El escrache: ¿un arma de doble filo?

«¡Mi pueblo se muere, los están matando! ¿Dónde están los derechos?”, increpó una mujer, mientras otra alzaba una bandera tricolor, al Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, interrumpiéndole cuando ofrecía a inicios de mayo una conferencia sobre derechos humanos. El reclamo le alcanzaba a unos 10.500 kilómetros de distancia de Caracas, donde multitudinarias marchas habían sido reprimidas brutalmente al intentar en vano llegar hasta su oficina para solicitarle que interviniera ante la grave crisis que asola el país sudamericano. En medio de una muchedumbre apostada frente al hotel cinco estrellas donde se hospedaba en Beirut, también una libanesa venezolana provista de un altavoz le gritó: “Ustedes no se van a escapar. Vayan donde vayan, van a escuchar a los venezolanos en todas partes del mundo”.

De Beirut a Madrid, de Bondi Beach a Berna, de Barcelona a Miami, esta afirmación se ha convertido en un fantasma que persigue por doquier a dirigentes y exfuncionarios del gobierno que de la mano de Hugo Chávez se ha instaurado en Venezuela desde 1999.

Utilizado en la España de nuestros días contra la llamada casta por Podemos, el escrache es el instrumento del que hoy se sirven algunos de los casi 2 millones de venezolanos que han emigrado en los últimos 18 años como modo de sumarse a las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro, a quien tachan de dictador.

 

Nacido en los países del Cono Sur, el escrache se ha convertido en un fenómeno cada vez más extendido de la cultura política. Ya en 2013 la Fundación del Español Urgente lo eligió como palabra del año cuando este “término que alude a las manifestaciones convocadas frente a los domicilios de políticos y otros personajes públicos” ocupó las primeras planas de toda España debido a las singulares protestas llevadas a cabo por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

“Es una palabra con un origen no del todo cierto, pero muy interesante, que ha llegado al español de España desde el de Argentina y Uruguay, y que se convirtió en protagonista de la actualidad y en el centro de una polémica en la que se cruzaban los elementos lingüísticos y los políticos”, había explicado el director general de la Fundéu BBVA, Joaquín Muller.

Este acto de repudio surgió a mediados de la década de los noventa en Argentina para desenmascarar y sacar del anonimato a todos aquellos que participaron de la represión militar y que continuaron sus vidas como si nada, amparados en la figura del indulto.

“Si no hay justicia, hagamos que el país sea su cárcel”, era la consigna que repetía la asociación de derechos humanos Hijos, que agrupa a los descendientes de los desparecidos y demás víctimas de la férrea dictadura cívico-militar argentina de los años setenta y ochenta.

 

A la caza de ladrones

Bastó que un cliente de la panadería Don Pan, de la ciudad de Doral, reconociera a Eugenio Vásquez Orellana, un exministro del gobierno de Chávez y expresidente del Banco de Venezuela que reside en el estado de Florida (Estados Unidos), para que se multiplicaran los insultos tales como “ladrón” y “rata” hasta que, al reclamo de “fuera, fuera, fuera”, lograran se retirara del lugar al que fue a desayunar el pasado 14 de mayo.

 

Sintiéndose despojados de su patria, los venezolanos que realizan estos escraches intentan, quizá, marcar territorio y hacer que los ‘enchufados’ chavistas padezcan en carne propia, de alguna manera aunque a pequeña escala, esa suerte de desalojo que sufrieron ellos en su propio país.

Estos episodios son exhibidos por la diáspora en las redes como logros. Así, en la misma ciudad de Miami, la exdiputada Iroshima Jennifer Bravo acabó por cerrar tras su relanzamiento el lujoso Pure Med Spa, después de que la asociación de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio convocara una concentración a las puertas del centro de belleza.

De nada le valió que ocultara su primer nombre, escudándose en el segundo, en sus tarjetas de presentación. “Chavista montando spa con sangre derramada de venezolanos”, se leía en una de las pancartas en marzo pasado al coro de “Iroshima Bravo, vete pa’l carajo”. Una reacción airada frente a la contradicción que exhiben muchos exfuncionarios como ella, quienes hacían alarde de sus discursos anticapitalistas y en la actualidad se encuentran disfrutando de las bondades del supuesto denostado imperio.

