
El sorbete de champán debe saber a champán, considera la justicia europea
Los postres denominados ‘sorbete de champán’ pueden venderse con esa calificación sin que eso suponga un perjuicio para la denominación de origen

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La justicia europea falla contra Uber y le obliga a operar bajo licencia

La Comisión Europea ha denunciado a la República Checa, Hungría y Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no cumplir sus cuotas de acogida de refugiados. Bruselas acusa a estos tres países de no haber cumplido las cuotas del programa temporal de relocalización de urgencia de refugiados desde Italia y Grecia.

La Comisión Europea ha pasado nuevamente a la ofensiva este miércoles contra la optimización fiscal en el bloque de los gigantes estadounidenses de internet, con las prácticas de Amazon en Luxemburgo y las de Apple en Irlanda en el punto de mira. El ejecutivo europeo ha urgido por una parte a Luxemburgo a cobrar a Amazon unos 250 millones de euros de ventajas fiscales indebidas y, por otra, ha decidido llevar a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por dejar de recaudar de Apple unos 13.000 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto-Ley por el que se reforma el sistema de compensación equitativa por copia privada, o canon digital, para adaptarlo a la jurisprudencia europea. El nuevo modelo aprobado hoy hace que el pago de la copia privada recaiga en los fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción. También exceptúa del pago a las personas físicas y jurídicas que justifiquen el destino profesional de los equipos y soportes adquiridos, y a las entidades integrantes del sector público. Para gestionar la facturación de la compensación equitativa por copia privada a los fabricantes y distribuidores, las entidades de gestión deberán constituir una persona jurídica que, además, será la responsable de gestionar las excepciones del pago y los reembolsos.

La sentencia se aplica específicamente a los trabajadores sin una oficina fija, como muchos electricistas, trabajadores sociales, y representantes de ventas, y afectará a millones de empleados del sector público y privado en toda la Unión Europea. El fallo se debe a un caso legal originado en España que implica a Tyco, una compañía que instala sistemas de seguridad. Tyco cerró sus oficinas regionales en 2011, por lo que los empleados tuvieron que viajar desde su casa a las citas de trabajo. Según la resolución del TJUE, que los trabajadores tengan que soportar la carga de la elección de su empleador sería “contrario al objetivo de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores perseguido por la Directiva 2003/88, en el que se inscribe la necesidad de garantizar a los trabajadores un período mínimo de descanso.”
Esta se une a otras sentencias que desde Europa llegan ocasionadas por la precariedad laboral en España, país del que han salido varias denuncias que han llevado al TJUE a dictaminar, por ejemplo, que es ilegal encadenar contratos temporales de forma sucesiva para cubrir una vacante, refiriéndose al caso de una enfermera española contra el Servicio Madrileño de Salud.