Rahola, Antelo o una 'youtuber': los casos que evidencian los excesos del delito de odio

El delito de odio, en su concepción actual, existe en España desde 2015, y fue ampliado en 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez para castigar, entre otras cuestiones, el antigitanismo, la aporofobia o el negacionismo. Los críticos de esta norma arguyen que busca un efecto disuasorio sobre el discurso público, silenciando la crítica legítima y condicionando el debate político. Hay numerosos ejemplos en los últimos años que dan la razón a los críticos, siendo el más reciente el que afecta a Pilar Rahola, investigada por la Fiscalía por un presunto delito de odio por sus comentarios políticos sobre el conflicto palestino-israelí.

El caso evidencia los excesos que devienen de la norma. La denuncia contra Rahola se fundamenta en que ha negado que Israel esté perpetrando un «genocidio» contra la población palestina, y en que, supuestamente, la periodista habría contribuido a la «deshumanización» de las víctimas. Entre los ejemplos que figuran en la denuncia está su intervención en una conferencia celebrada en febrero de 2024, en la que Rahola habría «hecho mofa sobre la cantidad de niños palestinos asesinados por las fuerzas armadas de Israel». Los denunciantes, que pertenecen a la Organització Juvenil Socialista (OJS), fueron quienes arrojaron pintura roja sobre la periodista hace dos años.

El de Pilar Rahola, sin embargo, no es el único caso que clama al cielo. Hay otros, como el de la concejal valenciana Cecilia Herrero, de Vox, que se enfrenta a tres años de prisión, solicita la Fiscalía, por publicar mensajes en X contra la inmigración, tales como «no son migrantes, ni inmigrantes. Son invasores», «si vas a África debes vacunarte de mil cosas» o «tanta reconquista para terminar pagándoles la invasión a los moros». También por expresiones como «basta de patrocinar al moro; los recursos nacionales para los españoles», en un mensaje pionero de reivindicación de la prioridad nacional.

Pese a ello, Cecilia Herrero no cuenta con el apoyo de Vox por ser crítica con la dirección nacional, motivo por el que José Ángel Antelo, exlíder de la formación en Murcia, fue expulsado recientemente. Antelo está siendo investigado por la Fiscalía por un presunto delito de odio cometido en verano de 2025, cuando, en pleno conflicto entre nativos e inmigrantes en Torre Pacheco, sostuvo que «toda la violencia que se vive en Torre Pacheco es culpa del PP y del PSOE por financiar y llenar nuestras calles de inmigración ilegal. Con Vox, deportaciones, seguridad y paz en nuestros barrios».

La mayoría de casos polémicos tienen que ver con inmigrantes o con colectivos protegidos, como también es el caso de la abogada y youtuber, Begoña Gerpe, que se fue el año pasado a vivir a Andorra a modo de exilio, denunciando la «persecución» que sufren los creadores de contenido en general, por parte del Gobierno, y ella en particular por parte del colectivo gitano, que le denunció en 2023 por un supuesto delito de discriminación y odio ante la Fiscalía.

«Me voy por miedo. Si me condenan, ya no me puedo ir a otro país a domiciliar mi trabajo. ¿Para qué me voy a quedar? ¿Para qué me cierren el canal, me cosan a impuestos y además no me pueda ir?», sostuvo Gerpe en una entrevista a este medio. En abril de 2023, varias asociaciones gitanas la denunciaron por un vídeo en el que se hacía eco de una violación grupal a una niña de 11 años por parte de cinco romanís. Se titulaba La manada de Badalona de la que Irene no habla, y en él evocaba un suceso que trascendió a los medios de comunicación por su dureza.

En el vídeo, la abogada penalista se limitaba a relatar su experiencia con gitanos: «Yo conozco a los gitanos porque en mi colegio había muchos. Si te llevas bien con ellos, te van a abrir las puertas de su casa, pero nunca te van a considerar como uno de ellos. Si tienes un problema con un gitano, tienes un problema con todos. Ellos se relacionan entre ellos, tienen sus propias leyes y costumbres y no se integran con nosotros». También aseguró tener «miedo» a entrar en un barrio de gitanos.

Otro caso polémico es el del presidente del Parlamento de Baleares, Gabriel Le Senne, también de Vox, que tiene un juicio pendiente por un presunto delito de odio tras romper por la mitad una fotografía de Aurora Picornell y otras mujeres republicanas fusiladas en 1937 durante un pleno parlamentario. El presidente arrancó la imagen de las republicanas que tenía exhibida la vicepresidenta segunda de la mesa, la socialista Mercedes Garrido, en una actuación que para el juez estaba cargada de «rabia, ira y desprecio» hacia ellas. 

Las denuncias por delito de odio, además, son constantes contra los portavoces de Vox. En un caso muy sonado, el portavoz nacional, José Antonio Fúster, fue denunciado por una rueda de prensa celebrada el 29 de julio de 2024 en la sede de Vox, Bambú 12. Desde ahí, Fúster denunció «los efectos desastrosos de la inmigración ilegal», en respuesta a quienes «nos dicen que no se puede relacionar inmigración y delincuencia», mostrando un atestado policial con los detenidos de una noche en Barcelona, la mayoría de ellos con nombres árabes, pero con los apellidos censurados. «¿Notan ustedes algún patrón?», preguntó al finalizar su lectura. La denuncia fue finalmente archivada.

Todos los casos descritos, tanto por opinar sobre el conflicto palestino-israelí, como por criticar la inmigración masiva, como por supuestamente faltar a la memoria de las víctimas republicanas, tienen un nexo común: ser declaraciones inconvenientes para la izquierda política, lo que da argumentos a quienes consideran que el delito de odio pretende condicionar el debate político y público.

Estos casos suelen surgir por denuncias de asociaciones, particulares o de oficio tras publicaciones en redes o declaraciones públicas. La mayoría se centran en inmigración, LGTBI, ideología o conflictos internacionales. Muchos generan polémica porque se discute si son «incitación real al odio» o simplemente opiniones duras/críticas políticas protegidas por la libertad de expresión. Aunque una Circular 7/2019 de la Fiscalía intenta marcar límites, la aplicación sigue siendo controvertida.