¿El escrache es una forma de linchamiento moral frente a la impunidad, una acción que violenta la intimidad o un desahogo frente a la impotencia? Consultada por The Objective, Colette Capriles, profesora de teoría política en la Universidad Simón Bolívar, de Caracas, explica: “El propósito parece ser, en efecto, una especie de retaliación moral y de catarsis frente a años de supremacismo chavista, y de un régimen que ha construido un verdadero apartheid entre leales y ‘enemigos’. En mi opinión, se trata de actos extra-políticos, es decir, que no operan en el campo de la lucha política, sino en el de la retribución imaginaria, que más bien reproducen lo que quieren denunciar porque exhiben ese apartheid tan duramente construido”.

Capriles recuerda que los venezolanos, por primera vez en su historia moderna, se han enfrentado a la emigración masiva. “El emigrado no percibe que ha abandonado al país, sino que el país le fue arrebatado por una oligarquía política y económica. Hay un fondo emocional muy intenso que se expresa en estos fenómenos”.

 

 

Repudio a viva voz

“Este es el tipo de persona que le ha dicho al pueblo de Venezuela, que está pasando hambre, que no tiene medicinas, que está comiendo en la basura, que el socialismo es bueno, que los imperialistas están haciéndole daño al país y miren cómo vive. Es la antítesis de lo que ellos predican”, le espetaron al almirante y exedecán de Hugo Chávez, Carlos Máximo Aniasi Turchio, una veintena de venezolanos a mediados de mayo frente a la residencia de su propiedad en Winter Park, en Orlando, valorada en 347.800 dólares, la cual se suma a otra ubicada a 30 millas de distancia, en Kissimmee, comprada por 260.000 dólares, según ha reportado El Nuevo Herald.

No sólo grandes celebridades se han asentado en Florida huyendo de los paparazzi, apelando al dicho de “vive y deja vivir”. Muchos exfuncionarios y empresarios beneficiarios del chavismo han buscado allí refugio. “Las grandes distancias que separan a una ciudad de otra, y la posibilidad de vivir en residencias privadas y aisladas, permiten tener una vida casi clandestina, aunado a que las libertades económicas y las protecciones a la propiedad que ofrece Estados Unidos ofrecen condiciones ideales para la inversión”, ha señalado Tomás Páez, autor de La voz de la diáspora venezolana, a Deutsche Welle.

Tras desenfundar un móvil, los vídeos que recogen los escraches han sido difundidos en las redes sociales y han generado no poco revuelo y posiciones encontradas entre quienes los celebran y aquellos que los condenan por considerarlos un agravio o, por otro lado, perjudicial para la lucha por la libertad en Venezuela.

 

 

Como “un atropello para mi persona y mi familia, sin ni siquiera saber mi nombre ni conocer de mis actuaciones”, calificó vía Twitter la exjueza Dayva Soto la acción que escenificaron a las puertas de su casa en Weston (Florida), un grupo de inmigrantes venezolanos que le interpelaron a ella y a su esposo, Rafael Ricardo Jiménez: «¿Por qué no se van a Cuba los dos? Devuelve el dinero, te vas a tener que ir de Weston. Escucha bien: en esta vida se paga todo”.

Pese a que la identificaron como quien encarceló al excandidato presidencial Henrique Capriles y ordenó la detención de Leopoldo López, preso político que ya lleva más de tres años entre rejas, ella fue más bien quien en 2004 liberó a Capriles, según corroboró el propio líder en la red social el 13 de mayo: “En efecto, ella tuvo la valentía de darme la libertad cuando casi 40 jueces habían ruleteado el caso”. No obstante, los opositores que viven en el exilio han advertido que, en cualquier caso, su esposo fue viceministro de Seguridad Jurídica durante el mandato de Chávez.

