La Justicia se opone a investigar a los dueños de Pegasus por espiar a los independentistas

Revés de la Justicia a la estrategia del independentismo en el caso Pegasus. El Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid exige al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que entregue a la Policía Judicial todos los dispositivos móviles en los que presuntamente sufrió 19 ataques con el software espía israelí en 2020. De lo contrario, no se practicarán el resto de las diligencias que el letrado solicitó en una querella de más de 109 folios, interpuesta a principios de mayo, en la que pedía investigar por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos a NSO Group -empresa propietaria de Pegasus-, tres de sus fundadores y dos de sus filiales.

En un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la juez Cristina Díaz Márquez se alinea con la Fiscalía y se opone a admitir a trámite la investigación solicitada por el abogado de Puigdemont contra la empresa israelí, sus propietarios y sus filiales. «Todos los hechos que el querellante mantiene contra los querellados los basa exclusivamente en artículos periodísticos, sin que se acompañe de ningún elemento objetivo, sea de carácter técnico, documental o testifical que sustente las hipótesis o sospechas mantenidas en la querella respecto a los querellados», indica la magistrada en referencia a la extensa querella interpuesta por Boye el pasado 3 de mayo.

El abogado de Puigdemont presentó su denuncia tras la publicación en el medio norteamericano The New Yorker del informe de la organización CitizenLab, el cual asegura que al menos 65 personas vinculadas al independentismo fueron infectadas a partir del año 2017 con el software espía Pegasus. Una polémica que acabaría forzando el cese de la entonces directora del CNI, Paz Esteban. Entre los espiados, según el reporte al que alude la querella, se encontraba el propio Boye. El letrado solicitaba investigar a las mercantiles israelíes Q Cyberg Technologies y N.S.O Group Technologies LTD, así como a su filial luxemburguesa Osy Technologies SARL y los administradores de esas tres sociedades: Niv Karmi, Shalev Hulio y Omri Lavie.

Portazo a investigar a los dueños de Pegasus

Su querella formaba parte de la estrategia de varios políticos de JxCat de presentar un aluvión de denuncias en juzgados de España y otros cuatro países europeos para intentar averiguar qué personas y organismos del Estado español contrataron a la empresa israelí para espiar al independentismo. En una extensa batería de diligencias, Boye solicitaba al juzgado de Madrid que se recaben «todos los datos económicos y bancarios que existan en España respecto a los querellados». También requería que se pidiera al Banco de España un informe de «cualquier transferencia de dinero que se haya realizado desde el sistema bancario español» a favor de NSO Group, sus filiales y sus fundadores.

Nada de esto ha aceptado la juez Cristina Díaz Márquez. La magistrada ha inadmitido parcialmente a trámite la investigación solicitada por el abogado de Puigdemont, y ha hecho suyas las conclusiones de la Fiscalía Provincial de Madrid. «No existe ningún elemento objetivo, sea de carácter técnico, documental o testifical que sustancie las hipótesis construidas en la querella», indicaba el Ministerio Público en su informe sobre el caso, en el que considera «que los hechos que se imputan se ven desprovistos de cualquier elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad».

Una versión con la que coincide la magistrada, al afirmar que «basa exclusivamente en artículos periodísticos» las acusaciones contra NSO Group, sus filiales y sus propietarios. Sin embargo, fuentes cercanas a Boye señalan a este diario, que el abogado de Puigdemont va a recurrir el auto de la juez y va a insistir en solicitar que se investigue a los propietarios del software espía israelí.

Exige a Boye que entregue su teléfono a la Policía

No obstante, la propia juez -en concordancia también con los señalado por el Ministerio Público- ha admitido parcialmente la querella interpuesta por Boye. Acepta investigar la «posible conculcación del derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones» por parte de «otros que deberán ser individualizados a lo largo de la investigación». Para el querellante, lo controvertido de esta admisión a trámite -que también va a ser recurrida- es que la magistrada pone como condición que el abogado de Puigdemont que entregue antes del 20 de julio todos los «terminales de telefonía que han sido objeto de ataque».

En concreto, aquellos que usaba entre enero y mayo de 2020 y el 30 de octubre de ese año, periodos en los que -según la querella de Boye- se producían «relevantes eventos profesionales del querellante como letrado en ejercicio». «Estuvo participando en videoconferencias con el expresident Carles Puigdemont y el expresident Quim Torra, como con otros defendidos, entre los que se encontraban muchos políticos catalanes, así como contactos que mantuvo el querellante con los abogados de Bélgica, Escocia y Alemania con los que llevaba la defensa de políticos catalanes que abandonaron España y se escondieron en esos países», indicaba la querella.

En su auto, fechado el 11 de julio, la juez exige a Boye que remita esos dispositivos al juzgado para que la Policía Nacional pueda realizar un análisis técnico de los aparatos y elaborar un informe pericial «sobre la realidad y constatación de las intromisiones, así como determinar los posibles indicios que puedan ser relevantes para la identificación de los autores». Boye debería entregar a las autoridades judiciales los mismos aparatos que, según CitizenLab, ya habrían sido espiados con Pegasus.

Según el auto, ese análisis pericial permitirá rastrear la trazabilidad de los programas utilizados para el acceso remoto y secreto a los terminales, así como la «cantidad y tipo de datos» extraídos y, en su caso, el «origen y destino de las conexiones así como cualquier otro que pueda servir para esclarecer los hechos». «En cuanto a las demás diligencias de prueba solicitadas en el escrito, se resolverá sobre su admisión o no, una vez obre en las actuaciones el informe pericial requerido», concluye la magistrada.