Feijóo mantiene contratado al bufete que pidió absolver a Bárcenas en nombre del PP

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha decidido que el bufete Baker McKenzie le siga representando en las causas judiciales que le afectan, pese a la polémica que hubo en junio cuando se supo que la formación había presentado un recurso para pedir la absolución del extesorero Luis Bárcenas por las obras en la sede nacional y, de esta forma, intentar revocar la condena del PP como responsable civil subsidiario.

Fuentes ‘populares’ consultadas por THE OBJECTIVE subrayan que se ha dado «un tirón de orejas» al citado bufete para que no se repita el error de presentar un recurso que la actual dirección nacional dijo desconocer. Desde Génova se culpa a los representantes de Baker McKenzie de redactar la petición de absolución de Bárcenas con los «parámetros jurídicos» que le trasladó la anterior dirección de Pablo Casado y que consistían, básicamente, en defender la inocencia del partido en la causa de la ‘caja b’.

Un escrito que no se elevó al equipo de Feijóo ni al comité que pilotó la transición durante el mes de marzo, insisten las citadas fuentes. Pese a esta aparente actuación por libre del bufete, en el PP se quiere pasar página a este controvertido asunto y dar una oportunidad más a los letrados que han llevado sus causas judiciales en los últimos años.

Primer choque entre Feijóo y Casado

El recurso de absolución de Bárcenas, que fue retirado con efecto inmediato por Feijóo en plena campaña electoral de las andaluzas, provocó el primer cruce de reproches entre la anterior y la actual dirección del PP. En el equipo de Casado sentó mal que Génova les señalase por dar el supuesto visto bueno a este recurso.

«Nosotros no dimos la orden de absolver a Bárcenas», subrayó entonces a este periódico un dirigente del núcleo duro de Casado tras unas declaraciones de Esteban González Pons, en las que este último cargó la culpa al equipo del anterior líder del PP de esa estrategia jurídica que, en su opinión, chocaba con la «lógica política».

El vicesecretario de Institucional aseguró que la actual dirección nacional del PP conoció ese recurso «presentado por los abogados del partido», en el que se pedía la absolución de Bárcenas, tras la exclusiva de El País unos días antes del 19-J. El escrito «se redactó en el mes de noviembre», precisó González Pons, y se presentó «ad cautelam tres días antes» del congreso de Sevilla del 1 y 2 de abril que eligió presidente del partido a Feijóo en sustitución de Casado. Es decir, el 28 de marzo.

Luego vendría la confirmación del recurso con fecha de 19 de abril, ya con Feijóo instalado en Génova, si bien al inicio del escrito el procurador aludió a la fecha del 28 de marzo, cuando «esta parte vino a formalizar ad cautelam el recurso de casación que ya había anunciado» contra la sentencia de la Audiencia Nacional.

Este tribunal condenó en octubre a Bárcenas a dos años de cárcel por pagar en ‘b’ más de un millón de euros de las obras de reforma de la sede nacional de los ‘populares’. Una pena que extendió al PP como responsable civil subsidiario de Bárcenas en la cuantía de 123.669 euros por el Impuesto de Sociedades (IS) de 2007 de Unifica, el estudio de arquitectura que se encargó de la remodelación del edificio.

González Pons insistió en junio en las fechas en las que se formalizó el recurso, antes de la llegada de Feijóo a Génova, y aunque admitió que entraba «dentro de la lógica de la defensa de la honorabilidad del partido», porque estaban «convencidos y seguros» de que el partido es «inocente y fue injustamente condenado», lo cierto es que dejó claro que en este caso «la estrategia jurídica choca con la lógica política».

Sin embargo, desde el equipo de Casado se puso en duda que desde Génova se ordenase en noviembre al bufete Baker McKenzie redactar el recurso y, sobre todo, que el primero diese luz verde a finales de marzo a la impugnación ante el Supremo. En este sentido, hicieron hincapié en que en aquel momento el PP se encontraba dirigido por el comité organizador del congreso, a cuyo frente se encontraba el propio González Pons. El mismo argumento que hace unos días se esgrimió con el asunto del pacto firmado sobre el CGPJ.

«El COC era el último responsable en este tipo de decisiones», alegaron desde el equipo de Casado, muy molestos por el señalamiento que se hizo a la anterior dirección nacional en este asunto. Al hilo de ello, recordaron que el exlíder de los ‘populares’ siempre se mostró «sumamente crítico» con las actuaciones de Bárcenas en el pasado y con los casos de corrupción que lastraron las etapas políticas de sus predecesores en Génova.

Por ello, Casado anunció la venta de la sede nacional en febrero de 2021 a raíz de las declaraciones del extesorero durante el citado juicio, esgrimieron desde su entorno. Una operación inmobiliaria que se descartó por completo tras la llegada de Feijóo a Génova al no considerarla prioritaria, tal y como adelantó THE OBJECTIVE en abril.