El Gobierno autoriza un gasto de 2.300 millones en el último Consejo de Ministros antes del 23-J

El Gobierno aprobó un gasto de 2.316 millones de euros en el último Consejo de Ministros realizado antes de las elecciones generales del 23 de julio, según los datos cribados por THE OBJECTIVE. La cifra es un nuevo récord y significa superar en casi 1.000 millones la media registrada en las últimas siete reuniones del Ejecutivo celebradas tras la convocatoria adelantada de los comicios el 29 de mayo. De esta manera, en solo ocho semanas se ha autorizado un desembolso público de 11.654 millones, lo que equivale al gasto mensual en pensiones durante todo el mes de junio.

Los datos recopilados por este diario indican que antes del Consejo de Ministros realizado el 18 de julio, la media de gasto aprobado de las siete reuniones celebradas desde la convocatoria de elecciones era de 1.334 millones, lo que supone un importante crecimiento del 74%, precisamente en el último encuentro del Gobierno al completo antes de los comicios que arrojará una nueva composición del Congreso de los Diputados y del Senado.

Este diario ya informó hace diez días que el Gobierno había aprobado un gasto de 8.350 millones de euros en los seis consejos de ministros celebrados desde que Pedro Sánchez anunció la convocatoria adelantada de elecciones generales el 29 de mayo. Una media de 1.391 millones por reunión que, según los expertos consultados, ya era anormalmente alto, aunque no extraño considerando la gran cantidad de gasto aprobado por este Gobierno en una deriva electoral permanente, y que ya en las anteriores elecciones municipales había autorizado importantes partidas.

Gasto en Defensa

En cuanto al número de iniciativas aprobadas en este último Consejo de Ministros antes del 23-J, nos encontramos con 69 acuerdos y 32 decretos (18 decretos y 14 reales decretos), lo que también está muy por encima de la media de los siete encuentros anteriores del Ejecutivo. Hasta esa fecha y desde la convocatoria anticipada, se había aprobado una media de 40,2 acuerdos por cada reunión y 13,4 decretos, menos de la mitad de los dictados el 18 de julio.

Esto supone que -con el Congreso cerrado y solo con la Diputación Permanente activada- se realizaron 351 acuerdos y se dictaron 126 decretos, de los 68 fueron decretos y 58 reales decretos. En relación a estos últimos, se hicieron sin validación de la Cortes y sin tener que pasar por ningún tipo de filtro institucional como sí tienen que hacerlo las leyes ordinarias.

En este último Consejo de Ministros antes de las elecciones (con 2.316 millones de gasto autorizado y 32 decretos), se aprobaron partidas como ayuda a la cooperación internacional, equipamiento para Defensa y para la Guardia Civil, garantías de gasto, contratos públicos, obras públicas, múltiples subvenciones y programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se suman a transferencias realizadas a las comunidades autónomas, la validación de acuerdos marco y la autorización para realizar decenas de concursos que se aprobaron desde el 29 de mayo.

Cooperación internacional

Uno de los mayores gastos aprobados en el Consejo de Ministros del 18 de julio fue el destinado a ayuda a la cooperación internacional. Es así como se aprobó la participación de España en la ampliación de capital de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, por valor de 302 millones de dólares (269,1 millones de euros); un regularización de atrasos para la reestructuración de la deuda argentina por valor de 47,2 millones de dólares (42,1 millones de euros); y contribuciones voluntarias a varias a organizaciones, programas y fondos internacionales por 38,9 millones.

También se destinaron importantes partidas a equipamiento de Defensa y de la Guardia Civil. Por ejemplo, la autorización a la Dirección General de la Guardia Civil de un contrato para servicios de telecomunicaciones, ciberseguridad y un servicio integral de soporte y atención al usuario por 139,5 millones; un acuerdo marco para la implantación de la red de transporte de telecomunicaciones en uso dedicado de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D) por 83,6 millones; o el acuerdo marco para el sostenimiento de las aeronaves del Ejército de Tierra en el Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros por 76,4 millones.

En contratos públicos, se autorizó al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) la concesión de subvenciones para la primera convocatoria de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal por un gasto total de 100 millones de euros. También se permitió al Govern de Cataluña y a entes de su sector público autonómico a otorgar operaciones de garantía por importe total máximo de 64 millones.

Obras públicas

En obras públicas, se autorizó el contrato de terminación de las obras de la autovía A-23 en la provincia de Huesca por 98 millones; el de la autovía del Mediterráneo, A-7 en la provincia de Alicante por 94 millones y el mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas complementarios de las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla, Córdoba-Málaga y ramal de La Sagra-Toledo, por 90,5 millones.

Finalmente y en relación a subvenciones, se aprobaron acuerdos como el que autoriza al Ministro de Industria, Comercio y Turismo a efectuar la convocatoria para la concesión de las subvenciones por la que se regulan las bases de la línea de ayudas para la compensación de los costes adicionales debidos al aumento excepcional de los precios del gas natural, por importe máximo de 450 millones de euros.

Del mismo modo, se autorizó la convocatoria de subvenciones para la financiación de acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de ámbito estatal, dirigidas a las personas trabajadoras en el año 2023, por un importe total de 128 millones de euros; y se dio el plácet al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la convocatoria de ayudas para actuaciones de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español con cargo al programa del 2 % cultural, por un importe máximo de 80 millones.