La Fiscalía intenta tumbar el informe que acusa a Colau de prevaricar en favor de ONG afines
El Ministerio Público pide que el juez fije su criterio sobre el dictamen que concluye que la alcaldesa pudo malversar al regar con subvenciones a entidades sociales
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. | Europa Press
La Fiscalía se opone a ampliar la investigación para esclarecer si Ada Colau cometió irregularidades al regar con subvenciones a entidades sociales afines a su gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona. En un escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Ministerio Público considera de «nulo valor» un informe económico y un dictamen jurídico con los que la acusación popular intenta acreditar que la hasta ahora alcaldesa podría haber cometido delitos de malversación y prevaricación al otorgar a dedo casi 41 millones de euros en subvenciones directas y cesiones de inmuebles públicos a organizaciones como el Observatori de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la organización Ingeniería Sin Fronteras (ESF).
En su último informe remitido al Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, antes de que la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática solicitara prorrogar la causa hasta el próximo mes de diciembre y después de que presentara un escrito para solicitar la ampliación de su querella, la Fiscalía se opone a la práctica de nuevas diligencias y rechaza citar a declarar como investigados a otros miembros del equipo de gobierno de Colau, en tanto que el juez no proceda a emitir «un criterio fijo» sobre «la posible responsabilidad penal de la alcaldesa» en referencia a los hechos investigados.
En el mencionado documento, el Ministerio Público apremia al juez a decidir sobre si da validez procesal al dictamen jurídico aportado por la acusación popular y elaborado por el abogado y exmagistrado del Tribunal Supremo Javier Borrego, del despacho Durán y Durán abogados. En ese documento se concluía que Colau habría podido incurrir en delitos de malversación y prevaricación administrativa en relación con las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Barcelona a cuatro organizaciones sociales afines a la alcaldesa entre 2015 y 2022.
41 millones a entidades afines
Además, la Fiscalía se opone a dar por válido el informe elaborado en 2019 por un exasesor del área económica del Ayuntamiento de Barcelona del partido político Ciudadanos, en el que se asevera que el gobierno municipal de Colau dio a esas cuatro asociaciones afines al menos 40,7 millones de euros durante los tres primeros años de su mandato. «Un informe pericial sobre cuya validez y contenido no se ha pronunciado el Instructor, ni con carácter previo ha expuesto su criterio el Ministerio Fiscal por lo que, aun formando parte de la causa, nulo valor se le puede dar para fundamentar, nada menos, que la ampliación (de la querella) planteada».
En cuanto al dictamen jurídico elaborado por el abogado del Estado y exmagistrado Javier Borrego a petición de la acusación popular, la Fiscalía entiende que en él «se reparten presuntas responsabilidades penales (….) a todo aquel que de una manera u otra tuviera relación con el procedimiento de aprobación de las subvenciones, sin fundamentar mínimamente los hechos que la querellante considera prevaricadores o malversadores».
Como ya adelantó este diario, a pesar de lo que alega ahora la Fiscalía, el dictamen detalla múltiples irregularidades y presuntas ilegalidades en los convenios por los que se aprobaron las subvenciones directas concedidas y abonadas a esas organizaciones vinculadas a la alcaldesa de Barcelona. Y añade que en ninguno de los casos se ha justificado por parte del Ayuntamiento de Barcelona la necesidad de conceder las ayudas económicas a esas entidades sociales por un procedimiento excepcional, sin publicidad ni licitación previa, circunstancia subrayada por los magistrados de la Audiencia Provincial que ordenaron reabrir la causa y anular el sobreseimiento provisional decretado anteriormente por el juez instructor.
La Fiscalía, al lado de Colau
Una vez más, sin embargo, la Fiscalía se pone del lado de la defensa de Colau. Considera que «debe denegarse» la solicitud de ampliar la querella y se opone a imputar a la interventora que firmó los convenios para las subvenciones a las entidades vinculadas al Observatori DESC u otros funcionarios presuntamente involucrados en la aprobación de las ayudas. Tras fundamentar su rechazo, la Fiscalía insiste en pedir al juez que aclare qué «valoración» -a juicio del instructor- «debe merecer la pericial aportada» y «qué tan esencial aparenta ser como base de la ampliación de la querella».
«Tal criterio será especialmente determinante a la hora, no solo ya de continuar con la búsqueda de responsables, sino incluso de dar por terminada la instrucción», señala el Ministerio Público en su último escrito. El documento está fechado el pasado 20 de abril. Unas semanas más tarde, el 1 de junio, la acusación popular solicitaría prorrogar la instrucción otros seis meses, hasta el próximo 29 de diciembre de 2023.
Sin embargo, el juez aún no se ha pronunciado siquiera respecto a si decide o no ampliar la querella o dar por concluida la causa, como parece sugerir la Fiscalía, entre otras razones porque una asociación que preside el exjuez Fernando Presencia ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona la decisión del juez instructor de inadmitir su personación en el caso.