Respeto también exigió Maripili Hernández, ex ministra de Juventud, en las calles de Barcelona el 11 de mayo, cuando un par de venezolanos le increparon: “Sin pañales, sin leche, sin comida, haciendo cola a las 3 de la mañana, ¿esa es la revolución bonita que tú pregonabas?”. El vídeo despertó suspicacias pues la dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela se encontraba junto a miembros de la oposición. El panorama se despejó cuando se reveló que participaban todos en un encuentro organizado por la ONG internacional Instituto para las Transiciones Integrales.

 

Efecto bumerán

Los incidentes se suceden casi en cadena, protagonizados curiosamente sobre todo por mujeres profundamente indignadas frente a la violenta represión que en más de dos meses de protesta continua se ha cobrado la vida de casi 70 personas, en su mayoría jóvenes ansiosos de un futuro mejor.

“Muy bonito, vivir en Bondi mientras a todos los estudiantes los están matando”, le reclamaron el 7 de mayo en Australia a Lucía, hija del alcalde oficialista Jorge Rodríguez y sobrina de la ministra de Asuntos Exteriores, Delcy Rodríguez. Los familiares de los dirigentes tampoco están a salvo.

¿El escrache es un arma efectiva o, por el contrario, contraproducente en la lucha por el restablecimiento de la democracia en Venezuela? A juicio de Colette Capriles, no es un arma ni una táctica política. “Su efecto es contraproducente en la medida en que contribuye a aumentar el clima de confrontación sin que tenga resultado político ninguno. Sobre todo, no ayuda a que las comunidades de emigrados puedan organizarse de manera más política, al margen de toda retaliación o emocionalidad, para contribuir con el cambio. Habría que añadir el efecto propagandístico que el gobierno venezolano extrae de estos episodios para mostrar a sus amigos de la izquierda internacional, frente a la que está muy devaluado, el carácter ‘fascista’ de la oposición”.

“Los intolerantes y militantes del fascismo no podrán con nuestros diplomáticos dignos”, aseguró Delcy Rodríguez, quien exigió al gobierno español respetar la integridad de sus funcionarios después de que el 11 de mayo el embajador Mario Isea denunciara estar asediado por una turba violenta que impedía su salida y la de unas cien personas del Centro de Diversidad Cultural de Venezuela en Madrid, donde se realizaba un acto organizado por el Movimiento de Solidaridad con la Revolución Bolivariana y en el que participaba una representación de Podemos, de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España.

 

 

Aludía a una manifestación autorizada de unas 200 personas  frente al lugar que gritaban “narcos”, “asesinos” y “Podemos es chavista”. El suceso devino en un incidente diplomático en el que Maduro llegó a tildar al presidente Mariano Rajoy de cobarde, declaración considerada inaceptable por parte del gobierno español. Ya Isea había sido abucheado en Oviedo y en Aranjuez, donde asistió a eventos organizados por el Partido Comunista español y Podemos.

Unos días antes a otro embajador venezolano, este de Suiza, César Osvelio Méndez, no le quedó más remedio que saludar a la cámara del móvil que le grababa y seguía sus pasos mientras recorría un supermercado en Berna. Se mostró imperturbable, por más que una mujer en alemán le tachaba insistentemente de corrupto y le criticaba que disfrutara de la buena vida cuando en Venezuela no hay qué comer.

Lo cierto es que nadie quiere ser blanco de un escrache. De allí que desde la Moncloa se pidiera a la Audiencia Nacional que le permitieran a Rajoy declarar por videoconferencia, y no presencialmente, en el caso Gürtel, macrojuicio por corrupción política que involucra al Partido Popular en una supuesta trama que se extendió de 1999 a 2005 y por la que 37 personas han sido acusadas. El temor: que “la izquierda radical y antisistema” lleve a cabo una protesta a las puertas del tribunal en San Fernando de Henares el 26 de julio.

Pero la solicitud fue denegada, por lo que el jefe de gobierno testificará en persona, aunque le concedieron la posibilidad de hacerlo en los estrados para, así, evitar la fotografía que mostraría sentado en el banquillo al primer presidente en ejercicio que comparecerá, aunque en calidad de ciudadano, en un proceso judicial.

Save

Save

Save