la legislatura, pero su días estaban contados. No ha repetido en las listas. Con ella se han marchado otros, afirman los afiliados consultados por este diario. Lo mismo ocurrió en otras provincias.

A principios de 2020, solo Málaga y Córdoba mantenían dirigentes estables. El resto de provincias se encontraba en manos de gestoras. «Madrid abusó de estas cuando no le satisfacían los comités territoriales», insiste un miembro de Vox. Las primarias se celebraron meses más tarde en aquellas provincias que contaban con más de 500 afiliados, pero fue «un paripé» orquestado por Madrid para poner al frente a personas de su confianza.

En algunas provincias, como Granada, algunos afiliados demandaron a un juzgado que impugnara las elecciones al Comité Ejecutivo Provincial celebradas el 24 de septiembre de 2020 por vulnerar la democracia interna. En Málaga y Jaén, incluso tuvieron que repetirse tras constatarse la existencia de «infracciones de normas internas que han enturbiado el proceso electoral».

«Cercenar la democracia interna»

No fue el único movimiento que denuncian los miembros más críticos de la organización. En febrero de 2019, Vox abolió la elección de sus candidatos públicos en primarias. Todas las citas electorales que se han producido desde entonces ha contado con la designación de la dirección nacional. Una fórmula denunciada por diferentes militantes. El último, el abogado Pedro Muñoz Lorite, al que han denegado medidas cautelares por la designación «a dedo» de Olona.

En abril, la formación verde reformó sus estatutos en una otra asamblea. Con el cambio normativo, los presidentes provinciales pasaban a ser designados directamente por la dirección nacional. El 91% de los militantes que ejercieron su derecho voto refrendó el nuevo texto. Algunos denunciaron a este diario que era un intento de «cercenar la democracia interna». Un dirigente lo tiene claro: «Madrid ejerce así más control sobre los territorios, pero la gente se involucra menos, se cansa y se termina marchando. No todo es el candidato».