El 'testaferro' de Zapatero accede a colaborar con la Justicia presionado por su familia

Julio Martínez Martínez, el hombre al que la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señala como presunto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, está citado a declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 21 de julio. El empresario ya prepara su declaración, en la que mostrará al juez José Luis Calama su intención de colaborar con la investigación. Lo que está por ver es hasta qué punto, y si su testimonio afectará directamente al expresidente. Martínez, según ha sabido THE OBJECTIVE, ha tomado la decisión de colaborar, aconsejado por su propia familia y por su nueva abogada, la exfiscal María Dolores Márquez de Prado.

Es la persona clave que puede ayudar a los investigadores a unir todas las piezas del puzzle que hoy conforma el caso Plus Ultra. Un conglomerado de tramas e intereses que va mucho más allá del rescate público a la aerolínea hispanovenezolana con 53 millones de euros. Y todos los caminos llevan a Rodríguez Zapatero, a quien la UDEF define como el «líder de una organización criminal» que usaba sus altos contactos políticos para influir sobre ellos y lograr beneficios «ilícitos» a sus clientes. El testimonio de Julio Martínez puede ser definitivo para establecer la conexión de Zapatero con todos los negocios que su testaferro dirigía presuntamente por encargo del expresidente. Y lo que en un principio parecía una lealtad inquebrantable está empezando a resquebrajarse. De momento, Martínez ha tomado la decisión de acudir a la Audiencia Nacional con información bajo el brazo.

Así lo aseguran a THE OBJECTIVE fuentes próximas al entorno del empresario, que aseguran que en las últimas semanas ha estado en contacto directo y constante con su familia. Principalmente con sus hermanos, con quienes le une también un vínculo mercantil. Algunos de ellos, como Manuel, han sido administradores únicos de parte de la veintena de sociedades que —como desveló TO— administra Julio desde una única sede, en una nave industrial en Petrer (Alicante).

Ha sido ese vínculo familiar, según relatan las fuentes consultadas, el que habría convencido al empresario de abrir una línea de colaboración con la Fiscalía buscando su propio beneficio procesal. «Está decidido», indican. Sin embargo, lo que queda por confirmar es el nivel de colaboración al que está dispuesto a llegar: si va a entregar algo que pueda ser determinante para el futuro judicial de Rodríguez Zapatero, con quien no ha vuelto a hablar desde su detención el pasado 11 de diciembre.

El consejo de su entorno familiar, según ha sabido TO, apunta hacia la «colaboración total», sin límites ni ambages. Caiga quien caiga. Pero, al parecer, tiene serias dudas aún sobre si sería conveniente llegar hasta ese extremo. Martínez, tal y como ha trasladado a su entorno, se ha empapado en profundidad de toda la causa, de todos los informes policiales y todas las pruebas incorporadas por la UDEF. Considera que la investigación es muy sólida, pero se agarra a un hecho que, desde su punto de vista, podría ser fundamental para su futuro: los implicados de Plus Ultra, en sus mensajes, se refieren a él como «lacayo». Un subordinado de Zapatero que cumplía simplemente órdenes del «líder de la organización criminal», como los agentes delimitan al expresidente. A su modo de ver, eso rebajaría su responsabilidad. Pero sus allegados no lo ven así.

Cabe destacar que el empresario alicantino rompió a finales de mayo con Bernardo del Rosal y contrató a la abogada y exfiscal María Dolores Márquez de Prado, experta de referencia en materia penal y con un historial de pactos y acuerdos de conformidad con la Fiscalía que desde un primer momento parecía indicar que se iba a explorar la vía de la colaboración. Y según confirman las fuentes consultadas por TO, ese es el consejo que también le ha dado su nueva letrada.

A finales del pasado mes de mayo, el anterior abogado de Martínez anunció que renunciaba a seguir representando al empresario por «diferencias irreconciliables» con su estrategia de defensa. Poco después se conoció la incorporación a su defensa de Márquez de Prado, quien trabajó 17 años como fiscal en la Audiencia Nacional y conoce a la perfección los entresijos del Ministerio Fiscal.

En el pasado, Márquez de Prado defendió a otros acusados que llegaron a pactos con la Fiscalía. Por ejemplo, al actor Imanol Arias, investigado por el caso Nummaria. Logró un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para que el actor, tras reconocer el fraude y abonar lo adeudado, recibiese una pena reducida de dos años y dos meses de prisión que quedó suspendida, evitando así que el intérprete ingresara en la cárcel. También ejerció la defensa de Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, durante el caso Gürtel.

Zapatero, preocupado

Tal y como desveló TO, Zapatero dio por perdido el control sobre su hombre de confianza el pasado mes de mayo, justo antes de que su abogado renunciase a su defensa. El expresidente alberga a día de hoy serias sospechas de que este se encuentre a un paso de sellar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para eludir un horizonte penal extremadamente adverso.

Los movimientos de distanciamiento entre ambos comenzaron a ejecutarse el pasado mes de diciembre, inmediatamente después de que se produjera la detención de Julio Martínez. Fue una maniobra fría, guiada por la estricta cautela y la prevención jurídica, y no porque la relación personal o de negocios se hubiese enfriado en los despachos. La consigna inicial era evitar cualquier exposición pública que alimentara el foco de los investigadores.

Por ello, dejaron de verse con la asiduidad con la que lo hacían habitualmente en El Pardo. Entonces, el expresidente del Gobierno mantenía una tranquilidad absoluta basada en una fe ciega hacia su presunto testaferro. Si algo tenía nítidamente claro el exlíder del PSOE era la fidelidad inquebrantable de su mano derecha. «Sabía que no le iba a fallar», detallan a este periódico personas pertenecientes a su círculo íntimo. Sin embargo, las certezas que sostenían al exjefe del Ejecutivo se desmoronaron con el cambio de abogado.

Conocedor de la situación, Zapatero se desmarcó de cualquier operación de Julio Martínez Martínez en su declaración del pasado 16 de julio ante el juez Calama. Durante el interrogatorio, en el que solo contestó a las preguntas del juez y de su abogado, el expresidente del Gobierno se presentó como consultor internacional, negando así cualquier influencia en el rescate de Plus Ultra, a pesar de los mensajes de terceros haciendo alusión a su mediación que obran en poder de los investigadores.