Sánchez retrasa la regulación de los 'lobbies' en plena polémica por los negocios de Zapatero

El Congreso de los Diputados suspendió el pasado miércoles, día 24, la reunión de la Comisión de Reglamento que tenía que aprobar el informe de la ponencia sobre una reforma del Reglamento de la Cámara para regular la actividad de los grupos de interés en su relación con los diputados. Una cancelación que sorprendió a los grupos de la oposición, según las fuentes parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE, y que achacan, como posible causa, a la falta de apoyos para sacar adelante el texto, ya que Junts se abstuvo en la votación de la ponencia y podría echarse atrás en comisión. No es esta la única demora en el intento de Pedro Sánchez de regular los lobbies en España, ya que el proyecto de ley que, en este caso, afectaría a las relaciones de los miembros del Gobierno con los grupos de interés, también está paralizado.

El Gobierno no tiene ningún interés en regular ahora la actividad de los grupos de interés en su relación con los dirigentes políticos. En plena polémica sobre las actividades del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y sus sospechas de que pueda haber utilizado su condición de expresidente para ejercer de lobista ante Venezuela o China en distintas operaciones comerciales, ha decidido evitar titulares que le puedan perjudicar.

El Ejecutivo lanzó este debate el 8 de noviembre de 2022 para «combatir» las denominadas puertas giratorias y regular los lobbies, con el objetivo de impedir que un alto cargo realizara este tipo de actividades vinculadas con sus competencias hasta dos años después de cesar en el cargo. El Consejo de Ministros de ese día aprobó el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la entonces ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, afirmó que «con esta nueva normativa España cubre una carencia que tenía nuestro ordenamiento a la hora de transparentar las actividades legítimas de estos grupos de interés».

Entre las medidas propuestas, se contemplaba que los lobbies estarían «obligados a formar parte de un registro oficial gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) y estará disponible en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado y en la página web de la OCI a través de accesos directos identificados y visibles». Además, todo aquel que quiera celebrar reuniones con aquellos miembros de la Administración del Estado contemplados en el anteproyecto deberá estar registrado para ello.

Este anteproyecto de ley no llegó a remitirse al Congreso de los Diputados para su tramitación antes de que acabara la legislatura. Posteriormente, en enero de 2025, el Gobierno volvió a aprobar en Consejo de Ministros este texto, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, que dirige Óscar López, remitido al Congreso y tomado en consideración para su tramitación parlamentaria. Un proceso que permanece paralizado, a pesar de las declaraciones del propio ministro Óscar López que, casualmente, el pasado martes, un día antes de la comparecencia de Sánchez en el Congreso para explicar la corrupción que afecta al Gobierno y al PSOE, desde la mesa del Consejo de Ministros, animó a los grupos parlamentarios a aprobarlo.

En medio del escándalo de casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno y a dirigentes del PSOE, y consciente de que es el propio Grupo Socialista el que lo mantiene paralizado en el Congreso, descargó las culpas en los grupos parlamentarios: «Esa ley está en el Congreso y se puede aprobar mañana. Por favor, apruébenla porque es fundamental». Esta norma se encuentra en tramitación en la Comisión de Hacienda y Función Pública, en el proceso de ponencia ante la falta de acuerdo de los grupos.

Paralelamente a este anteproyecto de ley, los socialistas lanzaron una proposición de reforma del Reglamento del Congreso para incorporar un nuevo Título XIV para la regulación de los grupos de interés en su relación con los diputados, que fue tomada en consideración por el pleno del Congreso de los Diputados el 10 de junio de 2025. Esta iniciativa forma parte del denominado Plan de Acción por la Democracia y se tramita en la Comisión de Reglamento. A fecha de hoy, no hay un consenso para su aprobación definitiva.

Abstención de Junts

En el caso de esta reforma del Reglamento, de repente, este mes de junio la mayoría PSOE y Sumar en el Congreso, según las fuentes parlamentarias consultadas, decide «darle un acelerón» y citan a los grupos parlamentarios para una reunión de la Ponencia el día 16: «Pensábamos que era para empezar los trabajos y el PSOE llega con numerosas transacciones, informe de los letrados con observaciones, que el PSOE dice que lo asume, cosa rara porque nunca suelen hacerlo, y que hay que sacarlo como sea». El informe que presenta el PSOE se aprueba, con el voto en contra del PP y Vox, y la abstención de Junts, que criticó las formas y la incorporación de algunas de sus enmiendas sin ni siquiera habérselo comunicado el PSOE. El Grupo Mixto no pudo votar porque no participó en la ponencia.

Este informe necesitaba la aprobación definitiva de la Comisión de Reglamento, que se convocó para el miércoles 24 de junio, después de la comparecencia de Sánchez, para sorpresa de los grupos de la oposición. «Les vemos con muchas prisas y pensábamos que hasta que no hubiera un dictamen con todo lo que tienen que incorporar, con todas las transacciones y las observaciones de los letrados, iban a tardar tiempo en moverlo. Pero esa misma semana convocan la comisión para aprobar un informe», señalan estas fuentes. El lunes 22 envían a los grupos el informe definitivo y convocan el miércoles 24.

Sin embargo, unos minutos antes del inicio de la Comisión de Reglamento fijada para el miércoles 24, mientras estaban en el pleno, «nos llega un mensaje de la desconvocatoria y nadie nos explica nada». Una de las causas que pueden explicar esta cancelación es que Junts, que se abstuvo en la ponencia, podría votar en contra en la Comisión de Reglamento y tumbar el dictamen final, dada sus malas relaciones con el Gobierno de Sánchez. Esta debilidad parlamentaria ha paralizado, de momento, una de las bazas más importantes con las que jugaba el Gobierno para escenificar que lucha contra la corrupción.