La juez del caso Máster archiva gran parte de la investigación, pero mantiene imputada a Cifuentes

Política y conflictos

La juez del caso Máster archiva gran parte de la investigación, pero mantiene imputada a Cifuentes
Foto: Cristina Cifuentes

La juez del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, ha archivado la causa en relación a los delitos de prevaricación y cohecho impropio de 19 investigados, pero ha decidido continuar investigando a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y a otros cuatro imputados por el delito de falsedad documental.

La magistrada ha tomado esta decisión en un auto tres días después de que el Tribunal Supremo decidiese no investigar al líder del PP, Pablo Casado, por los delitos de prevaricación y cohecho. El Supremo no apreció indicios de delito en la presuntas irregularidades en el máster de Casado, ni de que hubiese “un acuerdo previo o simultáneo” con el responsable, Enrique Álvarez Conde. Sin embargo, sí reconoció que hay indicios de un «trato de favor» en la obtención del título.

Rodríguez-Medel archiva la causa de prevaricación y cohecho para los 19 investigados, de manera que cierra la pieza C de Casado y reduce la pieza principal únicamente al delito de falsedad. De esta forma, continuarán como investigados las personas involucradas en relación al trabajo de fin de máster que Cristina Cifuentes defiende haber realizado y presentado ante un tribunal, pese a que el acta de evaluación fue presuntamente falsificado.

Así, además de la expresidenta se mantienen como imputados el exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álvarez Conde —investigado en otro juzgado por supuesta malversación de fondos del Instituto—, dos profesoras del tribunal, Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos y la exasesora de la expresidenta regional María Teresa Feito.

Para la juez, el informe del teniente fiscal del Supremo Luis Navajas y el auto del alto tribunal «son determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento». Así, la juez entiende que la decisión sobre Casado debe aplicarse al resto de alumnos investigados y, «lógicamente», a los profesores, ya que la Sala no aprecia indicios consistentes de un regalo concertado entre alumno y profesor por no ir a clase sino, más bien, «un mero trato de favor».

Tanto el Supremo como la Fiscalía de ese tribunal mantuvieron que no existen indicios suficientes para abrir una investigación contra Casado y afirmaron que no se aportaron datos que avalen las sospechas de que el posgrado de la Universidad Rey Juan Carlos se usaba «como regalo» a alumnos «con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional».

Crítica al Supremo

Sin embargo, la juez carga contra el Supremo porque no comprende que el tribunal vea innecesario oír como investigado a Casado y requerirle para que aporte el ordenador donde tenía los trabajos acreditativos de haber realizado el máster, ni tampoco se plantee la opción de citarle como testigo para colaborar con la Justicia y esclarecer si había responsabilidad penal en el presunto cabecilla de la trama, Enrique Álvarez Conde. Puesto que las declaraciones de los alumnos no aforados que, «a diferencia de lo ocurrido con el aforado (Casado) sí fueron citados», se desprende «información ciertamente relevante».

La juez reconoce que más allá de las propias declaraciones de los alumnos, no hay ningún «elemento objetivo» que demuestre un pacto para obtener el máster. Sí que recuerda, no obstante, la declaración de la compañera de máster María Dolores Cancio, que reconoció que Álvarez Conde le regaló el título sin hacer nada. Para la Fiscalía del Tribunal y para el propio Supremo esta confesión no fue relevante.

«De otro modo, de haber entendido relevante jurídicamente la confesión de una investigada por revelar una mecánica delictiva, la pieza C a buen seguro no habría sido archivada. Habiéndolo sido, por tanto, descartemos su uso como indicio de un mismo modus operandi», señala la jueza.

En cualquier caso, hubo un «grupo de alumnos» del máster de Cifuentes que afirmó haber aprobado el título sin hacer nada. «Por pura lógica —dice la magistrada— si el propio alumno señala que nada hizo y tiene la asignatura aprobada, cabe pensar que hay un comportamiento prevaricador del profesor que le calificó«. «Sin embargo, no hay indicios suficientemente consistentes al respecto», puesto que solo existe «la sola palabra» de los alumnos.