El 90% de las investigaciones penales por las muertes en residencias han sido archivadas
Amnistía Internacional denuncia en un informe que «el cierre de las comisiones de investigación en las CCAA está provocando una impunidad casi absoluta»
El homenaje a las víctimas de coronavirus en Madrid. | Alberto Sibaja (Europa Press)
La sección española Amnistía Internacional ha hecho público este lunes la investigación que han realizado sobre la gestión de las residencias durante lo más duro de la pandemia de coronavirus. Denuncian que «el 89% de las investigaciones penales de Fiscalía han sido archivadas», lo que está «provocando una impunidad casi absoluta sobre lo sucedido».
Tras analizar la evolución de las denuncias que afectan a más de un centenar de residencias en Madrid y Cataluña, Amnistía Internacional «concluye que, hasta el momento, las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos».
Según la información de Amnistía Internacional, confirmada con el Ministerio Fiscal o con fuentes documentales de las investigaciones, entre Madrid y Barcelona se han archivado diligencias de investigación de al menos 129 casos sin llamar a familiares para testificar.
La organización considera además que «la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las circunstancias de las miles de muertes en residencias», a pesar de que «el propio Ministerio Fiscal ha reconocido que se produjo una situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las residencias».
Debido al archivo de la gran mayoría de las investigaciones, son los familiares quienes están presentando las denuncias en los tribunales, «imponiendo una carga más sobre las víctimas, cuando existe una institución, la Fiscalía, que tiene específicamente encomendada la actuación en favor de los derechos de la ciudadanía».
Además, Amnistía Internacional denuncia que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «tampoco ha realizado seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales».
También critica que se hayan cerrado «las pocas comisiones de investigación abiertas en algunos parlamentos autonómicos» que «solo han desarrollado, en el mejor de los casos, investigaciones parciales que no aseguran un conocimiento completo de los hechos».
