El juez procesa a Borràs por corrupción y deja a la presidenta con un pie fuera del Parlament

La presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, se encuentra en sus horas más críticas desde que ocupara el cargo tras ser procesada por corrupción por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha dictaminado que la política independentista abusó de su cargo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En un auto, el magistrado del alto tribunal catalán Josep Seguí, concluye, una vez finalizadas las últimas diligencias, que hay suficientes indicios para enviar a juicio a Borràs (JxCat) por los delitos de prevaricación, fraude, falsedad en documento mercantil y malversación, por los contratos fraccionados adjudicados a su amigo en su etapa al frente de la ILC, entre marzo de 2013 y febrero de 2017.

A ojos del TSJC, la política conocía que estas actuaciones «entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público, omitiendo una verdadera concurrencia para únicamente favorecer los intereses de Isaías H. en detrimento de la defensa de los intereses generales que debía defender».

De hecho, el magistrado ya acordó el pasado 14 de marzo dejar a un paso de juicio a Borràs, a su amigo Isaías H. y a otras dos personas investigadas en la causa: Andreu P., que facilitó sus datos fiscales para presentar los presupuestos y facturas de los trabajos que haría el amigo de la actual presidenta del Parlament, así como Roger E., trabajador de la institución que supuestamente facilitó la contratación irregular de los 18 proyectos, que sumaron 330.442 euros.

Sin embargo, en abril pasado la sala civil y penal del TSJC ordenó al magistrado Seguí que reabriera la causa, al estimar un recurso en que Borràs pedía más tiempo para defenderse.

Indicios de que Borràs evitó concursos públicos

Una vez reabierto el procedimiento, el juez interrogó en mayo pasado al también investigado Roger E. —que se negó a declarar cuando el caso lo llevaba un juzgado ordinario—, que desveló que Borràs, cuando ya había abandonado la ILC, le pidió que le avisara si los Mossos le pedían información sobre los contratos bajo sospecha.

Según el juez, existen indicios de que Borràs «omitió» una concurrencia pública a los concursos para favorecer los intereses de Isaías H.

El magistrado remarca en su auto que las comunicaciones electrónicas entre Borràs e Isaías H. son «indicios suficientemente sólidos» para demostrar que ambos se concertaron para «defraudar» a la ILC «propiciando unas contrataciones formales de servicios informáticos reveladoras de una vulneración de la especial relación de confianza» surgida a raíz de su nombramiento como directora de la ILC.

El juez detalla que en febrero de 2013 Isaías H. envió un correo a Borràs en que le mostraba su preocupación porque tenía que «hacer facturas por todos lados para cubrir todos los proyectos». «Y la verdad es que se me hace extraño y complicado tener que hacer este ‘trapi’…ya sé que es lo que hay, pero ponte en mi lugar, tener que implicar a varias personas para que me hagan facturas de 3 kilos !!!», añadía Isaías H.

«Estaría bien que me confirmaras si no hay otra manera de hacerlo, digamos más elegante…», insistía Isaías H..

La actual presidenta del Parlament le respondió: «El presupuesto tiene que quedar como si fuéseis profesionales independientes por los totales, que no pueden superar, como ya sabes, los 18.000+IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en distintos paquetes es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar, pues, cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que hay que ir ensamblando conjuntamente».