Sánchez destina 210.000 euros para 300 test de ADN a familiares de víctimas del franquismo
El Gobierno impulsa las identificaciones de represaliados de la Guerra Civil con las primeras muestras genéticas
Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres en su última visita al Valle de los Caídos. | Pool Moncloa
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha aprobado un contrato de 208.120 euros (IVA incluido) para los primeros 300 test de extracción genética de ADN que se van a hacer con dinero público a familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el posterior franquismo. La empresa adjudicataria es LabGenetics, acrónimo de la empresa Laboratorio de Genética Clínica SL, cuya apoderada es la exportavoz de la asociación de padres y madres de alumnos (Ceapa), Ángela Sesto.
El departamento que dirige Ángel Víctor Torres presupuestó en marzo la licitación en 350.529,74 euros y fijó un plazo de ejecución de dos años, pero tras recibir dos ofertas se decantó por este laboratorio privado fundado en Madrid en 2004 y cuya sede se encuentra en la localidad de San Sebastián de los Reyes. LabGenetics se convirtió en el primer centro de la Comunidad de Madrid en el que sus unidades de genética y obtención de muestras recibieron la autorización sanitaria definitiva de apertura y funcionamiento en dicha región, según resalta en su página web.
Estas muestras de ADN consisten en un «servicio de recogida y procesamiento de muestras bucales» para la extracción de perfil genético. Su coste económico ascenderá a unos 700 euros de promedio en cada caso y los resultados se subirán al «banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura» que el Gobierno puso en marcha con su ley de Memoria Democrática. A cada donante se le tendrá que realizar una doble extracción de material genético, una por cada hisopo, y podrá cotejar sus muestras con la de la de los restos exhumados en los últimos años.
Entre 2019 y 2025 se han recuperado 8.941 cuerpos de fosas comunes de represaliados por el franquismo. Sin embargo, en los registros oficiales solo constaban 70 identificaciones hasta el pasado mes de abril, según Infobae. Por ello, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que dirige Emilio Silva, lanzó recientemente una campaña para exigir explicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez por los retrasos en la obtención de muestras de ADN de familiares de desaparecidos, con el argumento de que el objetivo de las exhumaciones no solo consiste en recuperar los restos óseos, sino en identificar a los desenterrados. El ministerio de Torres alega que el número tan bajo de identificaciones se debe al deterioro genético de los restos por el paso del tiempo y los problemas para encontrar a descendientes directos de los fallecidos hace casi un siglo.
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática publicó en 2020 un monográfico sobre las exhumaciones en España. El informe incluía un dato sorprendente que aportó Fernando Serrulla en su tesis doctoral. Este médico forense sostuvo que solo se había podido identificar genéticamente el 0,2% de las 130.199 personas que estima que fueron asesinadas por el bando sublevado. La ARMH ha realizado más de 350 intervenciones por todo el país, donde se han localizado 2.200 fosas comunes.
España puso en marcha en verano del año pasado el programa Bonaparte, un software para almacenar y cruzar datos de ADN tanto de víctimas del franquismo como de descendientes que buscan a sus familiares desaparecidos. Su gestión está en manos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y depende del Ministerio de Justicia, que adquirió el sistema informático a finales de 2023 para crear el mencionado banco estatal de ADN para quienes sufrieron la Guerra Civil y la dictadura.
La iniciativa está prevista en la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022. Bonaparte es un software desarrollado con fondos públicos europeos creado a petición del Instituto Forense de los Países Bajos. Lo han utilizado diferentes organismos en todo el mundo, entre ellos Interpol. Hasta ahora, solo cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Navarra y País Vasco) disponían de archivos de muestras genéticas de víctimas del franquismo.
La Diputación Provincial de Cádiz, por ejemplo, impulsó en 2022 un proyecto pionero para recopilar de forma masiva muestras genéticas de familiares de represaliados sin esperar a que se abrieran fosas, aunque el porcentaje de éxito es muy limitado. Del ADN se encargó el laboratorio Genyo de la Universidad de Granada (UGR) gracias al convenio que firmó con la Junta de Andalucía en 2018. Esta región es la que cuenta con más fosas comunes en España, con un total de 708, entre ellas la de Pico Reja, en el cementerio de Sevilla, con casi 5.000 cuerpos.