El PP sospecha que Martín Villa firmó el indulto a Griñán para que el PSOE deje de perseguirle
La rúbrica del exministro con UCD causa sorpresa en Génova. Los ‘populares’ creen que busca protegerse de la futura ley de Memoria Democrática
Rodolfo Martín Villa, en una imagen reciente. | EFE
La firma de Rodolfo Martín Villa entre las 4.000 personas que apoyan el indulto del expresidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha provocado sorpresa y malestar en las filas del Partido Popular. En Génova están convencidos de que su apoyo a la medida de gracia busca que el PSOE sea benévolo con él en la tramitación de la ley de Memoria Democrática.
Además de históricos socialistas que apoyan el indulto -como Felipe González, Alfonso Guerra y José Luis Rodríguez Zapatero-, desde las filas del PP han pedido el indulto el citado Martín Villa y un pequeño grupo de antiguos dirigentes: el exdiputado Eugenio Nasarre, el histórico exsecretario general del PP andaluz Juan Ojeda, la exdiputada ‘Betina’ Gutiérrez Salmones o el exsenador Juan Manuel Gómez Angulo. Todos ellos están apartados de la primera línea política desde hace años.
La presencia de Martín Villa en la lista ha sido la más incómoda para el PP. El exministro de Interior con UCD durante la Transición tiene aún abierta una causa en Argentina por presuntos delitos de lesa humanidad, si bien la Sala Segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal del país sudamericano acordó en diciembre revocar su procesamiento.
La Memoria Democrática persigue a Martín Villa
En España, la tramitación de la nueva ley de Memoria Democrática le puede afectar ya que, por un lado, el Gobierno pactó con Bildu la puesta en marcha de una comisión para investigar vulneraciones de los derechos humanos cometidas entre 1978 y 1983 a personas que luchaban por la consolidación de la democracia, aunque no se abrirán procesos judiciales sobre los casos posteriores a la primera fecha al entenderse que se pudieron juzgar en democracia.
Más problemático para Martín Villa es el artículo 28 de la citada ley, donde se habla de crear un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática para investigar casos ocurridos «en la Guerra (Civil), la Dictadura, así como el periodo que va de la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución española». Es decir, de noviembre de 1975 a diciembre de 1978.
Desde el PP se ha alertado de que la figura de ese nuevo fiscal está pensada para encausar a Martín Villa por los cinco muertos en marzo de 1976 en Vitoria cuando la Policía dispersó una concentración en una iglesia o por la muerte de Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1978. La juez argentina, María Servini, ya intentó procesarle por delitos de lesa humanidad por este asunto, aunque la ley de Amnistía debería ser suficiente para protegerle.
El propio Martín Villa recurrió en julio a una famosa cita del escritor y filósofo Miguel de Unamuno para arremeter contra la ley de Memoria Democrática. «Podréis vencer, pero no convencer, esto es muy posible que suceda con esta ley, vencerá en el Congreso, pero no convencerá a los ciudadanos», indicó en el seminario La Concordia, la Transición y la Constitución de 1978.
El exministro dio en enero un charla en Madrid en la que defendió su inocencia bajo el título La Transición, mi memoria y la querella argentina. Martín Villa, quien a principios de octubre cumplirá 88 años, alabó los años en los que formó parte del Gobierno y se refirió a ellos como «etapa brillante de la historia de España».
En su alocución, Martín Villa reconoció que pudo «ser responsable político y penal» de los crímenes de los que se le acusa, aunque descartó «un plan sistemático deliberado y generalizado» para eliminar a los contrincantes antifranquistas, tal y como esgrime la acusación por crímenes de lesa humanidad por la que está imputado en Argentina.
«Hubiera sido posible que, en un rapto de locura, hubiera podido ser el autor material. Lo que no era posible es que yo formara parte de algunos Gobiernos, en concreto de la Transición, que urdieron un plan para aterrorizar a los españoles partidarios de un Gobierno democrático», aseguró al explicar la causa abierta por la jueza argentina María Servini.
Martín Villa siempre ha rechazado que la Transición fuese una continuación de la dictadura. «No tiene sentido que use en la querella esa palabra cuando, si la Transición tuvo un enemigo, ese fue el terrorismo». En su opinión, podría haberse amparado en la ley de Amnistía o en la prescripción de delitos (ha pasado casi medio siglo), pero no lo ha hecho porque «era una manera de defender mi honorabilidad».
