Hacienda detecta deficiencias en contratos de Red.es a Barrabés avalados por Begoña Gómez

La adjudicación de contratos por Red.es a empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés, el empresario procesado por el juez Juan Carlos Peinado junto a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se apoyó en la valoración técnica y menos en el precio. Las conclusiones de los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), analizadas por THE OBJECTIVE, sitúan en ese punto el principal foco de riesgo al identificar deficiencias en la aplicación de los criterios evaluables mediante juicio de valor —subjetivos—, carencias en la motivación de las puntuaciones en las adjudicaciones a Barrabés y debilidades en la trazabilidad del proceso seguido por Red.es.

La IGAE, un órgano que forma parte de Hacienda, ha detectado una insuficiente justificación de las valoraciones técnicas, con explicaciones que no permiten entender con precisión por qué una oferta supera a otra. Además, ha constatado falta de desglose en la asignación de puntos, con valoraciones globales que no detallan los subcriterios aplicados. Esta ausencia de detalle en los contratos dados por Red.es a Barrabés dificulta la verificación externa y limita la capacidad de control posterior. A ello se suma una motivación comparativa insuficiente entre licitadores, elemento esencial para garantizar la igualdad en procesos competitivos.

El análisis de los expedientes pone el acento en la forma en que se aplican los criterios técnicos. La evaluación de las ofertas se basó en memorias, metodologías o propuestas que requieren interpretación por parte de los evaluadores. Este modelo, habitual en contratos de carácter tecnológico, exige una justificación reforzada que permita reconstruir el razonamiento seguido. Los informes de la IGAE advierten de que ese estándar de motivación no siempre se acredita en los expedientes revisados. Este es un aspecto clave en las adjudicaciones a Barrabés.

Cartas de recomendación para Barrabés

Las deficiencias señaladas se extienden también a la documentación del procedimiento. Los expedientes presentan carencias en la justificación de determinadas decisiones y dificultades para reconstruir el proceso completo de evaluación. Esta falta de consistencia documental afecta a distintas fases del procedimiento y reduce la capacidad de supervisión por parte de órganos de control, que dependen de la integridad del expediente para evaluar la legalidad y corrección de las adjudicaciones.

En este contexto, la documentación de algunos expedientes incluye cartas de recomendación, entre ellas las de Begoña Gómez, de las empresas de Barrabés. Su presencia no forma parte de los criterios objetivos de valoración definidos en los pliegos, pero se incorpora a expedientes en los que la puntuación subjetiva o técnica tiene un papel relevante en la evaluación de las ofertas. La inclusión de este tipo de documentación se produce dentro de un sistema en el que la valoración cualitativa exige una motivación detallada para garantizar la objetividad del proceso.

El modelo descrito desplaza el foco del análisis hacia la forma en que se aplican los criterios técnicos en los procedimientos de contratación. El precio, como criterio automático y verificable, convive con valoraciones técnicas cuya aplicación requiere un nivel de detalle suficiente para justificar la puntuación asignada. Los informes de la IGAE sitúan precisamente en ese punto las principales debilidades detectadas, al señalar que la documentación no siempre permite reconstruir de forma completa el proceso de evaluación seguido.

Los contratos de Red.es

Este patrón coincide con las advertencias del Tribunal de Cuentas, que en distintos informes sobre contratación pública ha señalado fallos en los mecanismos de control, insuficiencias en la justificación de las adjudicaciones y debilidades en la supervisión de los procedimientos. La coincidencia entre ambos órganos apunta a problemas que trascienden un expediente concreto y que afectan al diseño y aplicación de los sistemas de control en la contratación pública.

Las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre la actividad de Red.es apuntan en la misma dirección. El órgano fiscalizador ha señalado debilidades en los mecanismos de control, deficiencias en la justificación de determinadas adjudicaciones y carencias en la documentación de los expedientes, especialmente en procedimientos vinculados a programas de digitalización financiados con fondos públicos. Sus informes insisten en la necesidad de reforzar la trazabilidad de las decisiones y mejorar la motivación de los criterios aplicados para garantizar la transparencia y la igualdad entre licitadores en este tipo de contratos.

A esta debilidad estructural se añade un elemento relevante desde el punto de vista del control público: la dificultad para auditar decisiones basadas en valoraciones cualitativas. Cuando los criterios dependen de informes técnicos sin un desarrollo exhaustivo, la verificación posterior queda limitada a la documentación disponible, lo que reduce la capacidad de detectar posibles desviaciones. Esta situación incrementa la importancia de una motivación detallada y de un expediente completo, ya que cualquier insuficiencia en la justificación dificulta la rendición de cuentas y el control efectivo del proceso.

Falta de control

El análisis se enmarca además en un contexto de mayor exigencia sobre el uso de fondos públicos. La Fiscalía Europea pretende examinar la gestión de recursos comunitarios en estos contratos. Los adjudicados a Barrabés incluían estos fondos. Este escenario no convierte automáticamente las deficiencias administrativas en conductas delictivas, pero sí eleva los controles sobre el procedimiento y refuerza la necesidad de una documentación rigurosa.

La documentación disponible refleja que el debate no se sitúa únicamente en el resultado de las adjudicaciones, sino en el proceso que las determina. Los informes de la IGAE señalan debilidades en la valoración técnica y en la justificación de las decisiones, en un contexto en el que la correcta gestión de los contratos públicos adquiere una relevancia creciente tanto a nivel nacional como europeo.