Ribera adjudica a dedo tres contratos a la misma empresa para asesorarle en los laudos

El Ministerio de Transición Ecológica, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), ha adjudicado desde febrero a julio de 2023 tres contratos negociados sin publicidad a la firma BDO con el objetivo de conseguir expertos económico financieros que apoyen a España en su causa abierta contra decenas de empresas de todo el mundo por el fin de los incentivos a las energías renovables hace ya una década.

En total, la firma BDO se ha llevado el 43% de los contratos para asesoramiento financiero en los laudos verdes en lo que llevamos de 2023. Los tres contratos conseguidos por la compañía BDO han sido por un importe superior a los 650.000 euros en solo seis meses. El primero fue de 114.000 euros y fue adjudicado el pasado 9 de febrero. Se buscó un experto económico y financiero para apoyar a España en la elaboración de un memorial de contestación a la demanda del proceso arbitral contra Eiser Infrastructure Limited y Energía Solar Luxembourg.

El segundo contrato fue adjudicado el pasado 10 de junio por un valor de 110.000 euros a cambio de «servicios de asesoramiento financiero» contra la multinacional japonesa de energía eólica y solar, Eurus Energy Holdings Corporation. Por último, el 14 de junio, el Gobierno en funciones adjudicó un último contrato por 430.000 euros destinado a contratar «peritos expertos económico‐financieros» en su proceso arbitral contra las dos empresas ya mencionadas, Eiser Infrastructure Limited y Energía Solar Luxembourg.

Las tres compañías que han conseguido los otros contratos han sido a través de una ‘UTE‘ entre varias empresas, con un importe de adjudicación de 115.000 euros, la compañía norteamericana, Quadrant Economics, que fue elegida en hasta dos ocasiones para asesorar al Ministerio por 180.000 euros, y, por último, la firma madrileña Accuracy Asesores, que recibió la adjudicación por 120.000 euros. 

En 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se aprobó una reforma legislativa que acabó con los generosos incentivos para impulsar las renovables en nuestro país y que fueron creadas durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Un escenario que provocó la reducción de la rentabilidad prevista por numerosas instalaciones renovables.

En ese momento, inversores de todo el mundo acudieron a las cortes de arbitraje internacional y denunciaron al Reino de España. «Se han presentado 52 arbitrajes en distintos tribunales, la mayoría de ellos en el Ciadi del Banco Mundial, que en total pedían reclamaciones por unos 10.000 millones de euros. Desde el Ejecutivo aseguran que «los laudos han rebajado sustancialmente las indemnizaciones reclamadas, hasta el punto de rondar el 15% sobre lo demandado (unos 1.500 millones de euros). Una proporción muy baja en la práctica habitual de los arbitrajes y que, además, sigue una tendencia descendente».

El pago o la negociación de los laudos ‘verdes’ va a ser uno de los grandes temas que tenga que afrontar el futuro ministro de Transición Ecológica. Desde el Ministerio de Ribera han defendido en más de alguna ocasión su papel para hacer frente a esta factura. «En 2019, el Gobierno promulgó el Real Decreto-ley 17/2019, que otorgó a las plantas afectadas por la reforma una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta el 31 de diciembre de 2031. Es decir, de no haber sido por esta medida la rentabilidad hubiera caído al entorno del 4,5% a partir del 1 de enero de 2020, al repercutirse los bajos tipos de interés –el BCE lo tenía al 0% desde 2016– a la fórmula de cálculo de dicha rentabilidad.

Las mismas fuentes aseguran que «la previsión era que la rentabilidad se redujese progresivamente y se consideró que blindarla en el 7,39% durante 12 años era una buena medida para resarcir a los afectados. Así, en 2032, cuando venza esta rentabilidad garantizada, todas las instalaciones afectadas, la inmensa mayoría construidas antes de 2008, estarán sobradamente amortizadas. En ese momento podrán optar por percibir la retribución regulada residual que les pueda corresponder –el plazo máximo es de 25 años– o por cobrar el precio del mercado hasta el final de su vida útil». 

Por último añaden que desde que se aprobó esta medida «se han frenado radicalmente las denuncias contra España de los inversores internacionales afectados por la reforma legislativa en las cortes de arbitraje. En la actualidad, de los 52 arbitrajes presentados, se han dictado 29 laudos, seis se han ganado, dos se han anulado, otros 19 están pendientes y tres demandantes han desistido, acogiéndose al marco el decreto mencionado».