Un grupo de intelectuales confía en que Page denuncie ante el TC la ley de universidades
Universitaris per la Convivència sospechan de un «pacto» para dejar sin efectos judiciales futuros pronunciamientos políticos a favor de los independentistas
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page | Twitter
El millar de intelectuales y profesores universitarios que suscribieron una carta abierta a senadores y diputados para que la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) proteja explícitamente la neutralidad política de los claustros esperan que Emiliano García-Page cumpla con su palabra de acudir al Tribunal Constitucional si finalmente las enmiendas al Senado no corrigen el polémico artículo que puede abrir la puerta a los pronunciamientos políticos como los que se produjeron en Cataluña a favor del 1-O y los condenados por el procés.
El presidente de Castilla-La Mancha ha expresado públicamente su voluntad de recurrir ante el tribunal de garantías la nueva ley porque sostiene que la norma «no puede amparar que en sus claustros se puedan hacer pronunciamientos ideológicos como sucedió en el proceso de independencia de Cataluña». A su juicio, «se sale del marco constitucional». No obstante, hay que esperar que se apruebe de forma definitiva tras pasar por el Senado.
Quieren una reunión con el ministro
Desde Universitaris per la Convivència han pedido al ministro de Universidades, Joan Subirats, que les reciba para aclarar el artículo de 45.2 g que establece como «función fundamental» del Claustro la de «analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia» después de que en ERC -quien introdujo la enmienda- consideren que el análisis y el debate son una forma de «fijar posición sobre todo aquello que pueda abordarse».
La norma es el resultado de una enmienda transaccionada entre diversos grupos parlamentarios, pero «ha sido interpretada de manera radicalmente distinta por el Ministerio de Universidades y ERC», explican desde Universitaris per la Convivència. Según el departamento que lidera Subirats, esta nueva función del Claustro no incluye la facultad de «posicionarse», dado que precisamente esta facultad, que figuraba en el redactado inicial de la enmienda, fue suprimida durante el trámite parlamentario en el Congreso. En cambio, ERC considera que sí.
Librar a los claustros de consecuencias judiciales
Algunos de los profesores que secundan la carta temen de que haya una suerte de «pacto entre PSOE, Unidas Podemos y ERC» para no aclarar el artículo y, de este modo, echar balones fuera y ganar tiempo a la espera de que el TC se pronuncie. Las recientes sentencias del Tribunal Supremo condenado a los claustros de universidades catalanas, como la Universidad de Barcelona (UB), por «vulnerar la libertad ideológica» con su apoyo al 1-O, consideran que es una «prueba» de cómo ERC busca ahora salir indemne si hay nuevos posicionamientos en la misma dirección.
En la misma línea, y bajo estas sospechas de «pacto», el Gobierno y los dos partidos que la conforman ya les iría bien ponerse de perfil en esta cuestión para no irritar a ERC y, como ha sucedido con la derogación de la sedición y la reforma en la malversación, que este tipo de gestos políticos de los claustros queden sin consecuencias judiciales.
Piden «leyes claras» para no ir al TC
Esta falta de «claridad», advierte la presidenta de Universitaris per la Convivència, Isabel Fernández en conversación con THE OBJECTIVE, puede obligarles a «judicializar» la cuestión, precisamente lo que no quiere el Gobierno tras su pacto con ERC. Por esta razón, piden que antes de llegar a este escenario se apruebe una ley plenamente respetuosa con la Constitución, tal como ha sido reiterada y consistentemente interpretada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
«Nos parece muy grave que el Ministerio y ERC interpreten de enmienda de formas radicalmente distintas. Es exactamente lo mismo que sucedió con el 25% de castellano, que ahora tiene que resolver el Constitucional. Leyes claras y válidas es lo mínimo que los legisladores les deben a los ciudadanos», abunda Fernández.
Su primer objetivo es «hacer la suficiente fuerza para que den marcha atrás», pero tienen muy en cuenta que «voces socialistas, como la de Page», se hayan manifestado. Y, ante la posibilidad de que no se corrija esta ambigüedad en el texto definitivo, confían en que el presidente de Castilla-La Mancha salga a su rescate y que desde el propio PSOE cuestionen la constitucionalidad de la ley.
