El Tribunal Supremo tumba el recurso del 'Pollo' Carvajal contra el Consejo de Ministros
Europa Press
La Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado este martes el recurso del exjefe de la Inteligencia militar venezolana Hugo Armando ‘El Pollo’ Carvajal contra el acuerdo del Consejo de Ministros, del 3 de marzo de 2020, por el que se aprobó su entrega a Estados Unidos, según han informado a THE OBJECTIVE fuentes jurídicas. La sentencia íntegra se conocerá en los próximos días.
El que fuera jefe militar de Hugo Chávez y Nicolás Maduro tenía dos citas claves ante la Justicia española esta semana. En la primera de ellas, el Tribunal Supremo ha abordado el fondo del recurso formulado por ‘El Pollo’ en mayo de 2020 contra la resolución gubernamental de acceder a entregarlo al país norteamericano, donde es reclamado por presuntos delitos de narcotráfico y organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista.
La defensa de Carvajal pedía que fuese declarado nulo el acuerdo de extradición adoptado por el Consejo de Ministros el 3 de marzo de 2020, alegando que el Ejecutivo de Sánchez dejó de motivar el acto y omitió pronunciarse sobre la motivación política para autorizar su entrega; ambos, según la defensa de ‘El Pollo’, imperativos por ley. También aseguró ante el Tribunal Supremo que si España procedía a su entrega sería sometido a «tortura» en Estados Unidos para «obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela». Sin embargo, los magistrados de la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo han desestimado sus alegaciones.
En su solicitud de extradición, efectuada en mayo de 2019, Estados Unidos acusa a Carvajal de haber sido miembro entre 1999 y 2019 de una organización venezolana de narcotraficantes y funcionarios, conocida como ‘El cártel de los soles’, cuyo objetivo era transportar cargamentos de droga hacia el país norteamericano en colaboración con las FARC y otros grupos dedicados al narcotráfico a gran escala. Además, Washington le acusa de haber conspirado en 2006 para enviar un cargamento de 5,6 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos, desde Venezuela a México.
Presunta financiación irregular de Podemos
La segunda cita con la Justicia de Carvajal esta semana, y quizá la más mediática, tendrá lugar mañana, miércoles. El que fuera jefe de la Inteligencia Militar venezolana con Hugo Chávez y Nicolás Maduro prestará declaración como testigo ante el juez Manuel García-Castellón sobre la presunta financiación ilegal de Podemos a través de Cuba y Venezuela.
El magistrado reabrió la semana pasada esta causa, archivada en 2016, a la luz de la documentación presuntamente aportada por ‘El Pollo’ Carvajal al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, desde su captura el pasado 9 de septiembre, sobre supuestos pagos desde esos dos países latinoamericanos a exlíderes de la formación morada.
García-Castellón le tomará declaración pese al revuelo generado por la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que el pasado jueves ordenó su extradición y, un día después, la suspendió por un error de forma -incorporar un escrito de garantías- que deberá ser subsanado en los próximos días por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se reúne el próximo viernes de forma ordinaria.
Dos años huido
Aunque su extradición fue acordada por el Consejo de Ministros en 2020, ‘El Pollo’ estuvo huido casi dos años hasta que fue detenido por el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid, en la zona de Arturo Soria.
Vivía «totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza», según informó las Policía Nacional. Cambiaba de escondite cada tres meses y recurrió a cirugía estética y a elementos de disfraz para intentar ocultarse. Tras su arresto ha sido cuando se ha ofrecido a colaborar con la Justicia, algo que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal calificó como una «maniobra dilatoria» para evitar su entrega a Estados Unidos.
