Justicia cierra con 132.000 peticiones el proceso de nacionalidad a sefardíes
Ciudadanos ha solicitado al Gobierno ampliar el plazo de la solicitud
El proceso abierto durante cuatro años para que los sefardíes, descendientes de los judíos expulsados de España en 1492, pudieran solicitar la nacionalidad española se ha cerrado con 132.226 peticiones, según la cifra definitiva publicada por el Ministerio de Justicia.
Este proceso es el resultado de una ley aprobada en 2015 para reparar lo que el Gobierno considera un «error histórico»: la expulsión de unos 200.000 judíos de España, según los historiadores, por parte de los Reyes Católicos en nombre de la «pureza» de sangre.
La ley permitía a los sefardíes solicitar la nacionalidad española sin necesidad de residir en España y manteniendo la propia. Se trata de un procedimiento largo y complejo, para presentar la candidatura se debe certificar el origen sefardí, a través de la autoridad rabínica local o una investigación genealógica. Además, hay que superar un examen de español en el instituto Cervantes, en el caso de que no hablen el idioma, y aprobar un test de cultura y sociedad.
El procedimiento exige a los interesados comparecer personalmente ante un notario en España, que acreditará su origen sefardí, y la Dirección General de Registros resolverá en el plazo de un año. Después el solicitante podrá realizar el acto de jura o promesa en el consulado español de su país de residencia.
Hasta el 31 de agosto se habían recibido unas 60.000 peticiones, mientras que en septiembre se han registrado 72.000, en su mayoría de países latinoamericanos.
Según la Dirección General de los Registros y del Notariado, en este último fin de semana se han contabilizado más de 11.000 solicitudes. Aunque de momento solo unos 6.000 solicitantes han obtenido la nacionalidad española, según Pedro Garrido Chamorro, director general de los registros y del notariado.
Sin embargo, Ciudadanos ha reclamado al Gobierno que amplíe el plazo. Según el partido naranja, los trámites han sido especialmente difíciles desde el punto de vista burocrático y por eso ve necesario que se prorrogue el plazo con el fin de atender «la avalancha de solicitudes» en el último mes.
Girauta, que durante varios años ha sido presidente del intergrupo parlamentario de Amistad España, ha asegurado que si Cs llega al Ejecutivo abrirán un nuevo plazo «para hacer justicia histórica con los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492”.
La gran mayoría provienen de países latinoamericanos, empezando por México (unos 20.000), Venezuela (cerca de 15.000) y Colombia (unos 14.000), según datos del gobierno español no definitivos. También hubo numerosas solicitudes desde Argentina (más de 4.000) o Israel (más de 3.000).
