El CNI tumba la estrategia de ERC y comunica al juez que no se usó Pegasus con Aragonès
Los documentos desclasificados revelan que los pinchazos fueron mediante intervención telefónica de los terminales
El president de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. | Europa Press
El Gobierno de Pedro Sánchez ha desclasificado tres documentos de carácter secreto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que afectan al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y otros 17 dirigentes independentistas catalanes. Se trata del primer auto en el que se pedía la autorización del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas para intervenir los teléfonos de todos ellos, así como las siguientes dos peticiones de prórroga. La novedad, según fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE, es que en la resolución motivada se dice cómo fueron pinchados los terminales. En concreto, mediante intervención telefónica, pero no con el programa israelí Pegasus
Este dato es relevante en la causa que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona porque descarta el uso del citado software de fabricación israelí y significa que el CNI utilizó el medio clásico de intervención de un terminal. Es decir, entregando a la operadora la autorización judicial para pinchar el teléfono de un sospechoso. En el caso de Aragonès y los otros 17 dirigentes catalanes, en el marco de varias investigaciones sobre el ‘Cesicat’, el llamado CNI catalán, y por estar supuestamente vinculados con Tsunami Democràtic, la plataforma que en octubre de 2019 promovió la toma del aeropuerto de El Prat (Barcelona) en protesta por la sentencia del Supremo contra los líderes del procés.
La exdirectora del CNI, Paz Esteban, no desveló este dato en su comparecencia de mayo de 2022 ante la Comisión de Secretos Oficiales pese a que varios portavoces dieron por sentado ante ella que se había utilizado el sistema Pegasus, diseñado por la empresa israelí NSO Group, contra los dirigentes independentistas, entre los que estaban algunos colaboradores del expresidente Carles Puigdemont, caso de Josep Lluis Alay, quien había tenido contactos con emisarios rusos enviados por Vladimir Putin la víspera del referéndum ilegal del 1-O.
La entonces jefa de los servicios secretos se acogió a la ley reguladora del CNI, que impide revelar las fuentes humanas y los medios técnicos que se utilizan, para no hablar sobre cómo se había producido el pinchazo del teléfono de Aragonès. Además, insinuó la posible autoría de un servicio secreto extranjero si el terminal del entonces vicepresidente de la Generalitat había sido infectado con Pegasus, tal y como aseguraba un informe del colectivo Citizen Lab, vinculado a la Universidad de Toronto.
Ahora, al estar los documentos ya desclasificados, la exdirectora del CNI sí que podrá explicar este extremo cuando comparezca el próximo 26 de enero en calidad de investigada en el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, pero la investigación del magistrado tendrá poco recorrido, a juicio de las citadas fuentes, porque los pinchazos fueron legales y no se hizo uso del sistema Pegasus. «Con estos documentos, (el juez) no va a ningún lado», esgrimen desde el Gobierno, donde ven más relevante que Aragonès no haya entregado el terminal que estaba supuestamente infectado cuando se lo pidió el juez para así intentar determinar quién fue el autor de la intrusión.
El CNI recibió con malestar e incomodidad la imputación de su exdirectora en noviembre, al considerar que la decisión del magistrado estuvo «poco fundamentada». En la sede central de los espías lamentaron que el juez instructor imputase a la exdirectora «sin pruebas» que la incriminen hasta el momento ya que, subrayan las citadas fuentes, no se ha podido probar la acusación de Citizen Lab de que los terminales de Aragonès y otras figuras del independentismo catalán fueron infectados sin control judicial.
El titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona sostuvo en su auto que los hechos denunciados por Aragonès en su querella, por delitos de intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y contra los derechos fundamentales, presentaban características que «hacen presumir la posible existencia de infracciones penales».
Aragonès se querelló contra Esteban y NSO, la empresa israelí propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus, en junio de 2022, si bien el titular del Juzgado número 29 de Barcelona, sobre el que recayó el caso, se inhibió ante la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía, al considerar a este tribunal el competente por ser el presidente catalán una alta institución del Estado. Sin embargo, esta decisión fue revocada en junio del año pasado por la Audiencia de Barcelona, por lo que finalmente el titular del Juzgado 29 asumió el caso.
El Gobierno destituyó a Paz Esteban al frente del CNI en mayo de 2022, a los pocos días de su comparecencia, a raíz de la polémica por el espionaje con Pegasus que alcanzó a más de medio centenar de dirigentes independentistas, así como al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Su cese fue una exigencia de ERC al PSOE para volver a contar con su apoyo parlamentario.
El Gobierno destituyó a Paz Esteban al frente del CNI en mayo de 2022 a raíz de la polémica por el espionaje con Pegasus, que además de Aragonès y más de medio centenar de dirigentes independentistas también alcanzó al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Su cese fue una exigencia de ERC al PSOE para volver a contar con su apoyo parlamentario.
El juez de Barcelona remarcó en su auto que Citizen Lab publicó en abril de 2021 un informe sobre personas del movimiento independentista catalán y de ERC cuyos teléfonos móviles podían haber sido infectados para «espionaje político», entre ellos el de Aragonès. En este sentido, subrayó que el informe de Citizen Lab detallaba que el móvil de Aragonès fue infectado a través de SMS enviados los días 4, 5 y 13 de enero de 2020, cuando era vicepresidente de la Generalitat, y que el informe pericial que se ha presentado en el juzgado «avala» este hecho.
Por este motivo, además de citar a Paz Esteban como investigada, el juez acordó una batería de diligencias, entre ellas librar un exhorto al magistrado del Tribunal Supremo responsable del control judicial del CNI para que certifique si ha autorizado el uso de software de control remoto, monitorización, balizamiento o cualquier fórmula de intervención de las comunicaciones de Aragonès.
