Recurren a la Justicia la promesa del Govern de amparar a los docentes que impongan el catalán
ERC prometió que el Ejecutivo ampararía a los docentes que incumplieran las sentencias del 25% del castellano en la educación
Las entidades a favor del bilingüismo en la educación catalana Convivencia Cívica Catalana (CCC) y Hablamos Español han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la decisión del Gobierno de la Generalitat de imponer el catalán en las aulas al prestar apoyo jurídico a los docentes que decidan desobedecer la sentencia del Supremo que obliga a un 25% de las materias en castellano.
Ambos organismos consideran que la decisión del Ejecutivo «fomenta el incumplimiento de las sentencias» del Supremo y de los TSJ y reclaman que se cumpla la ley. También entienden que el mismo acuerdo «ampara conductas manifiestamente ilegales y amenaza a las entidades que defienden el bilingüismo, utilizando la administración autonómica para fines particulares de ERC y lejos de la imparcialidad que se exige a la administración pública en un Estado de derecho».
Estiman las entidades que el acuerdo es «nulo de pleno derecho» porque se dicta «para incumplir una sentencia firme (se proporciona asistencia jurídica gratuita a los profesores y directores que incumplan la sentencia del TSJC en materia de lengua en la enseñanza) y se acuerda destinar dinero público para fines particulares«.
Acusan a ERC de utilizan el Govern para promover incumplimientos de sentencias
Convivencia Cívica y Hablamos Español consideran «gravísimo» que se utilice la administración de la Generalitat y sus recursos para «amenazar a las entidades que defendemos los derechos de los castellanohablantes con acciones de todo tipo» y para «pagar la defensa de aquellos que decidan incumplir sentencias firmes, siendo esto un grave ataque contra el Estado de derecho».
Por ello, solicitan al TSJC que declare la nulidad del acuerdo y advierten de que el recurso es un «paso previo» a exigir «responsabilidades penales si se destina dinero público para financiar el incumplimiento de las sentencias o coaccionar a las entidades que defendemos los derechos de los castellanohablantes en Cataluña».
La CCC acusa a ERC de usar el Gobierno «como un chiringuito»
En palabras de Ángel Escolano, presidente de CCC, «el Gobierno de la Generalitat está entrando en una espiral totalitaria cada vez más preocupante».
«Parece que se piensen que la administración autonómica es un chiringuito a su disposición del que pueden disponer para sus fines particulares y políticos obviando que, en un Estado democrático y de derecho, tienen obligación de actuar con imparcialidad y de fomentar el cumplimiento de las sentencias judiciales, no lo contrario”.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán del pasado día 4, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, anunció que el Gobierno catalán «protegerá» con todos los medios jurídicos a su alcance a los docentes y al resto de personal de los centros educativos catalanes que preserven el modelo de inmersión lingüística frente a eventuales «ataques ilegítimos».
La portavoz indicó que los servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica de la administración de la Generalitat ya estaban a disposición de estos trabajadores, pero precisó que el president, Pere Aragonès, quería «institucionalizar» su compromiso respecto a los docentes y a la escuela catalana dándole forma de acuerdo gubernamental.
