Tomás Ramón Fernández advierte: «La pérdida de consenso ha debilitado el sistema»

El jurista Tomás Ramón Fernández y la catedrática de Economía Ana María Gil Lafuente, académicos de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, respectivamente, han analizado la vigencia de la Constitución de 1978, las tensiones institucionales, reformas que necesitarían abordarse y el impacto económico del marco constitucional. Todo ello, dentro de la sesión celebrada en el Instituto de España en el marco de su ciclo interacadémico anual, que tendrá su última sesión el próximo 7 de mayo.

Tomás Ramón Fernández señaló que, en su opinión, hay dos «temas puntuales» que deberían reformarse de la Constitución. El sistema electoral, «en la medida que lo permita el artículo 68», y el Título VIII, el relativo a la organización territorial del Estado. En cuanto al sistema electoral, que establece como circunscripción electoral la provincial y un sistema proporcional de elección de diputados, «todavía habría mucho que hacer». Y ello, añadió, para sencillamente, «que no tengan la llave de las mayorías las minorías. Eso no tiene sentido», afirmó.

El segundo aspecto de la Constitución que debería reformarse, señaló al respecto el jurista y académico, es el referente al Título VIII para «incorporar» al mismo «aquello que la Constitución no pudo incluir porque se abstuvo de establecer un modelo de Estado» y, a la vez, suprimir los preceptos «que son hoy historia del Derecho y que no tienen aplicabilidad», como los relativos a la aprobación de los estatutos de autonomía o cómo se ejerce el derecho de autonomía.

Consenso y memoria histórica

Junto a ello, destacó que la Constitución vigente es la única que se ha realizado «por consenso» y «para todos los españoles». La Carta Magna, añadió, «ha funcionado razonablemente bien mientras que ha durado el consenso que la sostenía». Pero, en cambio, «la pérdida de ese consenso ha debilitado el sistema y ha abierto una etapa de tensiones institucionales». Una de las leyes que, en su opinión, ha podido contribuir a esa pérdida de consenso ha sido la Ley de Memoria Histórica que promovió Rodríguez Zapatero: «Es la que vuelve a dividir lo que la transición y el consenso constitucional habían unido», brecha que se ha «profundizado» con la Ley de Memoria Democrática impulsada por el actual Gobierno.

Estabilidad institucional y económica

E

Por su parte, la académica y catedrática de Economía Ana María Gil Lafuente destacó la relación entre el marco constitucional, estabilidad económica y desarrollo económico. En este sentido, señaló que la estabilidad institucional es un «activo económico de primer orden».

En este sentido, subrayó la importancia de analizar la Constitución no solo desde su dimensión jurídica, sino también desde su impacto en la eficiencia del sistema económico y en la capacidad del país para afrontar retos estructurales. En este punto destacó la seguridad jurídica como un «factor decisivo para la inversión, la cohesión territorial y la competitividad».