¿Se puede ilegalizar a Bildu? Qué dice la ley sobre la propuesta de Vox

Vox volvió a naufragar este miércoles en su moción presentada en el Senado con la que instaba al Gobierno a pedir la ilegalización de EH Bildu al considerar que la formación vasca «vulnera los principios democráticos, derechos humanos y apoya el terrorismo de forma grave y reiterada».

La iniciativa de Vox recoge que la Ley Orgánica de Partidos Políticos permite promover «la ilegalización de formaciones que apoyen o justifiquen la violencia terrorista» y subraya que tanto el Senado como el Congreso de los Diputados están legitimados para instar este procedimiento ante el Tribunal Supremo.

La votación de la iniciativa no legislativa en la Cámara Alta se saldó con 142 abstenciones, las de los senadores del Partido Popular, y el voto en contra de los 110 senadores presentes del resto de partidos. El PP justificó su abstención recordando las sentencias del Tribunal Constitucional que zanjaron que en España cabe «la defensa de todo tipo de ideas, por execrables que nos parezcan».

¿Es posible ilegalizar Bildu?

El marco legal vigente se centra en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, conocida como Ley de Partidos Políticos. Los expertos en Derecho consultados por THE OBJECTIVE explican que se trata de una normativa que establece requisitos muy concretos, y «con amplio carácter garantista» para proceder a la ilegalización de un partido. La Ley de Partidos, aprobada en 2002, permitió la disolución de formaciones como Batasuna, al considerar acreditada su vinculación estructural con la banda terrorista.

Un año después de su aprobación, esta legislación dio pie a una sentencia histórica del Tribunal Supremo, cuya Sala Especial del Artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permitió declarar la ilegalidad de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna; ordenando su disolución, la cancelación de sus respectivas inscripciones en el registro de partidos políticos, el cese de sus actividades y la apertura de un proceso de liquidación patrimonial de los mismos. Fue en 2003, tras las demandas interpuestas por el Gobierno y el Ministerio Fiscal al amparo de la legislación aprobada un año antes.

Dos décadas después, todo ha cambiado. Para iniciar una ilegalización es necesario que la demanda sea presentada por el Ejecutivo o por el Ministerio Fiscal ante el Tribunal Supremo, que sería el encargado de valorar si concurren las causas previstas en la ley. En las dos últimas legislaturas, EH Bildu se ha consolidado como un socio preferente del Gobierno liderado por el PSOE, apoyando la gran mayoría de sus iniciativas clave. El partido abertzale se ha convertido en un respaldo fundamental del Ejecutivo, apoyando decenas de propuestas legislativas socialistas y convalidando los decretos-leyes emanados del Consejo de Ministros.

De hecho, todos los intentos por legalizar EH Bildu durante las legislaturas dirigidas por el PSOE han caído en saco roto. En 2023, tras conocerse la presencia en las listas electorales de Bildu de decenas de candidatos condenados por terrorismo, Vox y varias asociaciones policiales y de víctimas del terrorismo intentaron promover una ilegalización a la que la Fiscalía, dirigida entonces por Álvaro García Ortiz, dio carpetazo de inmediato.

Desde Vox se basan en la concurrencia de EH Bildu con el entorno de la banda terrorista ETA. Durante la presentación de la moción en la Cámara Alta, la senadora Paloma Gómez se preguntaba: «¿Cómo es posible que los herederos políticos de quienes apretaron el gatillo dicten las leyes de la nación que pretenden destruir? La senadora calificó de «fraude de ley» la presencia de Bildu en las instituciones y apeló precisamente a la Ley de Partidos para iniciar la ilegalización del partido, recordando entre otros aspectos la mencionada presencia en las listas de Bildu de terroristas condenados.

Expertos en derecho constitucional consultados por este periódico coinciden en que la ilegalización de un partido en la España actual «exige pruebas sólidas y actuales más allá de los elementos históricos y políticos». Los juristas recuerdan que en los últimos años la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo y del Constitucional, así como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha ido «limitando» el uso de la Ley de Partidos. «El gran conflicto está en que entra en colisión directa con los artículos 1 y 6 de la Constitución», que recogen el pluralismo político y que «son objeto de la más alta protección tanto constitucional como jurisdiccional» al encontrarse en el Título Preliminar de la Carta Magna.

En este punto radica la principal dificultad jurídica de la propuesta. Desde su constitución en 2011, Bildu -y posteriormente EH Bildu como coalición- ha participado de forma continuada en procesos electorales avalada por resoluciones judiciales incluso del propio el Tribunal Constitucional al no apreciar vínculos operativos con ETA ni una estrategia de instrumentalización de la violencia. Es precisamente esta jurisprudencia en la que se sostuvo la abstención del PP en el Senado ante la moción de Vox.

Algunas de las fuentes consultadas, no obstante, creen que sí se pueden abrir vías para explorar esta ilegalización. Entre ellas figuran el apoyo político a la violencia, la justificación del terrorismo o la vulneración grave y reiterada de los principios democráticos, elementos recogidos por la propia Ley de Partidos. En cualquier caso, señalan que para ello «es necesaria una voluntad política» que, tal y como ha quedado patente en el Senado, no cuenta con la aritmética parlamentaria requerida.

Tampoco para acometer una reforma de los artículos 1 y 6 de la Constitución que permitiera avanzar en este sentido. Esta exigiría el más amplio consenso político para sacar adelante un procedimiento agravado de reforma constitucional, que exige mayorías especiales en las dos cámaras; la disolución de las Cortes y la convocatoria de un referéndum por parte del nuevo parlamento. Un consenso imposible en un poder legislativo absolutamente fragmentado.