Los jueces del litoral andaluz estallan tras la crisis de Barbate: «Solo apagamos fuegos»

El narcotráfico y el crimen organizado campan a sus anchas en las zonas costeras. Faltan recursos y personal para afrontar una avalancha de casos. El problema no es nuevo, pero ha estallado después de que dos agentes perdieran la vida en Barbate (Cádiz) tras ser arrollados por una narcolancha. Las asociaciones de guardias civiles han denunciado las condiciones precarias en las que trabajan y a su grito de auxilio se unen ahora los jueces. «La situación es preocupante en el Campo de Gibraltar, pero no solo. Afecta a todo el litoral andaluz. Tenemos la sensación de estar apagando fuegos continuamente», se sincera a THE OBJECTIVE un magistrado de la zona.

La muerte de dos agentes en Barbate el pasado 7 de febrero destapó la falta de medios para hacer frente al narcotráfico y al crimen organizado. «El Servicio Marítimo de la Guardia Civil dispone actualmente de una flota de embarcaciones medias de alta velocidad muy envejecida, ya que la tercera parte de la flota se encuentra en torno a los 20 años de antigüedad, superándolos incluso en algunos casos», reconoce la memoria justificativa elaborada por el Ministerio del Interior para licitar la última compra de patrulleras.

Si en el mar es complicado perseguir a los delincuentes por la falta de medios, el escenario es muy similar en los juzgados, donde el volumen de trabajo es inabordable, señalan los jueces consultados. En Barbate existen dos juzgados mixtos, así que ambos afrontan casos tanto de la jurisdicción penal como de la civil. A esto hay añadirle otros asuntos, como la violencia de género. En el tercer trimestre del año pasado, cada juez tuvo que enfrentarse a una media de 1.008 procesos penales y otros 739 civiles, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sobrecarga en Barbate

«Son cifras inabarcables. La carga de trabajo es inasumible. Se necesita mayor dotación de medios y de personal», reconoce una juez de la zona que prefiere mantener el anonimato. La magistrada explica que sus compañeros de Barbate viven con angustia la situación, que apenas descansan y que están desbordados. «Cada semana entra un juzgado de guardia. Son ocho días en los que deben estar 24 horas disponibles. Un tiempo en el que no se puede avanzar con el despacho ordinario», se lamenta.

Barbate tiene una veintena de presos preventivos cuyas defensas están continuamente solicitando medidas. Son peticiones de gran complejidad técnica que no admiten dilación porque hay una persona privada de libertad y nuestro sistema judicial es garantista. «Hay que dejarlo todo para resolverlo y eso supone que el resto de causas se retrasen en el tiempo», denuncia un juez. «La sensación que tenemos es que estamos apagando fuegos continuamente», se sincera otra.

Esa situación provoca el hastío de los magistrados, que solicitan plaza en otro juzgado en cuanto pueden. «La movilidad es otro de los problemas de la zona. Hay que dotar de estabilidad a los profesionales. Es lógico que en el momento que puedan se marchen, están desbordados por el nivel de estrés, de ansiedad. La gente cambia constantemente y lo hace por salud», reconoce una juez con varias décadas de experiencia.

La enésima mudanza se ejecutará en los próximos días, según ha confirmado el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella. La juez que instruye el caso de los ocho detenidos por la muerte de los dos guardias civiles arrollados por la narcolancha deja el destino. Será el cuarto cambio de juez en Barbate en los dos últimos años.

«Un destino maldito»

Estrella ha calificado este partido judicial como «un destino maldito» al que ahora llega «un chico joven, recién salido de la escuela judicial» que, aventura, en cuanto pueda solicitará otra plaza. Los jueces del litoral andaluz le defienden: «Tiene toda la formación, pero lo que faltan son medios para abordar los asuntos», sostiene una magistrada. Otro compañero destinado a una plaza costera reconoce que quienes piden esos puestos son profesionales de la zona que desean desarrollar la vida en su tierra.

El caso de Barbate es extrapolable a otros juzgados, se lamenta una juez que trabaja en otra ciudad costera. Los problemas principales se concentran en el Campo de Gibraltar (Algeciras, Los Barrios, La Línea de la Concepción o San Roque), pero su ámbito geográfico se extiende a la Costa del Sol, en Málaga, y a diferentes puntos de la provincia de Huelva y Almería.

«Son lugares donde las organizaciones criminales y el narcotráfico cuentan con mucha actividad. Existe también blanqueo de capitales y tráfico de personas. Aunque el foco más problemático está en Cádiz, hay una similitud en la complejidad de los asuntos que se tratan en todo el litoral andaluz. Los juzgados están desbordados, los asuntos requieren mucho tiempo de dedicación y llevamos años reclamando sin éxito más medios y más personal», se queja un juez que sufre el problema cada día.

Denuncia que en el litoral la carga de trabajo en penal es más elevada que en los partidos judiciales de interior, donde la tarea se concentra en la jurisdicción civil. Una realidad que reflejan los datos del último trimestre del año pasado publicados por el CGPJ. En Puerto Real, durante ese periodo cada juez tuvo que hacerse cargo de una media de 458 casos penales, en San Roque de 411, en Algeciras de 392 y en la Línea de la Concepción, 432. Eso solo en la provincia de Cádiz.

Reformular la Audiencia Nacional

En Marbella cada juez trabajó una media de 677 casos penales y, en Torremolinos, 544. En la zona interior de la provincia de Málaga los casos descienden, como en Ronda (311). En el ámbito civil, en cambio, la media de procesos de los que debe hacerse cargo un juez alcanza el millar de casos al trimestre. La situación es muy similar en otras zonas de la costa andaluza.

«En los lugares con menos población las plazas son de menor categoría y se cobra menos. A eso se une a que también hay menos juzgados, se cuenta con menos medios y hay que meter mano a todos los asuntos», denuncia otro magistrado que prefiere mantener el anonimato. Otra compañera que hace unos años voló a una plaza «menos estresante» reconoce que el problema no lo tienen solo los jueces, sino que afecta al resto del sistema: fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios.

Todos los magistrados consultados destacan que es necesario mejorar la organización judicial, estimular la permanencia en los destinos, dotar al sistema de más juzgados y más plazas y separar las jurisdicciones. «Hacen falta soluciones valientes. Reformas que agilicen la congestión», insiste una experimentada juez. En su opinión, también habría que reformular las competencias de la Audiencia Nacional para que asuma las causas sin necesidad de que, como hasta ahora, las organizaciones criminales actúen en dos provincias diferentes.