Human Rights Watch

Vietnam condena a 20 meses de cárcel a una activista por manifestarse

Un tribunal de Vietnam rechazó este miércoles la apelación a la condena a 20 meses de prisión impuesta contra la activista Can Thi Theu. Can Thi Theu, de 54 años, fue detenida el 10 de junio pasado acusada de alterar el orden público por manifestarse ante oficinas gubernamentales contra la confiscación de tierra y condenada en septiembre por un tribunal de Hanoi. Can Thị Theu, de 53 años, comenzó a residir en Dương Nội, una aldea a las afueras de Hanói, tras casarse con un granjero local. Pero en 2007 el gobierno les quitó sus tierras, y ella se convirtió en una activista por los derechos sobre la tierra. Theu cuenta en Loa, un portal independiente de noticias y podcast sobre noticias de Vietnam, que el gobierno pagó a su familia tan sólo 200.000 đồng (9 dólares estadounidenses) por metro cuadrado, pero en el mercado lo venden a un precio inicial de 31 millones de đồng por metro cuadrado. Es decir, 200 veces más. «Este precio injusto y la dificultad para encontrar trabajo llevan a la gente a la pobreza y al desempleo. Es por eso que nos oponemos al embargo de nuestras tierras. Nos están robando con estos precios», denuncia esta granjera. La legislación de la República Socialista de Vietnam considera las tierras propiedades comunitarias. Esto supone que las tierras de una familia campesina pueden ser confiscadas incluso si han trabajado en ellas durante generaciones.

Organizaciones pro derechos humanos, como HRW, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos y otras, reclaman desde hace tiempo al régimen comunista de Vietnam que ponga fin a los encarcelamientos arbitrarios de activistas y blogueros y libere a todos los presos políticos.

Acusan a Birmania de estar masacrando a la minoría musulmana rohingya

La protestas se producen en medio de enfrentamientos en Rajine, de mayoría rohingya, entre el Ejército birmano y hombres armados. Los enfrentamientos se iniciaron el pasado 9 de octubre y ya han provocado 86 muertos -69 insurgentes y 17 miembros de las fuerzas de seguridad-. El conflicto ha derivado en embargos militares que han llegado a dejar sin alimentos durante un mes a 150.000 miembros de esta minoría, una de las más perseguidas del mundo. El acceso a la información sigue siendo estrictamente restringido a pesar de los llamamientos de expertos de la ONU y grupos de derechos internacionales para que el Gobierno permita a los monitores y periodistas independientes investigar los presuntos abusos cometidos por tropas contra civiles en la zona.

La ONG Human Rights Watch divulgó la semana pasada una serie de imágenes por satélite que muestran más de 400 viviendas de rohingyas arrasadas por las llamas en lo que parece un nuevo episodio de la campaña de persecución y abusos liderada por las autoridades birmanas, a las que han conminado a que investiguen inmediatamente estos incidentes. Por su parte, el Ejército birmano desmiente que esté masacrando a esta minoría.

Críticas por el nombramiento de un alto cargo chino como presidente de Interpol

La elección de Meng se produce mientras el presidente chino Xi Jinping está tratando de dar un impulso a su campaña de cuatro años contra la corrupción, incluido el regreso de ex funcionarios y otros sospechosos que huyeron del país. China aportó en abril de 2014 a Interpol una lista de sus 100 supuestos delincuentes más buscados del país, de los cuales, cerca de un tercio han sido repatriados para enfrentarse a la justicia china.
La acción anticorrupción está liderada por el órgano de control interno del Partido Comunista, el altamente secreto Comité Central para la Inspección y Disciplina, en vez de por la policía, provocando dudas sobre su seguridad y legitimidad. Más de un millón de funcionarios han sido objeto de castigos de diferentes tipos. Además, la Policía china y el sistema judicial han sido criticados por abusos, confesiones bajo tortura, arbitrarias prohibiciones para viajar, desaparición y detención sin cargos de disidentes políticos y familiares de éstos. Todo esto ha provocado reticencias entre muchos países occidentales a la hora de firmar acuerdos de extradición con China o devolver sospechosos buscados por crímenes no violentos.
Dadas estas circunstancias, la elección de Meng es “alarmante”, ha dicho Maya Wang, responsable de un grupo de trabajo con sede en Hong Kong vinculado a Human Rights Watch. “El nombramiento de Meng probablemente anime y fomente los abusos en el sistema”, ha declarado. En parecidos términos se ha manifestado Nicholas Bequelin, director de Amnistía Internacional para Asia Oriental. Meng sustituye en el cargo al frente de Interpol a la francesa Mireille Ballestrazzi, durante los próximos cuatros años. China entró en la organización 1984.

