Nuevo varapalo de Transparencia al Puerto de Valencia por ocultar los gastos de caja y dietas
La resolución le obliga a revelar el destino del dinero público en gastos de representación entre 2023 y 2025
Mar Chao deberá revelar el destino de las dietas y gastos de representación | Rober Solsona / EP
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) redobla la presión sobre el Puerto de Valencia y le ha obligado a facilitar el detalle de sus movimientos de caja de dinero público, incluyendo dietas y gastos de representación, tras constatar una nueva negativa injustificada a entregar información pública.
Se trata de la segunda amonestación en apenas dos meses que recibe el organismo presidido por Mar Chao, lo que consolida un patrón de opacidad en torno a la gestión interna del Puerto. Una dinámica que, además, se produce en paralelo a la reciente denuncia de Compromís ante la Fiscalía contra la dirigente portuaria, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y dos concejalas del Gobierno municipal, por su presunta actuación coordinada en un caso de enchufismo en la contratación de personal público.
La resolución, firmada el pasado 24 de febrero y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, estima la reclamación presentada y ordena la entrega de la información solicitada en un plazo máximo de diez días hábiles, previa anonimización de los datos personales. Transparencia vuelve a dejar claro que este tipo de información sí tiene carácter público y que no puede bloquearse mediante interpretaciones restrictivas de la ley, como ha vuelto a intentar la Autoridad Portuaria.
Es información pública
El núcleo del conflicto gira en torno a una solicitud de acceso a la relación de todos los movimientos de la caja del Puerto de Valencia entre octubre de 2023 (coincidiendo con el nombramiento de Chao como presidenta de la institución) y junio de 2025. Esto incluye pagos menores, dietas y gastos de representación. En definitiva, dinero público.
La Autoridad Portuaria rechazó facilitar esa información alegando razones de confidencialidad y un supuesto perjuicio competitivo. Argumentos que motivaron la reclamación ante el Consejo de Transparencia.
En su resolución, el CTBG es contundente al recordar que estos datos entran de lleno en el ámbito de la rendición de cuentas:
«La información solicitada debe considerarse información pública, al obrar en poder de la Administración y haber sido obtenida en el ejercicio de sus funciones», señala el órgano garante.
El Consejo subraya además que conocer el destino de estos fondos resulta esencial para el control ciudadano del uso de recursos públicos, especialmente en organismos con capacidad de gestión económica propia como las autoridades portuarias.
Rechazo a las excusas del Puerto
La Autoridad Portuaria de Valencia intentó justificar su negativa alegando algunos límites previstos en la Ley de Transparencia, entre ellos la protección de datos personales o posibles perjuicios derivados de la difusión de la información.
Sin embargo, el Consejo vuelve a desmontar esa línea de defensa. En particular, insiste en que estos límites deben justificarse de forma concreta: «No se aprecia la concurrencia de un perjuicio real, concreto y evaluable que permita restringir el derecho de acceso».
Además, recuerda que la ley permite el acceso parcial mediante anonimización, y que este debe prevalecer frente a la denegación total.
Segunda resolución en contra en dos meses
Este nuevo pronunciamiento llega apenas semanas después de que el propio Consejo obligara al Puerto de Valencia a entregar la auditoría de la IGAE sobre su política de personal, una resolución fechada el 1 de diciembre de 2025 y conocida públicamente en enero.
En aquel caso, Transparencia también desmontó los argumentos del organismo presidido por Mar Chao, que había intentado impedir el acceso al informe alegando motivos similares.
El Consejo fijó entonces un criterio claro: las auditorías de la IGAE forman parte del control público sobre la gestión de los organismos y deben ser accesibles.
Lejos de corregir su posición, la Autoridad Portuaria ha vuelto a negar el acceso a otra información sensible, lo que ha derivado en esta segunda resolución en contra en apenas dos meses, algo poco habitual y que evidencia una resistencia sistemática a la transparencia.
Un contexto marcado por la polémica
La reiteración de resoluciones en contra se produce en un momento especialmente delicado. El pasado mes de noviembre, este diario adelantó en exclusiva el contenido de la auditoría de la IGAE, que denunciaba irregularidades en la política de personal, incluyendo posibles casos de enchufismo y vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Aquel informe señalaba procesos selectivos con requisitos restrictivos, falta de controles de integridad y deficiencias en los tribunales de selección. Varias de las plazas analizadas están actualmente judicializadas. Pese a ello, la Autoridad Portuaria mantuvo el documento bloqueado durante meses, hasta que Transparencia ordenó su entrega.
La opacidad como línea de actuación
La nueva resolución refuerza la idea de que la dirección del Puerto ha adoptado una estrategia de cierre frente al acceso a información sensible, tanto en materia de personal como en el ámbito económico.
Que el Consejo haya tenido que intervenir en dos ocasiones en tan corto espacio de tiempo apunta a un problema estructural de transparencia dentro de la institución. A ello se suma la ausencia de explicaciones públicas por parte de la presidenta sobre las polémicas de irregularidades en el organismo, constatadas por ahora por la IGAE, así como la salida de varios directivos.
Obligación de cumplimiento
Con esta resolución, la Autoridad Portuaria de Valencia queda obligada a facilitar el detalle de los movimientos de caja solicitados, incluyendo dietas y otros pagos realizados, en el plazo fijado. Además, deberá acreditar ante el propio Consejo que ha dado cumplimiento a la resolución.
El incumplimiento podría abrir la puerta a nuevas actuaciones en el ámbito administrativo o incluso judicial, en un escenario en el que la presión sobre la gestión del Puerto continúa en aumento.
Lo que ya es evidente es que el pulso entre Transparencia y el Puerto de Valencia ha dejado de ser un episodio aislado para convertirse en una dinámica habitual. Y en ese pulso, el mensaje del órgano garante es cada vez más claro: la opacidad no puede imponerse cuando se trata de dinero público.