Teresa y los jueces

Se atribuye a Oswald Spengler la sentencia de que al final es un pelotón de soldados el que salva la civilización, aunque la autoría de la expresión ha sido puesta en tela de juicio y parece que en realidad es una frase que José Antonio Primo de Rivera pone en boca o letra de Spengler, de quien era perseverante lector. En la Cárcel Modelo de Madrid, donde estaba detenido en mayo de 1936, escribió ‘Carta a los militares de España’, en la que dice: «A última hora —ha dicho Spengler—, siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización». No parece, sin embargo, que un batallón de spenglerianos haya sido capaz de encontrar la cita en la obra del filósofo alemán y hay un consenso bastante generalizado  en creer que la autoría de la frase corresponde a José Antonio y fue uno de los elementos que llevó a sus juzgadores a condenarlo a muerte por ‘rebelión militar’ el 18 de noviembre de aquel mismo año.

Siempre he creído que en España no era un pelotón de soldados el elemento salvador de la civilización, sino un pelotón de jueces. Así lo escribí dos semanas antes del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, al que los golpistas llevaron las urnas llenas ya de votos desde casa, aunque no fue un invento suyo. Pedro Sánchez lo había hecho un año antes, en el famoso Comité Federal de Puerto Hurraco.

Uno no puede estar de acuerdo con la frase de Spengler sobre el poder salvador del pelotón de soldados. No es que niegue tajantemente semejante posibilidad, es el adverbio lo que jode el dicho. No siempre. A veces es un pelotón de jueces, pensaba uno entonces, al tener noticia de que las cuatro asociaciones de jueces existentes en España habían emitido un comunicado conjunto en el que sostienen que «Una autoridad que conscientemente se rebela contra la norma constitucional que la legítima pierde el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida. La desobediencia que desprecia las normas jurídicas que protegen la disidencia, no es un acto heroico sino totalitario».

No lo podían decir más alto ni más claro las cuatro asociaciones: Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y Jueces y Juezas para la Democracia.

El 23-F y su réplica agónica puesta en escena por los hermanos Crespo Cuspinera la víspera del histórico 28 de octubre del 82, vacunaron al Ejército español de tentaciones salvadoras. Desde entonces no se ha salido de la acertada definición del maestro Umbral: ‘El Ejército, ese coloso triste’.

Hoy, el pelotón salvador de los jueces está integrado de manera muy principal por los magistrados que el sanchismo y su primer correveidile en la justicia, el ministro Félix Bolaños, tienen en el punto de mira. Como siempre ha sido. Tengo ya descrita la salvaje cacería decretada en los buenos viejos tiempos del felipismo contra el juez instructor del primer caso de financiación ilegal de un partido político, por el caso Filesa, Malesa y Time Export. Se llamaba Marino Barbero Santos.

Está loco, decían, como dicen ahora del instructor de la causa que muy probablemente va a sentar en el banquillo a Begoña Gómez Fernández, hija de Sabiniano y esposa del presidente del Gobierno. Se llama Juan Carlos Peinado García y se le reprocha haber accedido a la judicatura por el tercer turno, una martingala inventada por el PSOE que reservaba una tercera parte de las plazas disponibles para juristas de reconocida competencia con al menos seis años de ejercicio profesional. Ellos lo crearon, pero a Peinado se lo afean. Un tipo le inventó en ‘El Plural’ los dos carnés de identidad para hacer negocios, usaron como prueba de su corrupción la condición de concejal del PP en Pozuelo de su hija Patricia, hubo ministros que lo acusaron de prevaricador: el ya citado Bolaños, la portavoz, Elma Sáiz y el boquirroto Puente; el Gobierno tiene en el congelador el proyecto de ampliar la edad de jubilación de los jueces a los 75 años (actualmente está en 72) hasta que se jubile este hombre.

La última víctima del sanchismo, por ahora, es la juez Teresa Palacios Criado, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura contra quien cargan todas las baterías del sanchismo por su actitud en el caso Kitchen, al no permitir a la letrada del PSOE determinadas preguntas a los testigos Cospedal y Rajoy.

El catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo y el que fue magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, coincidieron en señalar que la actitud de la juez Palacios era un fraude procesal que en su opinión podría llevar a la anulación de la causa. Podría, pero eso no va a suceder. Cómo será el asunto de clamoroso que hasta Joaquim Bosch y Baltasar Garzón han terciado para recordar que a un testigo no se le pueden hacer preguntas incriminatorias y que lo que no está en el procedimiento no existe para el procedimiento. La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice (artículo 709) que «El presidente (o sea, la juez Palacios) no permitirá que el testigo conteste a preguntas o repreguntas capciosas, sugestivas o impertinentes».

Al PSOE le molesta la independencia del Poder Judicial y se está empleando contra ella a modo en todo el horizonte que aguarda al sistema en los juzgados. De momento, el bichito totalitario que anida en el alma (o el hueco que le hace las veces) de Pedro Sánchez, ya se ha ciscado en Montesquieu, reduciendo a la condición de secuaces a sus compañeros de Puerto Hurraco y de cómplices a los socios que le entregaron el Parlamento. Ahora se trata de convertir en rehenes a los jueces.

Ya está escrito: «Este Sánchez, todo lo que toca lo emputece». Menos lo que venía emputecido ya de casa, naturalmente.