Policías y soldados nigerianos abusaron sexualmente de las chicas retenidas por Boko Haram

HRW también ha explicado que también le han llegado casos en los que los abusos fueron cometidos por líderes de los campamentos y por miembros de los equipos de seguridad encargados de controlar a los insurgentes en estos campamentos. Cuatro mujeres aseguran que fueron drogadas y violadas, y otras 37 afirman que fueron coaccionadas para mantener relaciones sexuales a cambio de falsas promesas de matrimonio y de ayuda económica.
Las mujeres y niñas víctimas de estos abusos vivían en siete campos en Maiduguri, la capital del estado de Borno, donde comenzó el levantamiento de Boko Haram. Un portavoz del ejército se ha negado a hacer comentarios sobre el tema y lo ha dirigido hacia el Ministerio de Defensa. Tampoco se ha podido hablar con los portavoces de la policía nigeriana, que no han podido ser localizados.

La policía de Pakistán es acusada de asesinar ilegalmente a 2000 sospechosos al año

Bajo el eufemismo de «muerte en enfrentamiento» la policía pakistaní justifica las ejecuciones extrajudiciales proporcionando como razones para la violencia que los presuntos delincuentes o terroristas fueron abatidos porque oponían resistencia o mostraban violencia. Sin embargo, el informe de Human Rights Watch asegura que: «En la gran mayoría de estos casos, ningún agente de policía resultó herido o muerto, lo que plantea interrogantes en cuanto a si había realmente un intercambio armado o una amenaza inminente para la vida de la policía u otras personas».

Según recoge The Guardian, oficiales de alto rango de la Policía de Pakistán admitieron a HRW que los métodos violentos se encuentran entre sus prácticas, y que en ocasiones agentes mal equipados y mal entrenados recurren regularmente a la tortura para obtener confesiones. Según la organización de Derechos Humanos: «Tales prácticas han contribuido a hacer de la policía una de las instituciones más temidas de Pakistán».

Leila de Lima, la enemiga de Duterte que investiga los asesinatos de drogadictos en Filipinas

La suspensión de De Lima viene después de que la legisladora presentara la semana pasada ante el Comité de Justicia y Derechos Humanos del Senado a un ex sicario que dijo formar parte de los «Escuadrones de la Muerte de Davao», la localidad de la que el actual presidente ha sido alcalde durante más de dos décadas. Ese grupo de paramilitares llegó a asesinar a más de un millar de traficantes de drogas, adictos, oponentes políticos, militantes islamistas y un periodista. Según el testimonio de Edgar Matobato, de 57 años, permaneció durante 25 años en la nómina de la municipalidad de Dutarte para matar por encargo. Para desligitimar el testigo de De Lima, la Cámara de Representantes de Filipinas le ha acusado de haber recibido sobornos millonarios de narcotraficantes y criminales a cambio de tratos de favor cuando estuvo al frente del ministerio de Justicia, entre 2010 y 2015. «Va a hacer falta algo más que ataques despiadados para acabar conmigo», dijo en su defensa De Lima, considerada una de las principales rivales políticas de Duterte.

Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch (HRW) consideran la suspensión de la legisladora un «intento cobarde de desviar la responsabilidad por el espantoso número de muertos de la abusiva guerra contra las drogas de Duterte».

Acusaciones contra Palestina por perseguir la libertad de expresión

La ONG tiene documentados cinco casos – dos en Cisjordania y tres en Gaza – en los cuales las fuerzas de seguridad palestinas arrestaron o interrogaron a dos periodistas, un activista político y dos músicos de rap por criticar pacíficamente a las autoridades. Cuatro de estos detenidos han denunciado que la policía les torturó o cometió abusos. Las autoridades en Gaza han negado las acusaciones y en el caso de Cisjordania manifestaron que no podían investigar los hechos porque no había ninguna denuncia formal.
Estas acusaciones se producen en el marco de una serie de violaciones de la libertad de expresión que Human Rights Watch lleva documentando en los últimos cinco años, sobre todo, desde mayo de 2015.

Los soldados de la ONU afrontan un nuevo escándalo de asesinatos

«Lo que vi fue cráneos y huesos. No podría decir quién era quién, pero sabía que eran ellos debido a la ropa y a algunas joyas,» ha informado un testigo de la exhumación, quien asegura que fueron asesinados en una base militar cerca del campo en el que fueron enterrados. En septiembre de 2013, una misión de las Naciones Unidas se hizo cargo de las fuerzas de la Unión Africana. Desde entonces, la ONU se ha visto obligada a cesar de su trabajo y enviar de vuelta a sus países a varios soldados acusados de homicidio. «Hasta ahora no ha habido rendición de cuentas ni se ha abierto ningún proceso judicial», ha indicado Lewis Mudge, investigador de la División de África de Human Rights Watch –HRW–. Por su parte, funcionarios militares congoleños aseguran estar investigando los asesinatos, sin embargo, Unión Africana a derivado el caso a la ONU.

