Maíllo plantea vetar nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas de Andalucía

Antonio Maíllo quiere convertir la vivienda en uno de los grandes campos de batalla de la campaña andaluza. El candidato de Por Andalucía ha planteado prohibir nuevas viviendas de uso turístico en las zonas declaradas tensionadas y limitar las plazas de alojamiento a 30 por cada 1.000 habitantes, medida con la que busca frenar la presión inmobiliaria en ciudades como Málaga, Sevilla y Granada, donde el acceso al alquiler se ha complicado de forma acelerada en los últimos años.

La propuesta llega en pleno debate sobre el encarecimiento de la vivienda en Andalucía. Comprar es hoy un 10% más caro que hace un año en la comunidad y el alquiler sigue marcando máximos en las capitales más tensionadas, especialmente en Málaga, donde un piso medio ya supera los 1.300 euros mensuales.

Por Andalucía sostiene que la expansión de los pisos turísticos está expulsando a residentes de los centros urbanos y reduciendo la oferta disponible para vivienda habitual. La formación de Maíllo quiere apoyarse en la declaración de zonas tensionadas prevista en la ley estatal de vivienda para impedir nuevas licencias y favorecer, además, la reconversión de parte de esos inmuebles hacia el mercado residencial.

El debate detrás de la restricción

La iniciativa permite abordar el impacto económico de limitar este tipo de alojamientos en una comunidad donde el turismo es uno de los principales motores de actividad.

El informe de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía consultado por THE OBJECTIVE recoge que Andalucía cerró 2025 con ingresos turísticos superiores a los 30.000 millones de euros y con más de 480.000 empleos vinculados al sector. Solo Málaga concentra más de la mitad de las viviendas turísticas registradas en la región, con más de 48.000 inmuebles destinados a este uso.

Algunos análisis económicos advierten de que una restricción severa podría tener efectos sobre la actividad local, especialmente en ciudades altamente dependientes del turismo urbano y vacacional. Estudios de PwC y Exceltur sobre otros grandes destinos turísticos señalan que este tipo de alojamiento ya se ha integrado en la oferta habitual del sector y que su reducción puede afectar al comercio de proximidad, la hostelería o los servicios asociados.

No se trata únicamente de propietarios particulares. Alrededor de este mercado operan empresas de limpieza, mantenimiento, reformas, lavanderías industriales o plataformas de gestión turística. También pequeños negocios de barrio que sobreviven gracias al consumo del visitante.

El sector turístico, por su parte, teme que una limitación estricta como propone el equipo de Maíllo reste competitividad a Andalucía frente a otros destinos internacionales. Sobre todo en el turismo familiar y en el vinculado a congresos o largas estancias, donde este tipo de alojamiento ha ganado peso en los últimos años.

Dudas sobre el impacto en los precios

La gran duda es otra: si prohibir nuevos pisos turísticos servirá realmente para bajar el alquiler. Ahí no existe consenso. Distintos estudios económicos sostienen que el origen de la crisis sigue siendo la falta de vivienda disponible. Varios expertos apuntan además a que se construye menos vivienda de la que demanda el mercado. A eso se suman el aumento de los costes de construcción, la escasez de suelo urbanizable y la lentitud administrativa para sacar adelante promociones residenciales.

BBVA Research lleva tiempo alertando de que la oferta de vivienda sigue muy por debajo de la demanda. Según esos análisis, actuar únicamente sobre las viviendas turísticas difícilmente corregirá la escalada de precios si no aumenta de forma significativa el parque residencial.

La Junta de Andalucía conoce el problema de primera mano. Por ese mismo motivo, los Presupuestos de 2026 destinan un total de 1.223 millones de euros a políticas de vivienda, un incremento del 38,7% respecto a 2025 y casi triplica la inversión realizada en 2018.

La incertidumbre basada en precedentes

Las experiencias en otras ciudades no terminan de despejar las dudas. En ciudades como Barcelona, donde se endurecieron las restricciones a las viviendas de uso turístico en los últimos años, los precios del alquiler continuaron subiendo pese a la reducción de licencias. Parte de esos inmuebles acabaron en alquiler temporal, otros permanecieron vacíos y algunos regresaron al mercado de compraventa.

Los expertos recuerdan además que las viviendas turísticas representan una parte relativamente pequeña del parque total de viviendas, aunque su impacto sí puede ser muy visible en barrios concretos y centros históricos.

Trabas jurídicas y malestar vecinal

La propuesta de Por Andalucía también deja en el aire hasta dónde pueden llegar las Administraciones en la limitación de estas actividades. En Granada, tan solo hace un mes, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló una regulación municipal que restringía pisos turísticos al considerar que modificaba el planeamiento urbano sin seguir el procedimiento adecuado. La resolución evidenció el choque entre regulación urbanística y derecho de propiedad.

Al mismo tiempo, el malestar vecinal ha ido creciendo en algunos barrios especialmente saturados. El aumento de apartamentos turísticos ha cambiado la vida cotidiana de zonas históricas de Málaga, Sevilla o el Albaicín granadino, donde asociaciones de residentes denuncian pérdida de población permanente, subida de precios y sustitución progresiva del comercio tradicional.

Todo eso ayuda a explicar por qué la vivienda se ha convertido en uno de los ejes de la campaña andaluza. El CIS ya sitúa el acceso a la vivienda entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente entre los jóvenes. Los partidos lo saben y resaltan este asunto en sus campañas.

Maíllo busca ahora capitalizar ese malestar con una propuesta de intervención directa sobre el mercado turístico. Ante un problema evidente y compartido por todos los frentes políticos, la izquierda aboga por la prohibición de viviendas turísticas, mientras el Gobierno andaluz insiste en aumentar la oferta con más vivienda protegida y menos trabas urbanísticas.