Andalucía se desmarca del Gobierno y pide a Europa prolongar las ayudas agrícolas

La Junta de Andalucía prepara una reunión para abordar la situación del campo andaluz. El secretario general de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Manuel Gómez, ha encabezado el consejo consultivo informativo para organizar un encuentro con los principales ministros de Agricultura de la Unión Europea.

Andalucía solicitará ampliar el plazo de la «Medida 22» del PDR (Programa de Desarrollo Rural), una ayuda de la Unión Europea ejecutada con el fin de reducir los efectos de los altos costes de producción y la sequía en el sector agrícola, a lo que se suma la disminución de ayudas.

Aunque algunas asociaciones agrarias han celebrado la llegada de precipitaciones en las últimas semanas, los agricultores andaluces no creen que sean suficientes para salvar una «campaña muy castigada»: «Las lluvias llegan tarde y no van a ser capaces de enmendar la situación de muchos cultivos», asegura un agricultor onubense.

Las predicciones de la Junta de Andalucía sobre esta prórroga son bastante favorables. Según una nota de prensa, el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, «parece estar dispuesto a prorrogar esta línea o a articular un mecanismo similar a estas subvenciones excepcionales a la agricultura que se convocaron para ayudar a los sectores más afectados por la guerra de Ucrania».

Costes de producción

El conflicto bélico en Ucrania supuso un «punto de inflexión» para los productores agrícolas. El descenso notable de oferta impulsó los precios hasta cifras nunca antes vistas. El gasóleo, las semillas, los fertilizantes o los fitosanitarios fueron algunos de los bienes más perjudicados.

«Una vez que los precios suben, no vuelven a bajar, aunque las condiciones en el mercado se mantengan», explica a THE OBJECTIVE un productor de cereales sevillano.

Según Eurostat, el precio medio de fertilizantes del suelo agrícola se duplicó en el primer trimestre de 2022 en comparación con el año anterior. La energía aumentó en un 55,6% y otros productos como los cereales o las semillas oleaginosas se dispararon entre un 51,7% y un 21,4%.

Andalucía discrepa sobre las previsiones

Manuel Gómez, secretario general de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se ha desvinculado de las «previsiones optimistas» que el Estado ha transmitido sobre la campaña agrícola.

Más bien, Gómez ha recordado que el panorama que presenta Andalucía es uno de los más adversos en comparativa con las demás comunidades. Al conflicto de Ucrania se le une la falta de precipitaciones: «Un grave desafío en esta región y, un año más, el regadío sigue sin tener dotaciones suficientes para hacer frente a la escasez de lluvias», añade el secretario general.

Colaboración entre administraciones

El secretario general de Agricultura ha recalcado que está haciendo el mayor esfuerzo posible para ayudar al sector, por lo que exige lo mismo al Ejecutivo: «El Ejecutivo andaluz ha llegado al máximo posible en el ámbito de sus competencias esperando que el Gobierno central haga lo mismo en aquellas cuestiones que corresponden a Madrid».

En cuanto a las ayudas de la nueva Política Agraria Común (PAC), fueron 202.124 productores los que percibieron la subvención europea, registrando una cantidad superior a los 785 millones de euros.

Manuel Gómez ha indicado la necesidad de «realizar un profundo análisis territorial y sectorial para conocer las consecuencias de la reforma de la PAC en la renta de los agricultores y ganaderos que, en un momento tan complicado como el actual, se enfrentan además a una reducción de los fondos que venían recibiendo de Bruselas».

Etiqueta de calidad

En torno a las nuevas iniciativas en materia de Agricultura y Alimentación, el secretario general ha subrayado la nueva normativa en la que se obligará a los productores a indicar en la etiqueta de miel el país de origen, así como el porcentaje de procedencia de cada país.

La propuesta proviene tras numerosos fraudes detectados de importación en el sector de la miel. En febrero del año presente, la organización COAG realizó una manifestación en la que denunciaban el incumplimiento de las leyes en el etiquetado y trazabilidad del producto.

El año pasado, según las estimaciones de COAG, España importó de China 7.500 toneladas de miel. Sin embargo, en las etiquetas no aparece de manera definida el origen ni la calidad del producto. En muchas ocasiones, lo que se vende como miel es en realidad un jarabe de sirope de arroz, acusó la organización.

El nuevo proyecto pretende potenciar la producción local y asegurar a los consumidores una mayor garantía del alimento que se está adquiriendo.