En los últimos meses las misiones de paz de la ONU se han visto salpicadas por varios escándalos de abusos a mujeres y menores. El más reciente ha tenido lugar tan solo hace una semana en Sudán del Sur, donde, según testigos, decenas de mujeres y niñas fueron violadas por soldados de Sudán del Sur en las puertas de un campamento de la ONU.

A principios del mes de julio, dos nuevas denuncias por abuso sexual a menores también en República Centroafricana se sumaban a toda una ristra de casos denunciados durante los últimos años.

Denuncian torturas y detenciones arbitrarias a civiles en Ucrania

«Las personas que están siendo secuestradas y escondidas en el este de Ucrania por los bandos enfrentados están a merced de sus captores», afirma Tanya Lokshina, directora general de investigación de HRW para Europa y Asia Central. El informe ‘You Don’t Exist’. Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances and Torture in Eastern Ukraine está basado en entrevistas con 40 víctimas de abusos, miembros de sus familias, testigos, representantes letrados de víctimas y otras fuentes. La mayoría de los casos descritos con detalle en el informe son de 2015 y el primer semestre de 2016. Es el caso de Vadim, de 39 años, que fue detenido y torturado por ambos bandos. En abril de 2015, hombres armados lo secuestraron en un puesto de control atendido por las fuerzas ucranianas, le metieron la cabeza dentro de una bolsa y lo interrogaron sobre sus presuntas conexiones con separatistas apoyados por Rusia, además lo torturaron con descargas eléctricas, lo quemaron con cigarrillos y lo golpearon. Vadim pasó más de seis semanas en cautividad. Sin embargo, su infierno continuó cuando al ser liberado, inmediatamente fue detenido por separatistas pro rusos que sospechaban que había sido reclutado por el Servicio de Seguridad ucraniano durante su cautividad. Estuvo más de dos meses detenido en régimen de incomunicación en una cárcel no oficial en el centro de Donetsk, donde también fue golpeado y sometido a otros malos tratos por sus captores.
En prácticamente todos los casos de los 18 investigados, la liberación de los civiles detenidos fue objeto de negociación en algún momento por parte del bando que los tenía bajo su custodia en el contexto de canjes de prisioneros. Esto da pie a temer seriamente que ambos bandos estén deteniendo a civiles para tener “moneda de cambio” en caso de hacer intercambios de prisioneros, señala Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Más de 400 muertos por la represión de las manifestaciones en Etiopía

El informe de la organización detalla la fuerza excesiva utilizada contra los manifestantes, el maltrato a detenidos y la censura. “Las fuerzas de seguridad etíopes han tiroteado y asesinado a centenares de estudiantes, granjeros y otros manifestantes pacíficos con un descarado desprecio a la vida humana”, ha declarado la vicedirectora para África de HRW, Leslie Lefkow. Yoseph, un habitante de la zona de 52 años, ha declarado: “He vivido allí toda mi vida y nunca había presenciado una represión tan brutal. Detienen y asesinan a nuestra gente de forma regular, pero ahora cada familia aquí tiene al menos a uno de sus hijos detenido”. El régimen autoritario de Hailemariam Desalegn -que no tiene oposición desde el año pasado- canceló el plan urbanístico en enero, pero la represión del Gobierno ha continuado estos meses. HRW ha instado a la comunidad internacional, y a la ONU en concreto, a investigar estos abusos y pedir la liberación de los detenidos. “Los apoyos extranjeros de Etiopía han permanecido callados”, ha lamentado Lefkow.

Veinte millones de personas pobres beben agua con arsénico en Bangladesh

De acuerdo con un informe publicado por el organismo, el país ha sido «incapaz» de tomar las medidas necesarias para eliminar esta contaminación que acaba con la vida de cerca de 43.000 personas cada año, en su mayoría de las zonas más rurales. «Las razones de la persistencia de esta tragedia se deben a un mal gobierno», ha criticado uno de los investigadores. «La situación es casi tan mala como hace 20 años, cuando descubrieron la alteración de la composición química del agua», ha agregado.

Bahrain tortured detainees years after the 2011 protests

The report’s findings are based on the interviews of 14 detainees who claim to have suffered physical abuse. Some of them claim to have been subjected to electric shocks and sexual abuse. In 2011, Bahrain registered major disturbances of the Shiite majority that demanded the Sunni monarchy ruling the country for more political freedom.

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