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El expresidente boliviano Sánchez de Lozada, condenado por ejecutar extrajudicialmente a ocho familias indígenas

Un tribunal de Estados Unidos ha condenado este martes al expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada por cometer, durante los disturbios que tuvieron lugar en 2003 en el país, ocho ejecuciones extrajudiciales de indígenas aymara, un pueblo originario de América del Sur asentado en la meseta andina del lago Titicaca desde tiempos precolombinos. Gonzalo Sánchez deberá indemnizar con 10 millones de dólares a familiares de los fallecidos.

El expresidente boliviano Sánchez de Lozada, condenado por ejecutar extrajudicialmente a ocho familias indígenas

Un tribunal de Estados Unidos ha condenado al expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada por cometer ocho ejecuciones extrajudiciales de indígenas aymara, un pueblo originario de América del Sur asentado en la meseta andina del lago Titicaca desde tiempos precolombinos. Gonzalo Sánchez deberá indemnizar con 10 millones de dólares a familiares de los fallecidos en los disturbios ocurridos en el país en 2003.

Los disturbios durante los que se produjeron las ejecuciones ocurrieron entre septiembre y octubre de 2003, en un episodio conocido como la guerra del gas. Estos forzaron la huida del entonces presidente, Gonzalo Sánchez, y facilitaron el ascenso al poder en 2006 del aymara Evo Morales.

Los diez miembros del jurado llegaron a esta conclusión en su sexto día de deliberaciones, en un proceso que comenzó el 5 de marzo en un tribunal federal en Fort Lauderdale, Florida, y que perseguía, no solo a Sánchez de Lozada sino también a su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín. Ambos exaltos cargos han sido identificados como responsables de las ejecuciones, aunque no se les ha imputado delito de homicidio imprudente, pese a las reclamaciones de los familiares de los ocho bolivianos muertos, que exigían indemnizaciones por dicho delito, además de por «matanzas extrajudiciales y crímenes contra la humanidad«.

 

Sánchez de Lozada ha sido el primer expresidente en ir a juicio en Estados Unidos por violación de los derechos humanos, según ha informado Center for Constitutional Rights, la ONG que representa a los demandantes. El juicio ha podido celebrarse gracias a una ley estadounidense que permite procesar civilmente a acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales, aunque todas las partes sean extranjeras y el supuesto crimen se haya cometido en el exterior del país, informa AFP.

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