La Policía Nacional detiene al dueño y al CEO de Plus Ultra

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido este jueves al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la compañía, Roberto Roselli. La operación, ejecutada este jueves, abre un nuevo capítulo en la larga sombra de controversias que rodean a una aerolínea.

La intervención policial, según fuentes conocedoras de la investigación, se produjo a primera hora de la mañana. Los agentes de la UDEF se desplazaron para practicar los arrestos en el marco de unas diligencias que permanecen bajo secreto y de las que, por ahora, no han trascendido más detalles. Los responsables legales de la compañía no han ofrecido por el momento una versión pública sobre los motivos de las detenciones.

Registro de las oficinas de Plus Ultra

Los arrestos se han producido horas después de que la UDEF se personara en la sede de la aerolínea venezolana para registrarla por un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes de la unidad de la Policía Nacional han ido con la intención de recabar documentación, servidores y teléfonos móviles como parte del análisis forense de los dispositivos corporativos en el marco de una investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales. La causa se instruye bajo secreto de sumario por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

Según fuentes policiales, los agentes han accedido a archivos internos y sistemas informáticos de la aerolínea, además han realizado volcados y copias de los datos de los móviles y equipos para analizar comunicaciones y pruebas digitales. La investigación se centra en posibles movimientos económicos sospechosos que podrían estar vinculados a la gestión y uso de dinero público.

El mismo juzgado ya archivó en enero de 2023 la causa

Cabe destacar que este mismo juzgado, el de Instrucción número 15 de Madrid, ya archivó en enero de 2023 la causa en la que se investigaban las presuntas irregularidades en el rescate de 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra durante la pandemia.

En aquel momento, la jueza Esperanza Collazos dictó el sobreseimiento después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara la posición de la aerolínea y dejara claro que no podía declararse investigado al representante legal de la compañía porque ya había transcurrido el plazo máximo de 12 meses que la ley establece para las diligencias de investigación.

En su auto, la magistrada explicó que, con las pruebas que había en la causa y sin posibilidad de practicar más diligencias, existía «una duda razonable» sobre si realmente se había cometido algún delito. Y lo justificó así: los imputados «carecían de capacidad de decisión», ya que la aprobación del rescate correspondió en exclusiva al Consejo de Ministros, el órgano que acordó y concedió la ayuda pública a Plus Ultra. De esta forma, el juzgado cerró entonces el procedimiento al entender que la responsabilidad, en caso de haberla, no recaía en las personas físicas o jurídicas que habían sido denunciadas.

Reapertura de la causa

Sin embargo, la misma jueza es ahora quien ha reactivado diligencias en torno a Plus Ultra y ha vuelto a abrir una investigación que, entre otras actuaciones, motivó este registro policial en la sede de la empresa. Esta reapertura se produce tras un nuevo examen de documentación relevante y tras recibir nuevas aportaciones que llevan a la autoridad judicial a considerar la práctica de nuevas diligencias, como el acceso a servidores y dispositivos.